La huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria en el País Valencià entró este lunes en su quinta semana. A las 10.30 horas, la Conselleria de Educación y los cinco sindicatos del sector volvieron a sentarse en la mesa, en el que ya es el undécimo encuentro formal entre ambas partes, en una sesión que se alargó hastas las 22.15 horas. Pese a que sus posturas están cada vez más cerca, este martes se cumplen 22 días lectivos sin acuerdo. PublicidadLa nueva ronda negociadora de este lunes llegó tras el movimiento de ficha de la Conselleria de Educación, que el pasado viernes 5 de junio puso sobre la mesa una propuesta global valorada en 3.388 millones de euros para el próximo cuatrienio. El plan incluye, entre otras medidas, una rebaja progresiva de ratios, la incorporación de 7.742 docentes y una inversión de 1.410 millones en infraestructuras educativas. Sin embargo, el acuerdo sigue atascado en sus dos grandes nudos: la recuperación salarial del profesorado y el papel del valenciano. En materia retributiva, la Conselleria plantea una subida escalonada de hasta 200 euros mensuales en 2028, vinculada a la evolución del IPC, una propuesta ya respaldada por ANPE y CSIF, pero rechazada por STEPV, CCOO y UGT. En el bloque lingüístico, los sindicatos mantienen una posición clara: reclaman un refuerzo del valenciano como lengua vehicular en el sistema educativo. Denuncian que las propuestas actuales no garantizan un uso suficiente en las aulas, en la gestión administrativa de los centros ni en los materiales didácticos. La Conselleria, por su parte, defiende que el modelo lingüístico ya está regulado y considera que "no debe ocupar un papel central en una negociación de carácter laboral y salarial". La Conselleria plantea una subida escalonada de hasta 200 euros mensuales en 2028, vinculada a la evolución del IPC, una propuesta rechazada por STEPV, CCOO y UGTEn paralelo, hasta ahora la negociación ha registrado puntos de acercamiento en otros ámbitos. Entre ellos, la reducción progresiva de las ratios de alumnado por aula, el incremento de plantillas, la reducción de la carga burocrática del profesorado y un aumento de la inversión en infraestructuras educativas. Se trata de áreas en las que ya se han alcanzado preacuerdos parciales, aunque todavía sin un cierre definitivo."Es necesario centrarnos en aquello que nos une y dejar claro que, desde la administración, existe la voluntad de llegar tan lejos como sea posible", afirmó la consellera de Educación, Carmen Ortí, al inicio de la reunión, que se retransmitió en streaming. El encuentro arrancó con los puntos en los que ambas partes reconocen mayores coincidencias y avanzó hacia los asuntos aún pendientes. Antes de la apertura formal de la mesa, los sindicatos realizaron una primera valoración global del estado de la negociación. El representante de STEPV, Marc Candela, señaló que se aprecia un avance en la reducción de ratios, incluso superior —según dijo— al contemplado en el anteproyecto de ley estatal, que dudan que llegue a aprobarse. En su análisis, la burocracia sería el ámbito más encauzado dentro del proceso, mientras que "el resto de materias siguen en fase de mejora". El valenciano, sin embargo, continúa siendo el principal punto de bloqueo: "Es el único asunto en el que no ha habido ningún avance desde la primera propuesta del 14 de marzo y lo consideramos completamente estancado", apuntó.PublicidadDesde ANPE, su presidente, Lauren Bárcena, valoró positivamente que el documento no se haya cerrado y que las sucesivas reuniones permitan incorporar propuestas. En una línea similar, José Seco, de CSIF, señaló que los principales ajustes se centran en "pequeños detalles" que deberán abordarse punto por punto, y advirtió de que el sentido final del acuerdo dependerá de cómo la administración "explique y concrete" cada elemento. Por parte de CCOO, Xelo Valls subrayó que el bloque salarial sigue presentando "insuficiencias", especialmente en lo relativo a la aplicación del IPC sobre la totalidad de la subida retributiva. También advirtió que la negociación en materia lingüística continúa bloqueada, mientras que la reducción de ratios avanza de forma "todavía tenue" y el acuerdo de plantillas de 2023 "sigue sin recuperarse".Desde UGT, Maite Tarazona criticó que la negociación esté marcada por la "dilación y la improvisación", y denunció la ausencia de una planificación clara y de memorias económicas que sustenten las propuestas. En los mismos términos, reconocieron avances en materia de ratios, pero no en el resto de bloques. En particular, insistieron en que la cuestión retributiva debe reabrirse por completo: "No se puede cambiar la redacción cuatro veces", sentenciaron desde UGT.Luces y sombras de la negociaciónPese a los cambios introducidos en los borradores y a los avances alcanzados, la negociación continúa estructurada en torno a los mismos ocho grandes ejes que han centrado el pulso desde su inicio: la reducción de las ratios de alumnado por aula, el refuerzo de las plantillas docentes, la mejora salarial y retributiva del profesorado, la disminución de la carga burocrática, las infraestructuras educativas, la inclusión y atención a la diversidad, la situación del valenciano en el sistema educativo y las condiciones laborales del personal docente. PublicidadEn cuanto a la carga burocrática, el documento presentado por la administración incluye una veintena de medidas, entre ellas la aprobación de un decreto de simplificación administrativa en un plazo de seis meses, la implantación del expediente digital docente (EDEN) para el curso 2026/2027, la regulación del trabajo presencial fuera de los centros y una cláusula para evitar incrementos de carga burocrática en futuras normativas. Las posiciones sindicales fueron dispares. CSIF anunció su apoyo al acuerdo, mientras que ANPE mostró dudas y reclamó un refuerzo del personal administrativo en los centros a partir del próximo curso, algo que la Conselleria considera inviable de forma inmediata. STEPV someterá el texto a consulta entre el profesorado, aunque prevé un respaldo similar al de la votación anterior. CCOO y UGT, por su parte, esperan el resultado de sus respectivas consultas internas antes de fijar una posición definitiva.El bloque dedicado a las ratios evidenció nuevas diferencias. ANPE consideró que la propuesta de la Conselleria es menos ambiciosa que lo planteado inicialmente y criticó que la reducción en las aulas UECO se limite a los nuevos centros. También cuestionó que la bajada de ratios se prolongue hasta 2030/31 y esté condicionada a la disponibilidad presupuestaria y a la evolución de la matrícula. CSIF, aunque habló de "avances sustanciales", pidió acelerar la aplicación y extenderla también a ESO y Bachillerato, además de incluir enseñanzas del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas del País Valencià (ISEACV). CCOO reclamó ajustes técnicos como el cómputo doble del alumnado con necesidades educativas especiales y la inclusión de la Formación Profesional (FP) semipresencial, mientras que UGT recriminó que el calendario prolonga durante años la situación actual. Desde la Conselleria se defendió que las ratios planteadas deben ser realistas y progresivas, mientras que ANPE las considera "una utopía". Finalmente, la Conselleria aceptó incorporar una calendarización de la reducción de ratios en Educación Infantil y se comprometió a fijar durante el curso 2026-2027 un calendario específico para aplicar esa reducción en los centros dependientes del ISEACV. Además, aseguraron que el documento incluirá la convocatoria de una mesa técnica anual destinada a analizar las necesidades de desdobles en FP.STEPV criticó que la zona afectada por la DANA "apenas aparece reflejada más allá de una partida de dos millones de euros, sin desglose de actuaciones"En el apartado de infraestructuras, los sindicatos señalaron la falta de concreción en los planes del Consell. STEPV criticó que la zona afectada por la DANA "apenas aparece reflejada más allá de una partida genérica de dos millones de euros, sin desglose de actuaciones". También cuestionó la continuidad real del Plan Edificant, al entender que el documento "solo recoge compromisos previos sin nuevos desarrollos". ANPE coincidió en la falta de concreción en los plazos, y alertó de las condiciones de climatización en los centros, donde —según indicaron— el profesorado recurre en algunos casos a medios propios para combatir el calor. CSIF echó en falta mayor amplitud en el plan de infraestructuras, que considera que debería incluir a todos los centros, incluidos los conservatorios, y lamentó la ausencia de detalle del plan director, que aparece únicamente mencionado. CCOO pidió un anexo con proyectos, municipios y prioridades, especialmente en centros con barracones, amianto o problemas de accesibilidad. UGT reclamó también criterios transparentes de priorización y atención a los centros más antiguos o deteriorados. Finalmente, desde la Conselleria se incidió en que las aulas prefabricadas son una solución temporal ante el crecimiento de la matrícula y se aseguró que el plan director se concretará en fases posteriores. En el caso de la zona DANA, la administración afirmó que informará en reuniones específicas sobre el avance de la reconstrucción, "actualmente en fase de recopilación de proyectos de licitación". Daniel McEvoy anunció que todos los planes de inversión en centros educativos "incluirán la eliminación de las aulas prefabricadas"Como cierre de este último bloque, el secretario autonómico Daniel McEvoy anunció la incorporación de un nuevo compromiso al documento de negociación. Tras conversar con el director general José María Larena, explicó que todos los planes de inversión en centros educativos "incluirán como objetivo prioritario la eliminación progresiva de las aulas prefabricadas". Además, una de las peticiones planteadas por STEPV fue aceptada por la administración: la elaboración de un anexo específico con información detallada sobre el estado de las obras y actuaciones de reconstrucción en los centros afectados por la DANA.En el ámbito de la inclusión educativa, la consellera señaló que la ratio de alumnado por orientador se ha reducido a la mitad, aunque ha reconocido que todavía existen márgenes de mejora. Por su parte, la directora general de Inclusión destacó el incremento del 37% en el personal destinado a la atención educativa. Según explicó, también se ha reforzado la plantilla con el aumento de educadores sociales y del personal necesario para la apertura de las aulas UECO. En concreto, las 36 nuevas unidades de este tipo incluidas en la propuesta de la Conselleria supondrían la incorporación de 108 profesionales adicionales al sistema educativo.PublicidadEl secretario autonómico McEvoy trasladó a los sindicatos que los documentos definitivos se facilitarán este martes "en cuanto podamos", sin concretar una hora exacta de publicación.