NoticiaLa Sala de Primera Instancia lo condenó a 21 años y 7 meses de cárcel por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.Juan Carlos Abadía. Foto: Archivo particularPERIODISTA JUDICIAL11.06.2026 17:35 Actualizado: 11.06.2026 17:38
La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 21 años de prisión contra el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía por corrupción en un convenio de cooperación con la Fundación Calimío. El convenio tenía un valor de 1.072 millones de pesos.La Corte acreditó que en el trámite y la celebración del contrato se incumplieron múltiples requisitos legales y que este se firmó y ejecutó sin verificar las condiciones exigidas por la ley.De hecho, se acudió a la figura del convenio de interés público para eludir las restricciones legales y, según el alto tribunal, favorecer a terceros mediante contraprestaciones indebidas. Además, el monto superaba la menor cuantía, por lo que debía adelantarse un proceso de licitación pública.En la sentencia condenatoria de primera instancia, ratificada ahora por la Sala Penal, también se expone que no se elaboraron estudios previos serios y completos que permitieran identificar las necesidades reales de las instituciones educativas que se pretendía beneficiar.Juan Carlos Abadia durante su intervención en una audiencia. Foto:CortesíaPara la Corte, el exgobernador Abadía conocía todas estas irregularidades. “Aun así, permitió que la Secretaría de Educación acudiera a la figura especial del convenio de cooperación de que trata el Artículo 355 Superior, modalidad que utilizó como fachada para adjudicarlo sin licitación pública a la Fundación Calimío, que no cumplía el requisito de idoneidad, pues dentro de su objeto social no estaba la dotación de bibliotecas”.Esto, agrega el alto tribunal, como parte de un acuerdo delictivo en el que resultarían favorecidos José Antonio Rodríguez Molina y Luz Piedad Hurtado Cardona, “quienes, bajo la figura de la subcontratación, terminaron suministrando los textos escolares al departamento del Valle del Cauca”.Además, se demostró que la Fundación subcontrató con dos empresas la dotación de los libros y que en esos negocios se presentaron sobrecostos que derivaron en la apropiación ilegal de recursos públicos.De acuerdo con la sentencia, el 28 de febrero de 2010 la Fundación suscribió por mil millones de pesos un contrato de suministro con la empresa Ediciones Alfa y Omega, gerenciada por Hurtado Cardona. A su vez, esta compañía compró a Ediciones La Clave del Saber, empresa de su esposo, José Antonio Rodríguez, los textos que hacían parte del convenio, pese a que este los había adquirido previamente a otras editoriales por apenas 182 millones de pesos.Producto de esta cadena de negociaciones, se registraron sobrecostos por más de 817 millones de pesos, de los cuales terminaron apropiándose los representantes legales de las empresas involucradas.La decisión fue proferida por la Corte Suprema de Justicia. Foto:Cortesía“No cabe duda de que en este asunto la conducta se consumó con la apropiación ilegal de los recursos del convenio, los que se habían dejado en administración, tenencia o custodia del acusado Abadía Campo por razón de sus funciones propias de gobernador y ordenador del gasto, y en virtud de ello se apropió a favor de terceros de $817.482.400”, señala la sentencia, que fue apelada por la defensa y ratificada en segunda instancia por la Sala Penal.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
