La disputa administrativa y judicial entre la Provincia y la Casa Rosada por el control y el financiamiento del Corredor Belgrano sumó un capítulo de altísima tensión política local. El gobernador Juan Pablo Valdés y el director del Distrito Corrientes de Vialidad Nacional, David Moulín, protagonizaron este miércoles un feroz cruce de declaraciones en torno a la jurisdicción de la avenida 3 de Abril, el eje urbano que absorbe el tránsito pesado e internacional que desciende del puente interprovincial.
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La mecha la encendió el propio funcionario nacional al intentar desestimar el reclamo de la Provincia, que recientemente presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal tras constatar que el nuevo pliego de concesión de peajes de la Nación excluyó deliberadamente el tramo que atraviesa la capital correntina.
Al anunciar formalmente que las obras de la Autovía de la Ruta 12 se reiniciarán con fuerza el próximo 1 de julio, Moulín aprovechó para fijar la postura jurídica de la administración federal.
"El Corredor Belgrano es jurisdicción del Gobierno de la Provincia de Corrientes, que por un acuerdo posterior se lo cede a la Municipalidad, pero nunca fue jurisdicción del Gobierno nacional", disparó el jefe del distrito local de Vialidad, argumentando razones de índole histórica para desligar a la Nación de los costos de reparación del asfalto urbano.
