La Fiscalía colombiana ha confirmado que este martes ha radicado un escrito de acusación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, “como presunto responsable del delito de tráfico de influencias”. Quien fue gerente de la campaña del ahora presidente Gustavo Petro, y quien ha tenido el respaldo del mandatario todo el cuatrenio para dirigir la mayor empresa del país a pesar de diversas controversias en su contra, irá a juicio. En el centro de la acusación está el nombre de Juan Guillermo Mancera, un coronel retirado que facilitó que, en 2022, Roa comprara a muy bajo precio un apartamento en el norte de Bogotá. Roa adquirió el inmueble a una compañía del empresario Serafino Iacono, amigo de Mancera, más conocido por ser una de las cabezas de la difunta petrolera Pacific Rubiales y quien ahora está en el negocio del gas. Las alarmas se prendieron cuando Ecopetrol contrató luego a la empresa Gaxi SA ESP, de Mancera, para regasificar el gas importado: una empresa pequeña, con poca experiencia, logró un contrato muy sensible y con potencial de generar millonarias ganancias. La Fiscalía señala que detrás de ello hubo tráfico de influencias: el apartamento a cambio del enorme contrato. Iacono ha dicho al diario El Tiempo que si bien el apartamento estaba a su nombre, realmente era de Mancera. “Porque el comprador coronel Mancera así me lo solicitó”, dijo sobre la situación. “Después de haberme pagado me expresó que le había vendido el apartamento a un tercero, el señor Roa, a quien yo no conocía, ni tenía por qué saber que sería a futuro presidente de Ecopetrol”, dijo entonces. Ricardo Roa goza actualmente de una licencia no remunerada, avalada por la junta directiva de Ecopetrol el pasado mes de abril, cuando lo sacó transitoriamente de la presidencia ante la imputación de cargos de la fiscalía. El caso por tráfico de influencias no es el único lío legal que enfrenta. Como antiguo gerente de la campaña presidencial de Petro, el Consejo Nacional Electoral lo sancionó en noviembre pasado por violar los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos (1,4 millones de dólares). Esa sanción implicaba una multa de 6.000 millones de pesos, pero no era una condena penal y puede ser debatida ante la justicia administrativa. El CNE anunció que compulsaría copias contra Roa ante la Fiscalía, en otra investigación que sigue su curso. Mientras tanto, según reveló La Silla Vacía, un juzgado de Barrancabermeja ordenó también embargar a Roa por una deuda de 450 millones de pesos que asumió en 2022 para la campaña. La persona que entregó el dinero, la empresaria santandereana Bibiana Pérez, alegó ante un juez que nunca le devolvieron los recursos. A eso se suma un segundo embargo por otra deuda de campaña, por 1.109 millones de pesos, en cabeza de la Sociedad Aérea de Ibagué, Sadi, que alquiló aviones para esa misma campaña.Roa ha tenido un perfil bajo durante la actual campaña presidencial, pero el candiato opositor, el ultra Abelardo de la Espriella, trae su apellido cada vez que puede. “El señor Roa y toda su banda tienen que responder por ese latrocinio contra Ecopetrol”, dijo en entrevista con Caracol Radio este martes. “Yo creo que la justicia incluso puede que actúe antes de que yo llegue [a la presidencia], y tengan a buen recaudo a ese sujeto que tanto daño le ha hecho a la empresa más importante de Colombia”, añadió. Horas después, coincidencia o no, la Fiscalía hizo su anuncio.