El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paraliza el derribo -ya en marcha- del restaurante Baobab, en el barrio de Lavapiés, después de estimar las medidas cautelares que pidió el grupo socialista contra la resolución de la Comunidad de Madrid que había levantado la suspensión previa de las obras. El tribunal considera que, si los trabajos siguen, podría darse un daño irreversible en los inmuebles, situados en el 1 y 3 de la calle de Cabestreros y donde se prevé construir un hotel cápsula con 288 camas. El pasado 22 de mayo, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la región levantó la suspensión cautelar de la construcción, impuesta en enero tras una primera denuncia del PSOE, al no detectar valor cultural que sea objeto de protección en el inmueble. Con el auto del TSJM, las obras quedan en stand by hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo presentado contra esa resolución de Patrimonio. Por su parte, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que la decisión del TSJM se respeta. “Fuimos los primeros que, cuando se plantearon dudas, dimos traslado a la Dirección de Patrimonio”, ha dicho.El tribunal considera que existe una situación de especial urgencia porque los trabajos ya estaban en marcha y podrían avanzar hasta hacer inútil cualquier futura sentencia. “Una vez consumado el derribo, la sentencia estimatoria no podrá restituir los valores históricos, arquitectónicos, documentales y ambientales perdidos”, señala el auto.La resolución judicial suspende de forma inmediata la decisión adoptada en mayo por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, que había levantado la protección cautelar que pesaba sobre los inmuebles y autorizado la continuación de las obras. Los magistrados concluyen que, si la demolición continúa, el objeto mismo del recurso perdería sentido antes de que pudiera resolverse el litigio.La Sala aprecia además un posible perjuicio irreparable por tratarse de inmuebles situados dentro del ámbito protegido del Bien de Interés Cultural (BIC) del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid y de la Zona Arqueológica del Recinto Histórico. Frente al interés económico derivado de la licencia urbanística, el tribunal entiende que debe prevalecer el interés general de preservar el patrimonio histórico.El conflicto sobre estos inmuebles comenzó a principios de año. El 13 de enero, el Ayuntamiento de Madrid suspendió cautelarmente el derribo después de que el Grupo Municipal Socialista presentara una denuncia ante la Fiscalía por un posible daño al patrimonio madrileño. Los edificios, situados junto a la plaza Nelson Mandela, albergaron durante dos décadas el restaurante senegalés Baobab, que cerró en 2020 tras la finalización de su contrato de alquiler.Los inmuebles fueron adquiridos por el promotor Javier González Herráez con el objetivo de desarrollar un hotel cápsula de 288 plazas que sería gestionado por la empresa SmartRental. El proyecto, que contempla habitaciones en cubículos, espacios comunes, restaurante, patio interior y una terraza con spa y piscina, contaba con licencia municipal y con un dictamen favorable de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico emitido en 2020.La suspensión acordada inicialmente quedó supeditada a la valoración de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Hace un mes, este organismo concluyó que los inmuebles carecían de valores culturales que justificaran su protección y acordó levantar la paralización cautelar, permitiendo reanudar las obras de demolición.El Grupo Municipal Socialista recurrió entonces la resolución autonómica al considerar que los edificios podrían formar parte del caserío tradicional madrileño y presentar valores históricos y arquitectónicos relevantes. El recurso se apoya en un informe pericial elaborado por especialistas en arquitectura y patrimonio que sostiene que ambos inmuebles podrían corresponder, “con altísima probabilidad”, a construcciones originales de los siglos XVI o XVII.Según ese informe, los edificios aparecen documentados desde el Plano de Teixeira de 1656 y conservan elementos característicos de la arquitectura histórica madrileña. El documento cuestiona además los argumentos utilizados por la Comunidad de Madrid para descartar su protección.Para la portavoz socialista, Reyes Maroto, la decisión judicial evita “la demolición de un edificio que forma parte del tejido histórico tradicional de Lavapiés y cuya desaparición habría supuesto un daño irreversible para el patrimonio cultural madrileño”.La resolución del TSJM no entra todavía en el fondo del conflicto ni decide de manera definitiva si los edificios deben conservarse. La medida tiene carácter cautelar y busca preservar la situación actual mientras continúa el procedimiento judicial. Ahora, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el titular de la licencia disponen de tres días para presentar alegaciones sobre el mantenimiento, modificación o levantamiento de la suspensión.De momento, la justicia ha puesto freno a las excavadoras. Y Lavapiés conserva, al menos por ahora, el edificio cuya historia seguirá discutiéndose en los tribunales.