La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso sanciones por más de 500 millones de pesos a empresas inmobiliarias por supuestos acuerdos ilegales para manipular precios en el pago de las rentas de locales comerciales durante la pandemia. Las compañías señaladas son Liverpool, Acosta Verde, Chedraui, Desarrolladora Mexicana de Inmuebles, Aryba, Grupo Danhos y Gicsa, así como la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y un puñado de personas físicas involucradas en la colusión. “Las empresas pueden establecer libre y unilateralmente los descuentos que están dispuestas a negociar con sus locatarios, la práctica sancionada consistió en coordinar el ofrecimiento de descuentos previamente acordados entre competidores”, refirió la CNA, por escrito.Esta investigación fue iniciada por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en octubre de 2020. El órgano antimonopolio hizo hincapié este miércoles en que las prácticas anticompetitivas en el sector inmobiliario no solo impactan en los costos de los comercios, sino también en el empleo y los precios de los bienes y servicios que estos ofrecen, afectando así al bienestar de la población en general. De acuerdo con sus cálculos, esta práctica irregular ocasionó un daño de 404 millones de pesos.La versión pública del expediente de la investigación detalla que en 2020 la Cofece recibió varios reportes sobre la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas por parte de las principales empresas inmobiliarias de México. En las denuncias recibidas por correo se expuso que varias empresas inmobiliarias habían acordado ofrecer exactamente los mismos tipos de descuentos a sus arrendatarias y bajo las mismas condiciones durante la pandemia, así como una cancelación unánime de estas facilidades en un plazo determinado.Como parte de la investigación, las firmas rechazan ante la Cofece, en ese entonces, cualquier colusión o manipulación de precios en perjuicio de sus arrendatarios. Liverpool manifestó por escrito ante la unidad investigadora mexicana que las acciones llevadas a cabo durante la pandemia se realizaron con el ánimo de brindar apoyo a los comercios y evitar que quebraran durante esa crisis. “Las discusiones que los desarrolladores en un entorno en el que los mercados no estaban funcionando como venían haciéndolo, tenían como origen analizar formas de ayudar de mejor manera a los arrendatarios”, refiere el expediente.No obstante, el órgano antimonopolio desestimó este tipo de argumentos tras considerar que las circunstancias excepcionales de la pandemia de covid-19 no justifican la comisión de prácticas ilegales ni el quebranto de la Ley Federal de Competencia. En lo que concierne a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la autoridad en competencia resolvió que fueron promotores de los acuerdos pactados por las empresas desarrolladoras sobre el monto de los descuentos máximos durante la crisis sanitaria, por lo que también se hizo acreedor a una multa. Los implicados en esta trama, tanto compañías como personas físicas, aún podrán defenderse en los tribunales especializados.