El proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocido en el debate público como Ley de Lobby, comenzó a cosechar críticas de distintos sectores que, aunque con argumentos diferentes, coinciden en advertir que el texto enviado por el Poder Ejecutivo podría generar restricciones excesivas para la participación de organizaciones sociales y actores privados en el proceso de toma de decisiones públicas.
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Mientras más de 180 organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre el riesgo de que la iniciativa se convierta en una herramienta de control y vigilancia sobre entidades que trabajan en derechos humanos, educación, salud o transparencia, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) cuestionó la asimetría de las obligaciones impuestas al sector privado y advirtió sobre la posibilidad de que se criminalicen incumplimientos meramente formales.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca otorgar un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas, cámaras empresarias, consultores, estudios profesionales, organizaciones e intermediarios ante funcionarios públicos y legisladores para promover intereses sectoriales o influir en procesos de toma de decisiones.
