El primer ministro británico, Keir Starmer, ha lanzado un ultimátum a las grandes empresas tecnológicas. Google, Apple y otros gigantes del sector tienen hasta septiembre para desarrollar herramientas capaces de impedir que los menores hagan, reciban o compartan imágenes de desnudos desde sus teléfonos móviles. Si las compañías no se encargan de ello, el Gobierno británico ha advertido de que sancionará a quien no lo cumpla e impondrá la tecnología necesaria para bloquear estos contenidos.Publicidad"Durante mucho tiempo se ha dicho a los ciudadanos que esta realidad era simplemente el precio que debían pagar con la llegada de la tecnología moderna. Que no se podía hacer nada al respecto. Que el Gobierno es impotente ante esto y a los padres no les queda más remedio que aceptarlo. Yo rechazo completamente ese planteamiento porque es la tecnología la que debe adaptarse a las necesidades de la sociedad, y no a la inversa", aseguró Starmer este lunes durante la London Tech Week.Para el periodista especializado en tecnología David Bollero, el anuncio de Starmer sigue la línea de la normativa Online Safety Act, aprobada en 2023. "La legislación británica ya obliga a plataformas, motores de búsqueda y páginas pornográficas a adoptar medidas para impedir el acceso de menores a determinados contenidos. Además, contempla sanciones muy severas, de hasta el 10% de la facturación global de las empresas incumplidoras", explica. El Gobierno británico también busca, al igual que ha propuesto España, prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.Una tecnología que ya existeLa propuesta británica pretende convertir al Reino Unido en el primer país del mundo en el que los menores no puedan acceder ni intercambiar imágenes de cualquier tipo de desnudo desde sus dispositivos móviles.Pero, ¿cuál sería la tecnología necesaria para lograr ese objetivo? Apple dispone desde hace años del sistema Sensitive Content Warning, capaz de detectar imágenes con desnudos en determinadas aplicaciones como iMessage, AirDrop o FaceTime. La herramienta identifica el contenido sensible que puede difuminar automáticamente o mostrar una alerta de contenido sensible que, en el caso de menores, podrían recibir los padres.PublicidadLas tecnológicas señalan que el problema se complica cuando las imágenes se comparten de usuario a usuario a través de plataformas de terceros como WhatsApp, Signal o Discord, cuyos mensajes están protegidos mediante cifrado de extremo a extremo, es decir, solo pueden ser vistos por emisor y receptor.El experto en ciberseguridad Rubén Jiménez de la consultoría Jiratek considera, sin embargo, que si se ataja el problema de raíz sin que esas imágenes puedan entrar en el dispositivo móvil el cifrado en esas aplicaciones ya no sería un obstáculo. "El cifrado protege la imagen mientras viaja de un móvil a otro. Pero la detección debe hacerse en el propio teléfono, antes de cifrar nada". Según Jiménez, la tecnología consistiría en sistemas de inteligencia artificial instalados en el propio dispositivo, capaces de analizar las imágenes localmente antes de que sean enviadas. "Apple ya lo hace desde 2021, detecta desnudos en cuentas de menores, los difumina y avisa, todo dentro del dispositivo, sin enviar nada a Apple ni romper el cifrado", recuerda.La dificultad, añade, reside en extender ese control a la propia cámara o aplicaciones de terceros como WhatsApp, Telegram, Snapchat o Instagram y que esto pueda poner en peligro la privacidad del usuario. "La dificultad real no es el cifrado, sino meter ese filtro dentro de aplicaciones que no controlas, acertar a la hora de bloquear imágenes y decidir quién controla el sistema y dónde poner el listón. Una vez tienes un sistema capaz de inspeccionar lo que hay en cada móvil, el debate deja de ser técnico y pasa a ser de garantías", advierte.PublicidadBollero, por su parte, también considera un desafío hacer posible esta restricción sin vulnerar otros derechos fundamentales. "El problema surge a la hora de verificar la edad de los usuarios sin comprometer su privacidad. Si exiges una identificación demasiado estricta, aparecen preocupaciones sobre la protección de datos, el seguimiento de la actividad de los usuarios o la posible pérdida de anonimato en internet. Podría afectar, por ejemplo, a activistas de derechos humanos, que no podrían denunciar ciertas vulneraciones si tienen que revelar su identidad”, manifiesta.La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) comparte esta preocupación y recuerda que la Unión Europea lleva meses debatiendo iniciativas como el Chat Control por las implicaciones que tendría el escaneo de mensajes privados. "La protección de la infancia no debería convertirse en una puerta de entrada al control de las comunicaciones de toda la ciudadanía", sostienen.La protección de la infancia no debería convertirse en una puerta de entrada al control de las comunicaciones de toda la ciudadaníaAdemás, otro de los retos consiste en establecer mecanismos efectivos de control sin que los usuarios encuentren vías alternativas para evitarlos. "Los usuarios pueden descargarse una aplicación de VPN, con ese programa pueden cambiar el lugar de conexión para que aparezca que su IP está en otro país donde esas restricciones no se aplican. Por lo que aún existen maneras de esquivar esos controles", explica Bollero.En este contexto, Bollero señala que el hecho de tener que plantear controles de edad cada vez más estrictos "es asumir que se ha perdido parte de la batalla en la educación". "Que tengas que prohibir por ley el acceso de los menores, ya no solo a contenidos delicados, sino incluso a las redes sociales por los patrones adictivos que tienen sus algoritmos, dice mucho de la situación actual. Hay niños que están teniendo acceso a dispositivos móviles a una edad en la que directamente no deberían tener móvil", denuncia.Una problemática que, según sostiene, se ha visto agravada por la dificultad de las instituciones para regular y poner límites a las tecnológicas y sus algoritmos adictivos. "Las innovaciones tecnológicas siempre van mucho más rápido que la ley y se ha llegado tarde a la hora de poner límites a las grandes tecnológicas y su scroll infinito. Cuando los legisladores han querido intervenir, el problema de adicción ya estaba ahí, y no solo entre los menores, también entre los adultos", afirma.Las propuestas de EspañaEn España, Pedro Sánchez también ha manifestado que una de las prioridades del Gobierno es la protección de los menores en el ecosistema digital. El Ejecutivo trabaja actualmente en la futura Ley Orgánica de Protección de los Menores en Entornos Digitales, todavía en fase de tramitación parlamentaria. El texto incorpora medidas como elevar hasta los 16 años la edad mínima para acceder de forma autónoma a determinadas redes sociales, obligar a los fabricantes a incluir herramientas gratuitas de control parental o tipificar nuevos delitos relacionados con los deepfakes sexuales (desnudos creados con IA) y el grooming (acoso o abuso sexual online).El enfoque de Reino Unido añade el elemento adicional de trasladar una parte significativa de la responsabilidad a las grandes tecnológicas, al exigirles que adopten estas medidas preventivas para que los contenidos de desnudos no lleguen a los móviles de los menores. En el caso español, el Ejecutivo también ha insistido en la necesidad de que las plataformas digitales asuman una mayor responsabilidad y hace unos meses instó a la Fiscalía General del Estado a investigar y, en su caso, perseguir posibles delitos de violencia sexual digital cometidos contra menores a través de las redes sociales.PublicidadCECU considera que el planteamiento español "es más complejo", al apoyarse en las conclusiones de un comité de medio centenar de expertos y en más de un centenar de recomendaciones basadas en evidencia científica. No obstante, también advierte de que muchas de estas iniciativas también están recogidas en el Reglamento de Servicios Digitales europeo, y que, a pesar de estar en vigor, siguen sin aplicarse en la práctica. "La protección real de los menores continúa dependiendo de la voluntad de las propias empresas tecnológicas. Se necesitan sanciones reales y responsabilidad efectiva de las empresas, sino cualquier medida técnica seguirá siendo un parche que puede implicar riesgos para los derechos fundamentales", denuncia la organización.