EditorialTodavía hay recursos judiciales pendientes de resolver y otros que se podrían interponer.
La Corte de Constitucionalidad (CC) podría estar sentando delicados precedentes jurídicos mediante la continuidad del oprobioso conflicto de intereses presente en sus recientes resoluciones respecto del flagrante fraude en la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac): la magistrada titular designada por esta casa de estudios participa en la decisión de desechar impugnaciones contra el viciado proceso mediante el cual fue reelegido Walter Mazariegos, propiciado por el mismo Consejo Superior Universitario (CSU) incompleto que la designó a ella para tal magistratura.
El subterfugio legal utilizado en el fallo de la vergüenza firmado —pero aún no divulgado hasta hoy— alude a que supuestamente no se agotaron instancias internas de Apelación. Sin embargo, tales instancias fueron eliminadas por la acomodaticia reforma de estatutos de 2025 impulsada por Mazariegos y su CSU, plagado de cargos caducados. Es lamentable que la anterior CC, de la cual fueron reelegidos dos titulares y dos docentes, no haya abordado los amparos solicitados cuando se fraguaba el fraude mazariegoso. El argumento para no fallar antes y para desechar ahora es un vil retruécano kafkiano: en el momento en que se presentaron los recursos, aún no se había consumado el hecho impugnado, y ahora perdieron materia porque ya se consumó.
