La exigencia de mejorar los salarios más bajos de la Administración General del Estado (AGE) ha vuelto al centro del debate. Comisiones Obreras (CCOO) ha reclamado que ningún empleado público estatal cobre menos de 1.500 euros netos al mes, una medida que afectaría especialmente a las categorías con retribuciones más bajas y que el sindicato considera clave para frenar la pérdida de poder adquisitivo y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos. La organización sindical ha convocado una concentración frente al Ministerio de Hacienda para defender esta reivindicación, que dirige tanto al personal funcionario como al laboral de la AGE. Según los cálculos de CCOO, alrededor del 15% de la plantilla estatal percibe actualmente salarios muy próximos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), situado este año en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Desde el sindicato sostienen que el encarecimiento de la vivienda y el aumento del coste de vida están dificultando que muchos trabajadores públicos puedan afrontar gastos básicos, especialmente en ciudades con mercados inmobiliarios más tensionados como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao. A su juicio, esta situación está provocando que numerosos aspirantes que superan procesos selectivos renuncien finalmente a incorporarse a sus puestos. CCOO asegura que el problema ya tiene consecuencias directas sobre la cobertura de vacantes. Según los datos que maneja la organización, cerca del 30% de las plazas ofertadas por el Estado quedan sin cubrir cuando los aspirantes conocen su destino definitivo. En los procesos de promoción interna, este porcentaje sería todavía mayor, alcanzando alrededor del 60% en algunos casos. La propuesta sindical no implica elevar el SMI general hasta los 1.500 euros, sino establecer esa cantidad como suelo salarial para los trabajadores de la Administración General del Estado. La medida beneficiaría principalmente a los grupos profesionales más bajos, especialmente a quienes desempeñan funciones administrativas y auxiliares con retribuciones próximas al mínimo legal. Además de esta mejora salarial, CCOO reclama avances en otros compromisos pendientes dentro de la función pública. Entre ellos figuran el desarrollo de la carrera profesional, la implantación efectiva del teletrabajo con criterios homogéneos y la aplicación de sistemas de evaluación del desempeño. El sindicato considera que estas medidas son necesarias para hacer más atractiva la Administración como empleador y facilitar la captación y retención de talento. La movilización se produce en un contexto de creciente presión sindical sobre el Gobierno para desbloquear diversas negociaciones relacionadas con el empleo público. Organizaciones como UGT y CSIF también han anunciado protestas durante los últimos días para exigir mejoras laborales y salariales en distintos ámbitos de la Administración, reflejando el malestar existente entre parte de los empleados públicos por la evolución de sus condiciones de trabajo y su capacidad adquisitiva. La exigencia de mejorar los salarios más bajos de la Administración General del Estado (AGE) ha vuelto al centro del debate. Comisiones Obreras (CCOO) ha reclamado que ningún empleado público estatal cobre menos de 1.500 euros netos al mes, una medida que afectaría especialmente a las categorías con retribuciones más bajas y que el sindicato considera clave para frenar la pérdida de poder adquisitivo y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.