La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha solicitado las comunicaciones que mantuvieron los municipios de Chiva y Utiel con el departamento de Emergencias de la Generalitat sobre la desgracia del 29 de octubre de 2024, según una resolución divulgada este jueves. A raíz de una petición de uno de los dos exaltos cargos del Ejecutivo del expresidente Carlos Mazón investigados en la causa, el exdirector general de Emergencias Emilio Argüeso, la instructora solicita las comunicaciones entre el Centro de Coordinación de Emergencias y los citados municipios la víspera de la tragedia. “Se requiere el nivel de riesgo, preemergencia o emergencia por lluvias, tormentas o fenómenos meteorológicos adversos que afectaran al término municipal o a su zona de influencia”, apunta la magistrada en alusión a la riada que, al día siguiente, dejaría 230 muertos en Valencia. La instructora también solicita a estos municipios la información del propio día de la desgracia sobre “lluvias intensas, acumulados de precipitación, riesgo hidrológico, avenidas, escorrentías, desbordamientos” y sobre la modificación del nivel de emergencia. También acepta remitir una oficio a estos ayuntamientos para que reporten cómo gestionaron la dana los días 28 y 29 de 2024. El movimiento de la jueza de produce después de la declaración en el juzgado de la alcaldesa popular de Chiva (Valencia, 18.000 habitantes), Amparo Fort. La regidora aseguró el pasado 22 de mayo ante Ruiz Tobarra que, a las 17.00 horas del 29 de octubre de 2024, comunicó a la Diputación de Valencia, que preside Vicente Mompó, del PP, la extrema situación en este municipio, donde nace el barranco del Poyo, la rambla que originó la desgracia al inundar localidades como Paiporta o Catarroja, donde la dana dejó 55 y 25 muertos, respectivamente.