Un juez federal de Boston anuló la tarifa de 100.000 dólares que la administración de Donald Trump había impuesto a las solicitudes de visas H-1B, un programa clave para la contratación de trabajadores altamente calificados en Estados Unidos.La decisión representa un revés para una de las medidas migratorias y laborales más controvertidas impulsadas por la Casa Blanca el año pasado. El gobierno había defendido el aumento como una forma de proteger a los trabajadores estadounidenses frente a empresas que, según sostenía, recurren a profesionales extranjeros para reducir costos salariales.Las visas H-1B fueron creadas por la Ley de Inmigración de 1990 y permiten a empresas e instituciones estadounidenses contratar trabajadores extranjeros con formación especializada y título universitario. Tienen una duración inicial de tres años y pueden extenderse por otros tres.El programa resulta especialmente importante para el sector tecnológico. Según datos citados por el Centro de Investigación Pew, al menos el 60% de las visas H-1B aprobadas desde 2012 correspondieron a empleos vinculados con la informática. Sin embargo, hospitales, universidades, bancos y otras organizaciones también utilizan este mecanismo para cubrir puestos especializados.Cada año se otorgan 65.000 nuevas visas H-1B, además de otras 20.000 reservadas para personas con maestrías o títulos superiores. La asignación se realiza mediante un sistema de sorteo.La medida que había impulsado TrumpLa controversia comenzó en septiembre del año pasado, cuando la administración Trump elevó abruptamente la tarifa para participar en el proceso. Hasta entonces, la cuota de inscripción era de 215 dólares, además de otros costos administrativos. La nueva tasa de 100.000 dólares entró en vigor apenas un día después de su anuncio.La Casa Blanca argumentó que el programa favorecía la sustitución de trabajadores estadounidenses por profesionales extranjeros dispuestos a aceptar salarios más bajos. Según datos citados por la administración, casi tres cuartas partes de las solicitudes aprobadas en 2023 correspondieron a ciudadanos de India.Sin embargo, la medida tuvo escasa aceptación. De acuerdo con documentos judiciales, hasta mediados de febrero el gobierno solo había recibido 85 pagos, lo que representó una recaudación de 8,5 millones de dólares. Analistas del sector señalaron que el nuevo costo desalentó la participación de muchos empleadores.El fallo que frenó la medidaLa demanda que dio origen a la decisión judicial fue presentada por 20 estados. Las autoridades estatales sostuvieron que la tarifa dificultaba la contratación de docentes, investigadores, profesionales de la salud y otros trabajadores especializados en instituciones públicas.El juez federal Leo Sorokin concluyó que la política violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula la forma en que las agencias federales elaboran normas y regulaciones."El Tribunal considera que la política impone un impuesto a las peticiones H-1B sin la delegación requerida por el Congreso", escribió Sorokin en su resolución. El fallo también abre un nuevo capítulo judicial. Otra corte federal había respaldado previamente la tarifa en una causa distinta impulsada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Además, grupos religiosos y organizaciones laborales mantienen una demanda separada en un tribunal federal de California. Con información de AP.