A partir del verano, los cementerios de Cáceres (96.651 habitantes) y Conquista de la Sierra (193) acogerán trabajos para intentar exhumar e identificar los restos de más de 300 víctimas de la represión franquista enterradas en fosas comunes. Estas intervenciones, promovidas por la Diputación de Cáceres, contarán con una dotación de 100.000 euros procedente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Pueden extenderse durante más de año y medio y apuntan a ser unas de las mayores en materia de memoria democrática realizadas en Extremadura en los últimos años.La previsión es que los trabajos comiencen en julio en la Conquista de la Sierra y continúen, a partir de septiembre, en el cementerio cacereño de Nuestra Señora de la Montaña, una vez obtenidos los permisos necesarios por parte de la Junta de Extremadura y los ayuntamientos implicados. “Pueden ser más de 300 personas fusiladas, asesinadas simplemente por pensar diferente”, trasladaba el presidente de la Diputación de Cáceres, el socialista Miguel Ángel Morales. “Vamos a continuar hasta el final, hasta que se esclarezca todo y las familias puedan darles la sepultura que merecen”.La actuación se suma a otras intervenciones promovidas por la institución provincial en enclaves como la mina Terría o la mina La Paloma, donde continúan las investigaciones sobre víctimas de la represión franquista desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra. Según las estimaciones iniciales, en el cementerio de Cáceres podrían encontrarse los restos de cerca de 300 personas ubicados en la zona donde actualmente se levanta el memorial dedicado a las víctimas. En Conquista de la Sierra, por su parte, se calcula la existencia de unos 15 cuerpos, entre ellos el del poeta Manuel Gómez Sánchez, fusilado el 24 de agosto de 1936.La dirección técnica del proyecto recaerá en la Sociedad de Ciencias Aranzadi, una de las entidades con mayor experiencia en España en exhumaciones vinculadas a la memoria histórica. Su antropóloga forense, María Fortuna Murillo, ha explicado a EL PAÍS que la intervención en Cáceres se plantea como un proyecto de gran envergadura que podría desarrollarse en varias campañas consecutivas. “La estimación se sitúa entre 250 y 300 individuos. Nuestra intención es exhumar aproximadamente 75 personas por campaña y completar el trabajo arqueológico y antropológico en un plazo de entre un año y año y medio”, contaba. Una vez concluida esa fase, comenzará el proceso de identificación genética, aunque la recogida de muestras de ADN a familiares se realizará de forma paralela durante todo el desarrollo de los trabajos.Detrás de esta nueva actuación hay más de una década de reivindicaciones impulsadas por Amececa, asociación creada en 2010 con el objetivo de recuperar la memoria de las víctimas de la represión franquista enterradas en el cementerio cacereño. José Hinojosa, vicepresidente de la entidad, considera que la firma del convenio es la culminación de un largo proceso. “Es la consecución de un objetivo que nos marcamos hace casi 16 años, con el que buscamos recuperar la dignidad de las personas que fueron asesinadas”, explica.La asociación ha desempeñado durante años una labor de investigación histórica y documental para reconstruir la identidad de las víctimas y localizar a sus familiares. También ha impulsado la creación del memorial inaugurado en el cementerio de Cáceres, donde figuran los nombres de centenares de represaliados.Hinojosa recuerda que la ciudad tuvo un papel singular durante la dictadura franquista. “En Cáceres no hubo frente de guerra, ya que fue la capital de la provincia y aquí se celebraban los consejos de guerra sumarísimos y las ejecuciones”, señala. Por ese motivo, entre las víctimas enterradas en las fosas no solo hay vecinos de la ciudad o de la provincia, sino también personas procedentes de otros puntos de España.Las investigaciones realizadas hasta ahora sitúan el periodo de mayor intensidad represiva entre diciembre de 1937 y enero de 1938, cuando fueron ejecutadas cerca de 200 personas en apenas unas semanas. La represión se prolongó más allá del final de la Guerra Civil. Según los registros recopilados por los memorialistas, el último fusilamiento documentado en Cáceres tuvo lugar en septiembre de 1943.Desde la Diputación de Cáceres trasladan que uno de los objetivos de la legislatura está siendo convertir las políticas de memoria democrática en una de sus líneas estratégicas. Su presidente, Miguel Ángel Morales, incide en que el objetivo es cerrar heridas. “Hay familias que han guardado silencio durante décadas por miedo y que todavía no saben dónde están sus seres queridos. Lo que intentamos es que conozcan la verdad y que puedan recuperar los restos de sus familiares para darles una sepultura digna”, sentencia. El compromiso, según inciden desde la institución provincial de Cáceres, es completar todas las fases necesarias, incluidas las identificaciones genéticas y la entrega de restos a los familiares que puedan ser localizados.