La impunidad con la que algunos criminales actúan en Barcelona se palpó el miércoles. A las diez de la mañana, en la calle de Balmes, una de las principales arterias de la ciudad, un hombre a cara descubierta, sin guantes, y delante de una comisaría de la Policía Nacional, mató a otro a tiros y escapó. Coincidió además con un despliegue inédito de casi 7.000 policías, por la visita del Papa León XIV a Cataluña. Los Mossos salieron ayer al paso de la crisis abierta por tiroteos y homicidios a punta de pistola. Son asesinatos vinculados a “estructuras de criminalidad organizada”, ha contado el intendente Toni Rodríguez, en una reunión de trabajo con la consejera del Interior, Núria Parlon, el director de la policía, Josep Lluís Trapero, y el comisario jefe, Miquel Esquius. Como solución, Interior pide que se castigue con hasta cinco años de cárcel la tenencia de armas de fuego (ahora entre uno y dos años) y con nueve años el tráfico y cultivo de marihuana (actualmente entre uno y tres).En medio año, seis personas han sido asesinadas a tiros en Cataluña. Solo dos menos que en todo 2025. Los heridos por arma de fuego también han incrementado, con 18 hasta junio, frente a los 28 de todo el año anterior. Los analistas de los Mossos dibujan cuatro perfiles que se pertrechan con armas de fuego: los pocos que las usan para cometer robos, las agrupaciones no muy sofisticadas que se dedican a un amplio abanico delictivo, la persona con un estilo de vida desestructurado que deciden armarse, y los narcotraficantes. Este último colectivo es el que más preocupa a los Mossos, que ven como batallas y conflictos del crimen organizado nacional e internacional se dirimen a tiros en las calles catalanas. Los últimos seis asesinatos se han cometido en apenas tres meses, y varios de ellos a la luz del día, en lugares concurridos. “Existe el riesgo de la consecuencia exocriminal”, advierten los Mossos: que alguien no vinculado con el conflicto resulte herido o muerto. En el caso del crimen en Balmes, decenas de personas presenciaron el asesinato, y algunas lo relataron en estado de shock. La policía atribuye parte de esos asesinatos a una guerra entre clanes balcánicos, que lleva librándose desde hace más de una década y que se ha recrudecido en los últimos meses en Cataluña. “En cualquier momento, tendremos otro muerto”, advierten fuentes policiales. A pesar de eso, el intendente Rodríguez es cauto sobre la implantación en Cataluña de estos grupos criminales: “Es progresiva, pero no constan que tengan infraestructura”. La solución para la dirección de los Mossos es legislativa: aumentar la penalidad de adquirir un arma de manera ilegal, y también de cultivar y traficar con marihuana. En el caso de las pistolas, la condena por tenencia ilícita “es de uno o dos años”, ha lamentado el director de la policía, Josep Lluís Trapero, que ha señalado que en otros países europeos, como Francia, Alemania o Italia, la pena supone de cuatro a seis años de cárcel. El deseo con el que trabajan es que en España se castigue con entre cuatro y cinco años de cárcel. Si se incrementa la pena, se pueden también solicitar más prisiones preventivas, han reflexionado. La segunda petición está vinculada a la marihuana. La consejera Parlon ha asegurado que ya han trasladado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, su voluntad de que se modifique la penalidad del cultivo y tráfico de marihuana, y se equiparo con el castigo de las drogas duras, con hasta nueve años de cárcel. “Tenemos que equipararnos a la legislación europea”, ha repetido Parlon, sobre la laxitud española, en comparación con sus vecinos. La consejera ha insistido en que ya están trabajando para influir en ese tipo de cambios legislativos. Trapero ha añadido que esa penalidad no está pensada para el consumo, sino para las grandes plantaciones. Sobre la proliferación de armas de fuego, la policía catalana señala siempre a la marihuana como el origen de su socialización en ambientes criminales. Los traficantes de marihuana las compraron para defender sus plantaciones o robar a otros, y posteriormente se popularizó tener una pistola entre el crimen organizado, pero también entre delincuentes menos sofisticados con aspiraciones de prosperar. El año pasado los Mossos contabilizaron 93 tiroteos, frente a los 64 de 2024 (inicialmente eran 69, pero se ajustó a la baja en un cotejo posterior). También contabilizaron 626 avisos vinculados a armas de fuego, aunque solo en el 28% comprobaron el uso de armas de fuego reales. Las incautaciones de pistolas bajó ligeramente (318 en 2025 frente a 402 en 2024). La cúpula de interior ha admitido este jueves la dificultad de atajar los tiroteos o los asesinatos con arma de fuego, en los que un individuo se prepara para matar a otro, en ocasiones por encargo. “No es como un plan contra la multirreincidencia”, ha insistido la consejera, sobre el poco efecto que tiene en este tipo de criminales las actuaciones policiales de prevención. Por eso, insisten, una posible solución es un endurecimiento de penas, que al menos sirva para dictar prisiones provisionales y evitar que Cataluña sea un reclamo para el crimen organizado.