Dejar la tecnología del sistema de identificación nacional del país en manos de una empresa estadounidense es una “amenaza para el interés público”. Este ha sido el motivo alegado por el Gobierno de Países Bajos para bloquear la venta de la firma local Solvinity a la multinacional estadounidense Kyndryl, una escisión de IBM que agrupa sus negocios de infraestructura. El acuerdo, que ya estaba cerrado entre ambas partes, ascendía a 100 millones de euros.
Solvinity, fundada en 2015 y con sede en Ámsterdam, es la encargada de DigiD, el sistema nacional de identificación neerlandés, utilizado por sus 18 millones de ciudadanos para acceder a servicios públicos y gubernamentales esenciales como el pago de impuestos, el acceso a historiales médicos, la gestión de pensiones, prestaciones sociales y expedientes académicos. También pone la tecnología que sirve de base a la plataforma de comunicación interna del Gobierno.
Permitir que esos contratos pasen a Kyndryl supondría un riesgo de “dependencia digital” por la “imprevisibilidad geopolítica”, según un dictamen confidencial del Ejecutivo neerlandés al que ha tenido acceso ahora el New York Times. “La amenaza al interés público solo puede evitarse prohibiendo la adquisición propuesta”, reza el documento.
