El conflicto en Oriente Próximo continúa y las empresas del transporte y la logística, agrupadas en la patronal UNO, han pedido al Gobierno que prorrogue el escudo de medidas extraordinarias aprobado el pasado mes de marzo para amortiguar el incremento en los precios energéticos. El presidente del colectivo, Francisco Aranda, ha defendido en una reunión de seguimiento de la iniciativa, mantenida con el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la necesidad de una ampliación de al menos tres meses ante la expiración de las bonificaciones al combustible prevista para el próximo 30 de junio. “No parece razonable retirar los instrumentos de apoyo mientras persistan los factores que motivaron su aprobación. Las empresas necesitan certidumbre para planificar su actividad y adoptar decisiones de inversión y contratación en un contexto que sigue marcado por la volatilidad energética y la incertidumbre internacional”, ha señalado Aranda al término de la reunión. El Gobierno rebajó el IVA del combustible 21% al 10% y dejó el impuesto de hidrocarburos en el mínimo permitido, además de rebajar la factura en las gasolineras a los transportistas acogidos al gasóleo profesional, con 20 céntimos por litro hasta el citado 30 de junio. A menos de 20 días de que concluya el plazo, la situación es de alta preocupación entre los actores del transporte profesional a la vista del retraso en la aplicación efectiva de las ayudas que recoge el Real Decreto-Ley 7/2026, pendiente aún de la autorización definitiva por parte de la Comisión Europea. El trámite, ha subrayado la patronal ante el representante del Gobierno, está condicionando el pago de las bonificaciones de 20 céntimos por litro de combustible destinadas al transporte profesional. “El problema no es solo el retraso en la percepción de las ayudas, sino la falta de certidumbre sobre los plazos. Muchas empresas han tenido que recurrir a financiación externa para absorber el incremento de costes provocado por esta crisis, lo que está generando tensiones de tesorería y un mayor nivel de endeudamiento”, ha explicado Francisco Aranda. Las ayudas aprobadas en España forman parte de la planificación financiera de miles de empresas del sector del transporte profesional mientras los costes energéticos no cesan en su presión a las cuentas de resultados. “No es una situación coyuntural, sino sostenida en el tiempo, sin perspectivas de estabilización a corto plazo, lo que está presionando al alza los costes operativos del sector”, ha remarcado el presidente de UNO. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el 20 de marzo una batería de 80 medidas para paliar el impacto económico del conflicto abierto por Estados Unidos e Israel en Irán. El blindaje anti crisis ascendió a 5.000 millones de euros tras la situación de emergencia de la que alertaron muy diversos sectores ante la escalada de los precios energéticos. Desde el transporte de mercancías se puso de manifiesto que las bonificaciones al combustible se quedaban cortas, con lo que se ha mantenido durante estos meses un continuo diálogo en busca de apuntalar las ayudas.El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, está liderando el contacto con el sector de la logística y el transporte, severamente afectados por la actual crisis geopolítica. Desde UNO, en representación de empresas generadoras de un 8% del PIB español, se le ha trasladado la necesidad de seguir monitorizando la evolución de los precios de la energía, los costes del transporte, los seguros vinculados al comercio internacional y el funcionamiento de los principales corredores logísticos. El desafío es adelantarse a los riesgos y preservar la estabilidad de las cadenas de suministro. Contexto complicadoDesde el Consejo Fiscal Europeo se han expresado recelos ante la propuesta de la Comisión Europea de dar más margen presupuestario a los Estados para que puedan actuar con gasto público frente a la crisis energética. El órgano responsable de evaluar las cuentas públicas de toda la UE, cree que este paso es “muy cuestionable” ante el riesgo de una “expansión fiscal discrecional injustificada [...] y la inflación se encuentra en una trayectoria ascendente”, según señaló en un informe presentado ayer miércoles. Para el presidente del Consejo Fiscal, el holandés Pieter Hasekamp, se “envía una señal errónea” con la oferta que lanzó el Ejecutivo de la UE a los Estados de dar margen para que pudieran gastar una cantidad equivalente al 0,3% de su PIB en medidas e inversiones que ayuden a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Las críticas del Consejo Fiscal por la reacción a la crisis en Oriente Próximo también se refieren a la reacción ante el encarecimiento de los combustibles: “Las estimaciones actuales indican que alrededor de dos tercios del conjunto de medidas adoptadas no están dirigidas a un público específico, sino que, en su mayoría, reducen los precios de la energía de manera generalizada mediante la reducción de los impuestos indirectos sobre los combustibles”.