Una petición expresa, para que un artículo de un proyecto de ley que está en trámite en el Congreso de la República, ad portas de recibir el último aval necesario, hizo Fasecolda, gremio de aseguradoras en Colombia, teniendo en cuenta que implicará un nuevo golpe al bolsillo de los colombianos.Además de seguros obligatorios como el Soat y otros gastos por tener un vehículo que en muchas ocasiones es un instrumento de trabajo, los ciudadanos ahora tendrían que pagar un seguro obligatorio para conductores que, en esta oportunidad, está ligada a la Responsabilidad Civil Extracontractual asociada a la licencia de conducción.Según Fasecolda, serían alrededor de 13 millones de personas las obligadas a esta nueva carga que afectará el gasto de los hogares.El proyecto de ley está en cuarto y último debate y fue radicado originalmente por Julio Elías, hermano de Bernardo Elías, mejor conocido como “Ñoño” Elías.Plenaria del Senado en el Congreso de la República. Foto: COLPRENSAFasecolda enfatiza en que comparte el propósito general de la propuesta legislativa, en la medida en que busca fortalecer la seguridad vial y reducir la siniestralidad -problema grave que persiste en el país-. Ello, mediante la creación y regulación del sistema de sanción por puntos y del sistema de licenciamiento gradual para conductores. No obstante, el artículo específico, por considerarlo inconveniente, pide que sea retirado.Dentro de los reparos que tiene el gremio de aseguradoras, con el artículo en mención está el hecho de que un seguro aplicado a la licencia de conducción iría por un camino distinto al que debería tener un aseguramiento y es que “el riesgo asegurable surge del uso del vehículo y de la actividad efectiva de conducción. Ser titular de una licencia vigente no significa, por sí solo, que una persona esté generando un riesgo real, pues puede no conducir habitualmente, no tener vehículo o no participar de manera efectiva en la circulación vial”.Desde la perspectiva de Fasecolda, existe una desalineación, cuyo efecto recae sobre la coherencia regulatoria del sistema, “rompe el nexo entre riesgo y aseguramiento y dificulta la administración eficiente del mecanismo propuesto”, señalan.