El 23 de septiembre, Derimán Alemán (29 años), un interno de la prisión Las Palmas II en Gran Canaria, falleció durante su traslado al hospital en un furgón de la Guardia Civil. Su hermana Nisa relata sus últimas horas. “Llevaba tiempo diciéndome que le dolía el cuerpo, que tenía dolores en el pecho, en la espalda, en el estómago. No podía caminar, tenía los labios y las fosas nasales violetas... Pedía médicos, pero los funcionarios le decían que se aguantara”. Pasó días entre dolores hasta que fue demasiado tarde. Han transcurrido ocho meses, y Nisa Alemán mantiene su lucha en los tribunales y contra la deficiente atención médica en los centros. “Sufría de trastorno esquizoafectivo, y eso le hizo verse involucrado en delitos menores que pagó con su libertad”, recuerda. “Por eso, me tranquilizaba pensar que estaría más seguro en prisión. Pero fue precisamente allí donde perdió la vida”. Su fallecimiento le ha impulsado a reclamar cambios en la gestión de los centros penitenciarios. “Casos como el de Derimán suceden más de lo que nos imaginamos”. La autopsia preliminar apuntó a un edema agudo de pulmón, aunque la causa definitiva sigue pendiente del informe forense definitivo. El Instituto de Medicina Legal (IML) de Las Palmas ha apreciado graves incongruencias en las explicaciones del centro penitenciario, según adelantó Canarias 7 y confirmaron fuentes de la defensa. El IML detectó anotaciones realizadas cuando Derimán ya había fallecido, resultados contradictorios en un drogotest y la administración de un mismo medicamento registrada dos veces. La pregunta que vertebra el expediente es la que el propio instituto formuló al centro: si el interno se encontraba en situación clínica grave, ¿por qué fue trasladado en un furgón policial y no en una ambulancia, teniendo en cuenta que llegó al hospital con fallo respiratorio?La prisión respondió restando importancia al cuadro: afirmó que el recluso “andaba normalmente por sí mismo” y que “no se constataron signos clínicos de gravedad”. Fuentes de la defensa rechazan esa versión. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a un hombre al que varios internos tuvieron que sacar a hombros de la celda a primera hora de la mañana, que fue llevado en silla de ruedas hasta la enfermería y trasladado de nuevo en silla de ruedas hasta el furgón de la Guardia Civil. La instrucción sigue abierta. En un auto del 25 de mayo, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana ordenó al centro remitir la totalidad de las hojas de evolución médica del interno para que el IML pueda completar su informe y valorar una posible negligencia del personal sanitario y su relación causal con la muerte. Las fuentes señalan que han solicitado además las grabaciones de las llamadas del fin de semana previo al fallecimiento, los registros de los toques de timbre desde la celda e imágenes adicionales de cámara de los días anteriores.A falta de lo que dictamine la justicia, las miradas se centran en el estado de la atención sanitaria en las cárceles. “Actualmente, el 75% de las plazas de médicos en las prisiones canarias están sin cubrir”, denuncia Laura Rodríguez, miembro de la ejecutiva nacional de CC OO Prisiones. La sindicalista evita pronunciarse sobre ese caso concreto, pero apunta que la prisión de Las Palmas II, en la que falleció Alemán, es la que peores datos muestra: cuenta apenas con un médico para atender a unos 1.000 internos, y trabaja mediante teleasistencia. El caso de Derimán Alemán dista mucho de ser aislado, aunque no hay estadísticas fiables sobre estos casos. El 21 de diciembre, Simon Cajetan Adu Okole, de origen nigeriano, perdió la vida en el centro Tenerife II, según la queja presentada por la asociación Adepres al Defensor del Pueblo a partir del testimonio de una persona allegada. Este recluso también había pasado varios días quejándose de fuertes dolores. El 9 de noviembre de 2023, otro interno, Moisés Santana (41 años), falleció en Las Palmas II tras tres días lamentándose. “No solo hablamos de una población inmensa para tan pocos médicos”, completa César Souto Pérez, delegado de UGT Las Palmas y encargado del departamento de Aislamiento en Las Palmas II. “Sino que, además, presentan problemas de adicción a las drogas o de enfermedades mentales. Es decir, van a tener más incidentes médicos que una población general”, cierra. “Se produce un desmantelamiento crítico e insostenible”, denuncia Rodríguez, “que vulnera los derechos fundamentales de los internos y sobrecarga de forma alarmante a las plantillas en activo”.Nisa Alemán recuerda la falta de atención. “No atienden, no te cogen el teléfono, no te informan siquiera de si tu familiar está enfermo”, denuncia. “Hasta que aquel martes recibimos la llamada: ‘Familiares de Derimán Alemán Cuesta... Derimán ha fallecido’. Así, de la forma más fría; sin ningún tipo de preparación, sin más explicación”.Motivos“La sanidad penitenciaria en España funciona al margen de la ley”, resume Alicia Alonso Merino, abogada y miembro de la Asociación Asdepres. En 2003, se aprobó una ley que persigue “garantizar la equidad y la calidad” en el Sistema Nacional de Salud. Este texto legal dispone que las comunidades autónomas debían asumir en un plazo de 18 meses las competencias en materia de sanidad penitenciaria. Han pasado más de 23 años, y salvo en Cataluña, Navarra y el País Vasco, este mandato legal sigue sin cumplirse. “No es una anomalía técnica”, denuncia Alonso: “Es una decisión política sostenida en el tiempo por gobiernos de distinto signo, con la complicidad pasiva de las comunidades autónomas”. Este incumplimiento está en la raíz del problema. “Un médico que acaba la carrera y aprueba el MIR tiene condiciones laborales mucho mejores en el servicio de salud de su comunidad autónoma —tanto económicas como en guardias y horas de trabajo—”, recalca Souto Pérez. “El resultado es que la mitad de las plazas que se convocan cada año quedan desiertas, y los médicos que había se están jubilando”. Las consecuencias son una “crisis estructural”, según la portavoz de CC OO: la falta de médicos priva a la población reclusa de su derecho constitucional a una atención primaria digna, “lo que supone un castigo adicional”. Además, la administración obliga al personal de enfermería a asumir una sobrecarga de trabajo, modificándoles incluso sus funciones. En tercer lugar, la falta de tratamientos médicos y la desatención crónica en áreas sensibles como la salud mental incrementan drásticamente los niveles de agresividad. Por último, los médicos de prisiones se jubilan o huyen al sistema público debido a las pésimas condiciones salariales y a la sobrecarga laboral.“Las comunidades que no han asumido estas competencias están incumpliendo la ley”, critica una portavoz de Instituciones Penitenciarias. “Hay otra cuestión”, añade: “En España no hay suficientes médicos en atención primaria, y los centros penitenciarios funcionan como centros de salud de atención primaria, así que no son ajenos a esa realidad”. Por eso, “las ofertas de empleo no se cubren”. Para paliar la falta de facultativos, “la institución recurre a la contratación de interinos, a la telemedicina y a las guardias telemáticas”, argumenta.Las soluciones, según Laura Rodríguez, pasan por la integración en el Servicio Canario de la Salud (SCS), un convenio con la sanidad pública mientras esto ocurre; una carrera profesional para el personal que reconozca las especiales condiciones de la sanidad penitenciaria y abrir a los MIR la sanidad penitenciaria como especialidad.“Duele la falta de humanidad que tienen ahí con los presos”, cierra Nisa Alemán. “Existe una idea preconcebida de que la gente en prisión es mala y no es real. Lamentablemente, es más común de lo que creemos tener un familiar en prisión”. Y cierra: “Las personas privadas de libertad tienen todo el derecho a ser atendidas como cualquier ciudadano en libertad”.