Por primera vez en al menos dos décadas, una auditoría externa ha calificado de negativa o “desfavorable” la situación de los estados financieros del ISSSTE, la institución de seguridad social que cubre a los trabajadores gubernamentales. El despacho Mazars, designado por la Secretaría de Buen Gobierno para llevar a cabo la auditoría del ejercicio 2025, señala problemas que van desde el mal registro de bienes muebles e inmuebles hasta reasignaciones millonarias de dinero sin autorización, pasando por subestimaciones de pérdidas por créditos incobrables y un exceso de contrataciones por adjudicación directa, de acuerdo con el dictamen, al que ha accedido EL PAÍS. Varios de los problemas identificados por el auditor externo contravienen normas legales y datan de varios años atrás. Es decir, no corresponden solo a la actual administración del ISSSTE, encabezada por Martí Batres desde octubre de 2024. Este diario ha solicitado a la institución su posición sobre las conclusiones de la auditoría. Su respuesta llegó hasta después de la publicación de esta nota. En ella, refiere que las observaciones del auditor obedecen “principalmente a diferencias de criterio técnico y rezagos administrativos superables”. “No se identificó pérdida material de recursos ni riesgo de liquidez. Las salvedades están en proceso de resolución y ninguna representa riesgo de pérdida financiera material. La administración actual ha actuado con diligencia y transparencia”, ha asegurado.Las entidades paraestatales que generan recursos propios, como el ISSSTE, deben someterse a una auditoría externa anual de sus estados financieros. La semana pasada hubo una controversia porque otra aseguradora social, el IMSS-Bienestar, fue auditada por un despacho externo que decidió abstenerse de emitir una opinión sobre su situación financiera, es decir, no fue capaz de verificar su situación financiera. Los dictámenes negativos indican que los registros financieros de una institución contienen errores graves u omisiones, o no cumplen con las reglas contables, por lo que no reflejan su situación real. Esto apunta directamente a la manera en que la institución administra los recursos y la trazabilidad de los movimientos.El ISSSTE ha estado en el centro del debate en días recientes, en el marco de las protestas del sindicato magisterial, CNTE, el segundo más numeroso del país. El gremio de maestros exige al Gobierno de Claudia Sheinbaum un cambio en el sistema de pensiones que pasa por echar atrás una reforma a la Ley del ISSSTE de 2007. Antes de la enmienda, que privatizó el sistema de pensiones, los trabajadores del Estado podían jubilarse con el último sueldo que percibían al dejar de trabajar. El Gobierno ha rechazado la exigencia del sindicato magisterial, ante la enorme carga fiscal que significaría para el país volver al modelo anterior. El informe de Mazars viene a arrojar luz sobre las finanzas de la institución.EL PAÍS ha consultado a dos contadores independientes para revisar el detalle de las conclusiones del auditor externo. Los especialistas hacen un apunte sobre el escaso tiempo que tuvo Mazars para revisar los estados financieros de una institución tan compleja como el ISSSTE, una aseguradora que administra pensiones, servicios médicos y otras prestaciones sociales. El despacho fue seleccionado en febrero de este año; en marzo entregó un primer reporte parcial a la Secretaría de Buen Gobierno, y en mayo el dictamen completo. En su respuesta a este diario, el ISSSTE señala que la evaluación de Mazars se vio afectada “de manera significativa” por las limitaciones de tiempo. “Una auditoría de esta naturaleza generalmente se desarrolla en un periodo de cuatro a cinco meses, mientras que en el presente ejercicio se llevó a cabo en menos de dos meses”, afirma. “Los tiempos disponibles para la atención y la revisión de la información fueron limitados. Asimismo, al no haberse realizado una auditoría previa, no se identificaron hallazgos preliminares y no hubo oportunidad de presentar las aclaraciones pertinentes, antes de la emisión del informe del auditor”, agrega.Los expertos consultados, que han pedido reservar sus nombres, coinciden en que el señalamiento más grave de la auditoría es el que refiere a una sospechosa rectificación millonaria en las estimaciones contables de ejercicios pasados. El dictamen menciona 20 pólizas por diversos movimientos realizados durante el ejercicio 2025 por un importe de 11.094 millones de pesos, que fueron registrados en el rubro Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores. De acuerdo con el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) de la Secretaría de Hacienda, en esa partida se deben inscribir las omisiones o inexactitudes en los estados financieros derivadas de errores aritméticos, malas interpretaciones o la no aplicación de la política contable. El señalamiento de Mazars supone que el ISSSTE buscó subsanar en 2025 omisiones u errores en los estados financieros de años anteriores. Al margen de por qué en un inicio se registraron erróneamente sumas millonarias en las cuentas pasadas de la institución, Mazars advierte de que las rectificaciones hechas en 2025 no fueron revisadas, analizadas y autorizadas por la Comisión de Vigilancia, la instancia jerárquica con las atribuciones para que se lleven a cabo esos movimientos. El auditor dice que solo pudo “verificar la integración de los importes reconocidos”, pero advierte de que “se incumplió la parte normativa de su autorización”. Sobre este punto, el ISSSTE indica que las rectificaciones obedecen a que la subdirección de Otorgamiento de Crédito reportó la información “de manera extemporánea”. Respecto a qué área o persona es responsable de las rectificaciones sin autorización, aclara que la subdirección de Contaduría es la que “integra el registro contable”. La institución precisa que “no existe alguna normatividad que señale que este tipo de registros deban ser autorizados por algún órgano jerárquico en particular”, no obstante que el estatuto orgánico del ISSSTE refiere que los estados financieros, sobre los que se han hecho las rectificaciones, deben ser aprobados por la Junta de Gobierno.Pérdidas y obras inconclusasOtro señalamiento de la auditoría externa es que el ISSSTE no contabilizó en 2025 el monto de los préstamos personales que potencialmente no podrá recuperar y que eventualmente pasarán a ser pérdidas. El informe detalla que los estados financieros registran un importe de 4.042 millones de pesos en créditos personales prescritos. Sin embargo, dice Mazars, el instituto debió incluir también una estimación de los créditos “con indicios de incobrabilidad” (que tienen una antigüedad de uno a 10 años, momento en que se dan por prescritos). El despacho dice que, a diciembre de 2025, los préstamos sin movimiento ascendían a 8.904 millones de pesos, sin que hayan sido considerados en el rubro Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes. El Conac ordena el registro de dicha estimación al momento de existir indicios de incobrabilidad. Mazars dice que esto impidió verificar el importe recuperable de los préstamos personales incluidos dentro de los activos circulantes. El ISSSTE defiende que, conforme al marco normativo, “las cuentas por cobrar susceptibles de estimación deben reunir la característica de tener imposibilidad práctica de cobro y no solo indicios de incobrabilidad”.El auditor externo refiere también un problema en el rubro de los estados financieros llamado Construcciones en Proceso de Bienes Propios. Allí, el ISSSTE reporta valores por 17.513 millones de pesos. No obstante, dice Mazars, casi todo ese monto (15.902 millones de pesos) corresponde a obras iniciadas entre 2013 y 2024 y que siguen en proceso. El auditor indica que la subdirección de Obras y Contrataciones no ha determinado, de ese universo, qué construcciones están concluidas, a fin de traspasarlas como saldo a la cuenta de activos, capitalizarlas y calcular su amortización. Este periódico preguntó al ISSSTE qué obras siguen en proceso desde hace 13 años y cuál es la razón del atraso en su conclusión. La institución enlista en su respuesta seis hospitales y clínicas inconclusos en Chiapas, Nayarit, Zacatecas, Estado de México, Sinaloa y Ciudad de México, que derivan de contratos de obra civil, instalaciones electromecánicas, ampliaciones y remodelaciones. El ISSSTE precisa que no se han terminado “debido a problemáticas con su cierre administrativo”, o bien, por “procesos legales vigentes”. Mazars advierte en su dictamen de que su personal no verificó físicamente las obras, aunque no explica por qué, y dice que por ello no pudo validar si el avance financiero consignado en los registros contables corresponde con el avance físico y características de las construcciones. La institución afirma que el auditor “en ningún momento” le solicitó acceso.Otro problema documentado en la auditoría refiere a un desfase en el inventario de bienes muebles del ISSSTE, que los estados financieros a diciembre de 2025 tasan en 30.546 millones de pesos. Sin embargo, la cifra no corresponde con el Sicobim, el registro que lleva la subdirección de Recursos Materiales y Servicios del ISSSTE, con un importe de 27.136 millones de pesos. La institución refirió al auditor que la diferencia obedece a que, por un lado, hay bienes a los que no se les ha asignado un número de inventario, y, por el otro, a una discrepancia en el registro del impuesto del IVA entre el Sicobim y el Sistema Contable (en el primero se debe anotar el valor del inmueble sin IVA, y en el segundo, con IVA).Mazars también observó la falta de conciliación de movimientos de las cuentas bancarias del ISSSTE (entre cargos y saldo a favor) con más de un año de antigüedad, algo que los contadores consultados consideran como un foco de atención, pues lo óptimo, afirman, es que las conciliaciones se hagan en un plazo de tres meses. La institución aclara que tiene un avance del 94% en la conciliación, y el restante se está atendiendo.Finalmente, el auditor reporta inconsistencias en los registros de contratos públicos y sus montos. Por ejemplo, hay una diferencia entre la cantidad de contratos reportados en los dos registros gubernamentales que guían el gasto público (Formato 7 y Formato 8); se incluyen conceptos que no describen los bienes o servicios prestados, datos que no corresponden al nombre de un proveedor, descripciones que no corresponden a un número de contrato… Lo más serio en este aspecto es el hecho de que el ISSSTE superó el límite de 30% del presupuesto que tiene permitido gastar en contrataciones por adjudicación directa, es decir, sin licitación y sin revisar varias opciones de compra para elegir la más conveniente. Esta práctica ha sido a menudo utilizada como una ventana para el uso de recursos públicos en casos de corrupción entre Gobierno y proveedores.