Un informe federal divulgado este martes reveló graves irregularidades en Camp East Montana, una enorme instalación de detención de inmigrantes operada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Fort Bliss, Texas. Según la investigación, la mala gestión del centro generó condiciones inseguras que contribuyeron al sufrimiento de los detenidos e incluso a varias muertes, mientras millones de dólares de fondos públicos fueron desperdiciados.La auditoría fue realizada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), un organismo independiente del Congreso encargado de supervisar el uso de recursos federales. El informe señala que tres detenidos murieron en poco más de seis meses en el complejo, considerado actualmente el centro de detención migratoria más grande de Estados Unidos.Uno de los casos más graves involucra a un migrante cubano de 55 años que falleció en enero después de ser inmovilizado por guardias. Según el informe, parte de la evidencia vinculada a esa muerte fue "destruida o desapareció", lo que dificultó la investigación.Construcción apresurada y controles insuficientesLa auditoría concluyó que ICE aceleró la apertura del centro en agosto de 2025 antes de que las obras estuvieran completamente terminadas. Además, no realizó las inspecciones ni los controles requeridos para garantizar condiciones sanitarias adecuadas y atención médica suficiente para los detenidos.La administración Trump impulsó la construcción del complejo para ampliar rápidamente la capacidad de detención migratoria. Para acelerar el proceso, el contrato fue canalizado a través del Ejército estadounidense, que terminó adjudicando una obra de 1.300 millones de dólares a Acquisition Logistics, una empresa sin experiencia previa en la operación de centros de detención.Según el informe, la falta de planificación provocó importantes pérdidas económicas. El Ejército llegó a gastar hasta 11,5 millones de dólares en seguridad, servicios médicos, transporte y alimentación antes de que hubiera detenidos en el lugar.Las agencias federales también continuaron pagando comidas para una capacidad máxima de 5.000 personas incluso cuando la población real rondaba los 1.600 detenidos.Problemas de seguridad y saludLa auditoría describe múltiples deficiencias en materia de seguridad. Cuando abrió sus puertas, el centro carecía de cámaras en parte de su perímetro y presentaba zonas sin vigilancia que aumentaban el riesgo de fugas o agresiones sexuales.El informe también revela que un detenido logró escapar en octubre debido a fallas de supervisión del contratista. Meses después, un guardia perdió dentro del complejo un arma cargada que nunca fue recuperada.En materia sanitaria, la empresa encargada de operar el centro reemplazó los exámenes médicos para detectar tuberculosis por simples cuestionarios. Como consecuencia, una persona infectada fue alojada junto al resto de los detenidos y posteriormente se produjo un brote de la enfermedad.La auditoría señala además que muchos migrantes con enfermedades crónicas no recibieron evaluaciones médicas completas y fueron atendidos de manera deficiente.Condiciones deficientes para los detenidosLos problemas también afectaron las condiciones cotidianas dentro del complejo. Los dormitorios eran limpiados una vez por semana en lugar de todos los días, como exigían las normas. Algunos guardias incluso ofrecían galletas a los detenidos a cambio de que limpiaran sus propias habitaciones.Además, durante semanas no hubo biblioteca jurídica, espacios para reuniones con abogados ni áreas adecuadas para recibir visitas de familiares y amigos.Las instalaciones tampoco estaban preparadas para personas con discapacidad. El centro carecía de duchas adaptadas y de infraestructura adecuada para usuarios de sillas de ruedas.Muertes bajo investigaciónEl informe dedica especial atención a dos fallecimientos ocurridos en enero.Además del caso del ciudadano cubano Geraldo Lunas Campos, la auditoría documenta el suicidio del nicaragüense Víctor Manuel Díaz, de 36 años.Según la investigación, el personal lo alojó en una sala médica común en lugar de una celda diseñada para prevenir suicidios y lo dejó sin supervisión durante períodos superiores a los permitidos. Los empleados tampoco podían observar correctamente el interior de la habitación porque el contratista nunca instaló paneles de visión que habían sido solicitados meses antes.La investigación sobre la muerte de Lunas Campos permanece suspendida mientras el FBI desarrolla una pesquisa penal.Tras la publicación del informe, el senador demócrata Dick Durbin calificó los hallazgos como "devastadores" y sostuvo que las condiciones de detención descritas "conmocionan la conciencia".Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional informó que ICE ya reemplazó a la empresa responsable de operar el centro y aseguró que el nuevo contratista permitirá mejorar la atención médica y cumplir con estándares de detención más exigentes.Con información de AP.