AnálisisAsí lo busca la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico. La medida no tiene sustento jurídico. Presidente Gustavo Petro en el Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: Gustavo PetroSUBEDITOR DE POLÍTICA10.06.2026 11:12 Actualizado: 10.06.2026 11:33
Que un representante a la Cámara, miembro de la Comisión de Acusaciones, pretenda suspender a un presidente de su cargo, yendo en contravía de lo establecido en la Constitución y, directamente, en contra de la voluntad popular de los millones de colombianos que votaron por él, es sumamente inconveniente para la democracia.La decisión de la representante del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, presidenta de la célula legislativa, ha sido vista como un globo jurídico, pero, a su vez, como una jugada electoral de cara a la segunda vuelta presidencial, pues el presidente Gustavo Petro ha hecho campaña abierta por Iván Cepeda, a pesar de que la ley le prohíbe expresamente al jefe de Estado participar en política.Gloria Arizabaleta es la presidenta de la Comisión de Acusaciones. Foto:Prensa Gloria Arizabaleta"La suspensión provisional es una medida cautelar que el funcionario instructor puede adoptar durante la investigación por faltas graves o gravísimas", se lee en el auto de Arizabaleta, pero este carece de sustento legal, según todos los expertos consultados por este diario. Desde el mismo Gobierno también fue rechazado.Y es que la propia Constitución deja claro que solo el Senado de la República puede suspender al jefe de Estado, luego de un proceso que debe iniciarse en la Comisión de Acusaciones, juez natural del mandatario.Gloria Arizabaleta fue elegida como la nueva presidenta de la Comisión de Acusación. Foto:Prensa Gloria Arizabaleta"La decisión contraría expresamente la Constitución Política, que en los artículos 175 y 194 establece que la suspensión en el ejercicio del cargo de presidente solo puede ser decretada por el Senado. El uso de la facultad de suspensión provisional, establecida en la Ley 1952 de 2019, debe interpretarse armónicamente con la Constitución, por lo que no era viable acudir a esta figura", aseveró el abogado constitucionalista Enan Arrieta.Incluso, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, recalcó que es la misma Arizabaleta quien expide el auto y no la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo que deja en evidencia una falla jurídica más de este globo."De hecho, no es la Comisión de Acusaciones de la Cámara la que expide el auto; es la representante investigadora, cuyo proyecto debe ser aprobado o rechazado por la Comisión y, de ser aprobado, la plenaria de la Cámara remite el caso al Senado, que es quien puede suspender", aseveró el jefe de la cartera.Mientras tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien fue congresista durante más de 20 años, señaló que "en derecho no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente. Por lo tanto, la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos por la voluntad de una sola representante".Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:PresidenciaEl auto, según el abogado y profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, Sergio Morales, no existe."Mi posición es que este auto no es simplemente nulo, sino inexistente. Es menos que nulo. No tiene siquiera presunción de validez porque fue proferido por una autoridad que carece por completo de competencia para adoptarlo. Estamos ante una vía de hecho, no ante un acto jurídico susceptible de debate sobre su legalidad", aseveró el académico.Los cálculos políticos detrás de la movida de Gloria Arizabaleta Bajo la lógica de que esta jugada no tiene ningún sustento jurídico, no queda más camino que el electoral.Por un lado, hay quienes argumentan que Arizabaleta, quien es del Pacto Histórico, estaría moviéndose para favorecer la campaña de Iván Cepeda. Pero fuentes del partido señalan que ella está distanciada y que tendría como objetivo perjudicar el proyecto político.Presidenta de la Comisión de Acusaciones ordena suspender del cargo al presidente Petro Foto:Archivo particular.Petro ha alimentado durante los últimos tres años una narrativa de golpe blando y de un supuesto bloqueo en el Congreso, la cual carece de sustento, pues las reformas sí han sido aprobadas: dos de las tres grandes iniciativas. Y tras esta movida de Arizabaleta, desde el Pacto y desde la campaña de Iván Cepeda han alimentado esa narrativa."Que un representante pueda suspender al presidente de la República constituye una grave extralimitación de funciones y un abierto desafío al orden constitucional. Ningún investigador individual puede atribuirse competencias que la Carta Política reservó expresamente a otras instancias del Estado", aseveró en X el representante Gabriel Becerra, uno de los hombres clave de la campaña de Cepeda.Pero Becerra, en su publicación, no menciona que quien está detrás de la suspensión hace parte de su partido político y deja abierta la puerta a que se trate de una decisión de cualquier otro congresista.Y, de hecho, así lo han advertido los analistas. "El mundo debe saber que cuando el presidente Petro hable del supuesto intento de suspenderlo, esa iniciativa ha venido de una congresista de su propia bancada y no ha sido votada por el Senado, que es el único que puede suspender al presidente. Es una clara maniobra de campaña", advirtió Fernando Posada, columnista de este diario.El presidente Gustavo Petro muestra su voto en la pasada jornada electoral. Foto:Milton Díaz. EL TIEMPO"Además de ser una medida sin fundamento jurídico claro, la suspensión del presidente tiene un efecto (¿y una intención?) política incalculable. Le da todo el espacio para argumentar persecución política y bloqueo institucional. Gasolina para la campaña", mencionó, por su parte, el analista Gabriel Cifuentes, también columnista de este diario.Pero, más allá del globo jurídico y de la discusión electoral, donde está por verse a quién beneficia —pues perfectamente podría alejar a ese voto de centro que hoy busca Cepeda para remontar en segunda vuelta—, esta jugadita de la representante del Pacto Histórico prende las alarmas para la institucionalidad y para la democracia de nuestro país.Es una puerta sumamente peligrosa que dejaría a Colombia, considerada una de las democracias más sólidas de la región, al nivel de países con crisis institucionales como Perú o Bolivia. Ese poder en manos de un solo congresista, que no tiene ni el 1 por ciento del respaldo popular de un jefe de Estado, podría llevar a una inviabilidad institucional que, por fortuna, no está prevista en la Constitución Política de 1991."Es exótico, si se quiere extraño, pero además, desde la perspectiva jurídica, abiertamente irregular, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico no prevé la posibilidad de que una congresista, de manera unilateral, pueda suspender al presidente de la República. Perdonen la expresión, hermanos del Perú, país que tanto respetamos desde toda perspectiva, pero quedaríamos, bajo ese escenario, expuestos a tener continuamente presidentes que puedan ser suspendidos por causas importantes o por causas menores", advirtió Hernando Herrera, analista y director de la Corporación Excelencia en la Justicia.Están por verse, entonces, los alcances de esta jugada y sus efectos en la campaña, que ya venía sumamente polarizada. Esto podría convertirse en otro factor que contribuya a enrarecer el ambiente de unos comicios en los que el jefe de Estado ha intervenido y en los que hoy no reconoce los resultados de la primera vuelta, algo que también representa un riesgo para la democracia. MATEO GARCÍASubeditor de PolíticaVea el análisis completo de esta noticiaSupuesta suspensión a Petro. Foto: Sigue toda la información de Política en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
