NoticiaDicen que están impidiendo a miles de trabajadores obtener sus acreditaciones en tiempos razonables.Vigilantes. Foto: Archivo EL TIEMPOSUBEDITORA11.06.2026 15:06 Actualizado: 11.06.2026 15:06
Gremios del sector de la vigilancia como Fedeseguridad, Conasegur y Asosec se unieron para hacerle un llamado al Gobierno por las recientes decisiones que ha tomado frente a su actividad y que hoy están poniendo en riesgo cerca 400.000 empleos formales. LEA TAMBIÉN La señal de alarma notificó a los servicios de seguridad privada. Foto:Getty Images“Las actuaciones del Gobierno Nacional frente a nuestro sector configuran un patrón sistemático de deslegitimación con consecuencias reales sobre empresas y trabajadores”, alertaron.De un lado, dicen que están impidiendo a miles de trabajadores obtener sus acreditaciones en tiempos razonables. Si bien el promedio es de 391 días por trámite, resaltan que se han presentado casos de hasta 1.348 días.A ello dicen que se suman otras decisiones recientes adoptadas sin socialización previa. La primera es la calculadora salarial, una herramienta digital presentada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de la cual los trabajadores podrán consultar y simular el valor de sus salarios, recargos y prestaciones. LEA TAMBIÉN Según la Supervigilancia, la calculadora incorpora los cambios introducidos por la última reforma laboral como que la jornada nocturna comience a las 7 de la noche o los mayores recargos por trabajar los domingos y festivos.Sin embargo, para los gremios del sector esta herramienta carece de rigor y veracidad técnica pues hay preocupaciones frente a la metodología utilizada para calcular las tarifas mínimas. “Ha generado pánico injustificado entre trabajadores y empresas, extralimitándose en las funciones del ente regulador”, aseguran.Por ello, aseguran que estaría generando diferencias frente a los costos reales que deben asumir las empresas para prestar el servicio de manera formal.Raquel Garavito, presidenta de Fedeseguridad. Foto:FedeseguridadLa segunda decisión es la modificación de la estructura tarifaria, lo que según los gremios, además de carecer de los mismos requisitos de proceso, promueve en la práctica una ruptura del modelo de negocio y omite en su cálculo el impacto del nuevo lunes festivo creado por ley. LEA TAMBIÉN “El sector de la vigilancia y la seguridad privada es legal, formal y regulado. Somos 400.000 hombres y mujeres honestos que trabajan cada día, las 24 horas, en todos los rincones del país: representamos el 1,13 por ciento del PIB nacional y movilizamos 21 billones de pesos al año”, resaltaron.Y añadieron: “cuando el sector formal se debilita, el vacío lo ocupa la vigilancia ilegal, sin contratos, sin prestaciones y sin garantías para nadie. Las medidas actuales no protegen al vigilante. Lo desprotegen”. Sigue toda la información de Economía en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
