Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no se llevaron ni una ni dos libretas de la vivienda de la exmilitante socialista Leire Díez el pasado mes de diciembre cuando fue detenida. Cerca de una veintena de agendas, cuadernos de notas y grupos de folios manuscritos han sido incorporados al sumario que se sigue en la Audiencia Nacional contra ella por haber puesto en marcha, presuntamente, una operativa para entorpecer la justicia y descarrilar casos de corrupción que afectaban al PSOE o al Gobierno. Entre sus notas aparece ya citada en noviembre de 2020 la presidenta de la formación política, Cristina Narbona, a quien el juez Santiago Pedraz ha llamado a declarar como testigo el próximo 10 de julio. Además, hay información sobre planes y gestiones no solo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sino también de Correos, Tragsa o de la agencia de noticias EFE. Los cargos que ostentó Díez antes de 2024, cuando se supone que se inicia la operativa ilegal que investiga ahora Pedraz, ya daban la medida de que no era una militante cualquiera. Entre 2018 y 2021, Leire Díez fue jefa de comunicación en Enusa (empresa pública vinculada al sector nuclear), y a partir de 2022 se colocó en la dirección de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, de donde salió dando las gracias a Juan Manuel Serrano, que fue presidente de la compañía postal y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de llegar a La Moncloa. Durante estos años, sus notas reflejan planes, llamadas, reuniones, ideas, gestiones y hasta anotaciones de posibles corruptelas en el interior de las entidades públicas por las que pasaba o de las que pudo conocer detalles por su interlocución privilegiada con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, quien también está imputado en este caso. “Papel de Vicente, no visible pero oficial para poder seguir siendo interlocutor en operaciones complejas”, escribió en unas notas de abril de 2021. Fernández fue nombrado presidente del holding público que administra las participaciones del Estado en distintas compañías en junio de 2018, pero salió del cargo en octubre de 2019 cuando fue imputado por un asunto en Andalucía del que finalmente salió absuelto. Durante el tiempo posterior, los investigadores creen que siguió estando en la trastienda de muchas de las operaciones que la SEPI realizaba, de acuerdo a lo que reflejó la propia Leire Díez en sus cuadernos. En una agenda de la marca Stradivarius anotó, por ejemplo, cómo se había realizado una auditoría en Tragsa (grupo que depende de la SEPI y que está adscrito al Ministerio de Hacienda) Brasil de la que había salido “porquería” y se había trasladado al Tribunal de Cuentas; o cómo, según escribió, en Tragsa “Ecuador se pagaron sobresueldos tras comprometer sueldos no aprobados por costes”. “Facturas ilegales en Ecuador”, escribió. Leire Díez también apuntó debajo del nombre “Santos” una petición de información del periodista Antonio Salvador para conocer las “dietas de los consejeros de los consejos de administración de empresas públicas”. Esta petición surgió, según cuenta a este periódico el propio periodista, a raíz de que publicara que Paradores había pagado en 2020 dietas a consejeros por reuniones a las que no habían asistido. La empresa pública pagaba unos 1.000 euros a los consejeros por los encuentros aunque en realidad no asistieran, así que Salvador quiso saber si esto ocurría en más entidades públicas. La petición se realizó a través del Portal de Transparencia, según asevera el periodista, por lo que alguien tuvo que contar a Leire Díez este requerimiento que terminó escrito en su cuaderno junto a la frase: “Peligros, que se hable de sobresueldos de funcionarios, que se descubra que se pagan comisiones delegando el voto”. La exmilitante socialista era conocedora de estrategias internas de las compañías y apuntaba nombres de empresarios, relaciones entre ellos e incluso apuntes relacionados con la política. “Anuncio de Vox de querellas a los gestores del Fondo de Solvencia”, redactó en un cuaderno en el que hay notas de 2021 sobre el fondo que estaba aprobando los rescates a empresas tras la pandemia. “Si la justicia lo admite a trámite, se puede dar la situación de que B. Lora [Bartolomé Lora es el actual vicepresidente de la SEPI] esté en la misma situación que Vicente, ¿y qué preferimos sacar adelante el Fondo con alguien que ha demostrado solvencia al frente de SEPI o dejamos a Lora investigado?“, expuso. ”¿Por qué esta defensa a Nadia Calviño por parte de Vox?“, añadió. “Están enterrando la SEPI porque están culpabilizando a los directores”, manuscribió unas hojas más adelante. Entre sus líneas se leen planes para Correos. “No hubiera sido una mala idea generar una filial de inmobiliaria. Se están malvendiendo algunos inmuebles”, apuntó. “Correos Express va como un tiro”, añadió más abajo. En ocasiones escribía a qué se destinaban algunas partidas de dinero dentro de entidades públicas, como un “contrato de 200.000 euros” para “la celebración del documental del 80 aniversario” de la agencia EFE en 2020. “Fue un negociado sin publicidad”, remachó en unas páginas en las que también contó cómo el entonces presidente Fernando Garea había denunciado al Tribunal de Cuentas la gestión del anterior presidente. “Denunciar la corrupción sale caro”, apuntó ella. Otras citasSus cuadrículas reflejan conocimiento de la agenda del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ya desde 2021, a pesar de que ambos negaron haberse visto más allá de dos o tres veces contadas cuando saltó el escándalo y Díez renunció a su militancia antes del verano de 2025. “Santos come con Antxon [nombre del empresario Joseba Antxon Alonso, también investigado en este asunto y en un posible amaño de obra pública] el jueves”, reflejó el 6 de abril del año posterior a la pandemia. Díez apuntaba la posibilidad de filtrar a periodistas ciertas cosas, a quién se debía remitir la información, así como nombres de todo tipo de personal que trabajaba en la administración pública o de posibles encuentros. El 17 de noviembre de 2020 escribió “Cristina Narbona” junto a la palabra “gestión” y el nombre de una catedrática de Derecho Penal que colaboró con propuestas de igualdad para el Gobierno. El juez Pedraz decidió este lunes llamar a declarar a Narbona como testigo porque la UCO refleja en uno de los informes que forman parte del sumario que ambas, la presidenta del partido socialista y Leire Díez, mantuvieron una conversación el 24 de abril de 2024 en la que Díez habló de “reconducir” los ataques al presidente del Gobierno y dar “ayuda cualificada” para dar la vuelta al asunto “como un calcetín”. En esa conversación, según reflejaron los agentes, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones Leire “se las había contado a Santos el otro día”.