Un juez federal ha anulado el lunes una tarifa de 100.000 dólares que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había impuesto a las nuevas visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados, al concluir que constituía un impuesto ilegal que el Congreso nunca autorizó.El juez de distrito Leo Sorokin, de Boston, emitió el fallo en el marco de una demanda presentada por 20 fiscales generales estatales demócratas, quienes impugnaron la tarifa anunciada por Trump en septiembre. Antes de esa fecha, los empleadores que querían importar mano de obra profesional pagaban entre 1.000 y 7.000 dólares en concepto de tasas. La tarifa impuesta por Trump recibió numerosas críticas por las empresas, que consideraban que el requisito les privaría de los trabajadores que requieren. En una comparecencia del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ante el Senado la semana pasada, varios legisladores señalaron que la obligación de pagar una cantidad tan elevada dejaba a zonas rurales sin médicos y profesores especializados. El programa H-1B ofrece 65.000 visas anuales, muchas de las cuales corresponden a profesionales solicitados por las empresas de tecnología, por un periodo máximo de seis años.La Administración defendió en los tribunales que la tarifa era una sanción que el presidente podía aplicar según la ley federal de inmigración, la cual le otorga la facultad de restringir la entrada de ciertos extranjeros cuando lo considera “perjudicial para los intereses de Estados Unidos”. Sorokin concluyó, sin embargo, que la tarifa no era una sanción, sino un impuesto que el presidente no podía implantar sin la autorización del Congreso. “En este caso, la naturaleza y la aplicación del pago de 100.000 dólares revelan que se trata de un impuesto, independientemente de cómo se denomine”, escribió Sorokin, que fue nombrado por el presidente demócrata Barack Obama.El juez citó el fallo de febrero del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anuló los aranceles generalizados impuestos por Trump al amparo de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional. Según la lógica de la decisión de los magistrados en ese caso, Trump tampoco tenía autoridad bajo la legislación de inmigración para imponer un gravamen, señaló Sorokin.La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, declaró que la Administración Trump confía en que la orden de Sorokin será revocada en apelación. “El presidente Trump tiene una clara autoridad legal para restringir la entrada de cualquier categoría de extranjeros cuya admisión considere contraria a los mejores intereses de Estados Unidos, y eso es exactamente lo que hizo”, afirmó, según Reuters.El aumento de las tasas ha disuadido las solicitudes de visas H-1B, según documentos judiciales. Para el 15 de febrero, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) había recibido apenas 85 pagos de la tasa de 100.000 dólares, según datos oficiales de marzo. Desde que regresó a la Casa Blanca, el republicano ha querido redefinir la inmigración que llega a Estados Unidos, eliminando la que se ha beneficiado de programas humanitarios y la que llega de países pobres. En cuanto al programa de visas H-1B, la Administración también ha ordenado un proceso de verificación más riguroso para los solicitantes. Según Trump, este tipo de visa ha sido “explotada deliberadamente” para reemplazar, en vez de complementar, a empleadores estadounidenses “con mano de obra peor pagada y menor cualificada”. No es la primera demanda en torno a la desorbitada tasa. Al menor otras tres se libran en los tribunales, incluida una presentada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que está apelando la decisión tomada en diciembre por un juez de Washington D.C. que dio la razón al presidente.