Dos días, dos decisiones legales, dos polémicas por su sustento. La campaña presidencial colombiana, sin debates entre los aspirantes y con pocas propuestas y muchas acusaciones, se empantana en polémicas legales. A 10 días de la segunda vuelta de unas presidenciales apretadas, tensas y vistas como trascendentales, esos dos procesos concentran las miradas.“Es una extorsión”, denunció el presidente Gustavo Petro sobre una de las dos decisiones. Una determinación tachada por juristas de todas las orillas de inconstitucional, mediante la cual una congresista ordenó en la mañana de este miércoles su suspensión del cargo. “Criminal”, le espetó a Gloria Arizabaleta, curiosamente parte de su coalición legislativa. Apenas 15 horas antes, en la tarde del martes, quien se quejaba era el candidato presidencial de oposición, el ultraderechista Abelardo de la Espriella: ”Cada celular, cada camiseta de la selección que usen, cada video que suban diciendo ‘Firmes por la patria’ es un grito de libertad. Cada vez que compartan a los ‘Defensores por la patria’ estarán siendo parte de este movimiento libertario”, dijo el aspirante. Se refería a la orden de un magistrado de prohibirle a él y a sus seguidores el uso de la bandera nacional, de su eslogan de campaña “firmes por la patria” e incluso del nombre del movimiento de firmas con el que está inscrito, Defensores de la Patria. La semana pasada, otra jueza le había prohibido el uso de la camiseta de la Selección de fútbol.Que la política pase por estrados judiciales no es nuevo; el término “judicialización de la política” fue acuñado por el académico norteamericano John Ferejohn en 2002. Que ocurra en un país como Colombia, uno de los punteros en abogados por habitante en todo el mundo, con 801 juristas por cada 100.000 habitantes, tampoco lo es. Ya en 2007 el jurista Rodrigo Uprimny alertaba sobre los riesgos de la judicialización de la política en el país. Pero que una congresista de manera aislada se declare con capacidad de suspender al presidente en el inicio de una investigación disciplinaria —no penal, ni siquiera judicial— muestra hasta dónde ha avanzado el fenómeno.Esa decisión, la que involucra a Petro, es la que ha generado más rechazo. Juristas de todas las orillas, e incluso congresistas de la bancada de Arizabaleta han señalado que ni ella ni la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la que pertenece, pueden suspender a un jefe de Estado. Según la Constitución, únicamente lo puede hacer el Senado tras un proceso en la Cámara. La idea es evitar crisis políticas y blindar la estabilidad del Gobierno. Pese a ello, Arizabaleta ha insistido, afirmando que el sustento de su decisión es la serie de mensajes de Petro en X en los que interviene claramente en la campaña electoral con críticas a De la Espriella, cuando en Colombia los funcionarios del Ejecutivo tienen prohibido participar en las contiendas electorales. En las semanas pasadas, se debatió si Petro ha intervenido en política e incluso varios ciudadanos y opositores lo denunciaron por ello. Él, claro, dice que no; muchos observadores señalan que sí. Pero con la decisión de Arizabaleta la discusión ha pasado a ser si un parlamentario, o incluso un juez, puede remover a un presidente de su cargo, en plena campaña y sin que medie un proceso judicial.Ese mismo debate, aunque con un juez de por medio, se repite en el caso de De la Espriella. En este caso se trata del magistrado del Tribunal de Bogotá Rafael Albeiro Chavarro Poveda, quien decidió, al iniciar el estudio de una acción de tutela, suspender lo que en la práctica equivale al grueso de la publicidad del candidato. De nuevo, se trata de una decisión tomada por una sola persona y al iniciar un proceso, no al culminarlo. Aunque la medida ha dado lugar a posiciones más encontradas sobre su justicia, afecta a un candidato en la recta final de la campaña, luego de meses de usar esos mismos símbolos sin objeción alguna, y tan solo una semana después de que su rival, Iván Cepeda, cuestionara públicamente ese uso de los símbolos patrios.Los dos procesos siguen en discusión. El penalista Fabio Humar anunció una acción de tutela contra la decisión del magistrado, en un giro rocamblesco muy colombiano, de una tutela contra otra tutela. Y, frente a Arizabaleta, tanto el presidente Petro como uno de sus más duros críticos, el exministro Luis Felipe Henao, han anunciado acciones penales contra la congresista que ordenó la suspensión. El presidente ha dicho que la congresista tomó la decisión en venganza por las negativas del Ejecutivo a exigencias suyas, por lo que habló de extorsión. Y el ahora líder empresarial directamente la denunció por prevaricato, es decir, por tomar una decisión contraria a la ley.En ambos casos, el debate jurídico enmascara que la realidad no ha cambiado: Petro continúa ejerciendo la presidencia sin restricción alguna y De la Espriella sigue usando las banderas de Colombia, los colores, el nombre de su movimiento. Pero cada decisión le suma tensión a una campaña llena de descalificaciones, denuncias de fraude de los dos lados y una polarización creciente. En ese escenario, queda la sensación de que en cualquier momento puede aparecer otro jurista creativo con una nueva determinación que tuerza el rumbo, genere un giro inesperado o, simplemente, consiga que el debate se concentre una vez más en incisos, jurisprudencias e interpretaciones de leyes, y no en los programas que De la Espriella y Cepeda proponen para mejorar las condiciones de vida de los colombianos.