El Reino de España ha rechazado llegar a un nuevo acuerdo con varios acreedores por el recorte de las primas por invertir en energías renovables, representados por fondos oportunistas que compraron los derechos de cobro de los pleitos internacionales. Según han informado fuentes cercanas a los inversores, el Gobierno ha declinado poner una fianza ante la justicia estadounidense que garantice el abono de parte de las indemnizaciones reconocidas en casi una treintena de laudos arbitrales, lo que implicaría la paralización de los procesos de embargo de bienes españoles iniciado por los demandantes en el país norteamericano. En el foco se encuentran pagos relacionados con la participación de la Selección española de Fútbol en el Mundial o uno de los mayores contratos firmado por el Ministerio de Defensa, que comprometería la adquisición de cuatro sistemas antiaéreos Patriot, valorado en 1.440 millones de euros.Los acreedores, bajo la representación del abogado Matthew McGill, del despacho King & Spalding, propusieron al Ejecutivo replicar la actuación llevada a cabo en Bélgica, donde la representación legal española solicitó poder consignar 250 millones de euros para evitar que la deuda por el impago de las compensaciones siguiera creciendo. La justicia belga tenía bloqueado, a petición de los acreedores cuya estrategia está siendo liderada en su mayoría por el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, cerca de 840 millones de euros de la empresa pública Enaire. En concreto, la retención pesaba sobre las transferencias mensuales que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), con sede en la capital belga, realiza al gestor de navegación área por la recaudación de tasas de ruta y terminales. No obstante, el Gobierno ha considerado que, por el momento, no es necesario realizar movimientos similares o entablar negociaciones para frenar las medidas emprendidas por los demandantes en Estados Unidos, según han informado fuentes próximas al fondo inversor. Los acreedores lograron registrar siete laudos por el importe total de 632 millones de euros (más intereses) en los tribunales federales de Columbia, donde se ha iniciado la localización de bienes comerciales y activos españoles en ese territorio que puedan ser susceptibles de embargo. Este mismo tribunal dio luz verde en abril a extender la petición de bloqueo por todo el país, lo que ha hecho que los demandantes hayan registrado uno de esos siete laudos ―el relativo a Watkins Holdings, a quien se le reconoció el derecho de ser indemnizado con 77 millones de euros― hasta en 10 estados de EE UU, coincidiendo con la posible presencia de la Selección en dichos territorios para disputar partidos si pasa de la fase de grupos.Ante la postura española, fuentes cercanas a los acreedores advierten de que continuarán ejerciendo “los derechos que les otorgan los laudos arbitrales y las sentencias judiciales obtenidas en múltiples jurisdicciones internacionales”. Dicho en otras palabras, mantendrán su estrategia de presión de solicitar la ejecución de los fallos de arbitraje para lograr el cobro de las indemnizaciones y, mientras se resuelven los procedimientos, instar al embargo de bienes extranjeros. “El precedente belga demuestra que existen mecanismos para reducir el conflicto y avanzar hacia resultados constructivos”, añadieron.Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica señalaron, tras conocer la ampliación del perímetro de rastreo de bienes de los acreedores, que esa actuación es meramente “formal” y la tacharon de intento de “generar ruido mediático”. En esta línea, puntualizaron que “no afecta a la operativa de España y menos aún de la Federación española de Fútbol, a través de la selección española, al ser una entidad independiente del Estado”.Las demandas por el recorte de las primas de las renovables persiguen al Reino de España desde hace más de 15 años. La crisis económica y el aumento del déficit tarifario con las eléctricas llevaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a tomar una primera medida e introducir en 2010 un primer recorte a estos incentivos, especialmente en el ámbito de la fotovoltaicas. Sobre esa base se presentó en 2011 la primera demanda contra España ante la cámara de arbitraje de la ONU. Pero el rediseño del sistema retributivo, bajo la reforma eléctrica acometida en 2013 durante el mandato de Mariano Rajoy, afectó de lleno a proyectos renovables ya construidos y financiados con el esquema anterior.Muchos de los inversores consideraron que las reglas de juego fueron alteradas por completo y reclamaron en avalancha en distintos foros internacionales, siendo el principal el Ciadi. En total se presentaron 51 demandas, de las cuales 27 se han resuelto a favor de los inversores y 18 han sido favorables a España. De los más de 10.000 millones de euros que se reclamaron inicialmente, las cortes de arbitraje han reconocido indemnizaciones por un valor total de 1.800 millones, que ascienden a 2.300 millones si suman intereses legales y de demora.