La operación Tokio, una investigación que permitió desarticular a una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua en Chile, ha traído de vuelta el debate sobre el levantamiento del secreto bancario y otras medidas para prevenir actividades relacionadas con el crimen organizado. La atención está puesta en el Senado, donde se continuará este martes la votación del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otros mecanismos para prevenir y detectar transacciones financieras sospechosas, una iniciativa discutida en el Congreso desde 2023. En esta sesión se definirá el destino de la norma que autoriza a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a solicitar el levantamiento del secreto bancario a las entidades financieras directamente y sin requerir una orden judicial previa, como establece el mecanismo vigente. Este es precisamente el artículo que más ha generado discusiones y que ha quedado a un voto de ser aprobado, después de que el pasado miércoles se registrara en dos ocasiones un empate de 23 votos a favor, provenientes de la oposición —incluidos los respaldos de los senadores independientes Matías Walker y Karim Bianchi—, y 23 en contra en el pleno de la Cámara Alta. El Gobierno de José Antonio Kast, de la derecha, defiende mantener el requisito de una orden judicial para acceder a la información protegida por el secreto bancario. Sin embargo, Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, se abrió a evaluar alternativas. “El Ejecutivo va a proponer medidas y va a corresponder a los legisladores si las acogen o no. Nos parece que son medidas, además, que ponen un poco al día a Chile respecto de las prácticas internacionales en esta materia y pensamos que va a ser un aporte a la discusión”, adelantó Quiroz, el lunes. La Unidad de Análisis Financiero es una institución con personalidad jurídica y patrimonio propio que se relaciona con el presidente de Chile a través del ministerio de Hacienda, según señala en su sitio web oficial. El alcance de sus atribuciones ha sido motivo de debate después de la captura e imputación de 17 personas ligadas a una red que habría blanqueado unos 85 millones de dólares del Tren de Aragua mediante cuentas en los principales bancos de Chile. Con la caída de la red más grande de lavado de dinero de la megabanda en Chile se reactivó la presión para flexibilizar el acceso a la información protegida por el secreto bancario. En conversación con radio ADN, el fiscal nacional Ángel Valencia dijo que “sería más sencillo investigar estos delitos si la Fiscalía pudiera, sin autorización judicial, revisar las cuentas de cualquier persona” y que “del mismo modo como se solicita un certificado de nacimiento o de matrimonio, también revisar qué es lo que hace cualquier persona con su dinero”. También los parlamentarios de la oposición, a raíz del caso, han hecho un llamado a la Administración de Kast y al Partido Republicano, fundado por el mandatario, a que aprobara el proyecto de ley que se encuentra en el Senado. Esta es una de las iniciativas que impulsó el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2025), de la izquierda, en un intento de combatir a grupos delictuales. “No se puede, estimados congresistas, pedir en la mañana más eficacia ante el crimen organizado, y votar contra el secreto bancario en la tarde […] Si no aprobamos esta ley son los cabecillas de las bandas los que seguirán impunes”, dijo Boric en su última Cuenta Pública, el 1 de junio de 2025. Dos de las personas imputadas por presuntamente participar en el blanqueo de dineros provenientes de actividades ilícitas del Tren de Aragua se desempeñaron hasta antes de su detención, el pasado martes 2 de junio, como ejecutivos de entidades financieras en Chile. Se trata de José Carlos Pérez Asencio, de 33 años, que trabajaba en una sucursal en el centro de Santiago del Banco Santander, y de Rossana Blanco Blanco, que laboraba en BancoEstado. Ambos, de nacionalidad venezolana, fueron capturados la semana pasada por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la indagatoria bautizada como Operación Tokio, en alusión al nombre de una discoteca que había en la cárcel de Tocorón, a unos 140 kilómetros de Caracas, en Venezuela. Fue en este recinto penitenciario donde Héctor Guerrero, apodado El Niño Guerrero, fundó el Tren de Aragua que opera en varios países de Latinoamérica. La votación del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención de actividades ligadas al crimen organizado, este martes, podría estar marcada por la incertidumbre, dado que el senador Matías Walker, exmilitante de la Democracia Cristiana (DC), se encontrará en la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y no podrá volver a darle su apoyo a la iniciativa.El proyecto del alzamiento del secreto bancario es el más relevante discutido por estos días en el Senado, luego de la megarreforma impulsada por el presidente Kast. La iniciativa que busca seguir los dineros del crimen organizado se encuentra en su tercer trámite legislativo, después de ser aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en marzo. Felipe Zurita, académico del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, afirma que “el secreto bancario está excesivamente blindado” en el país sudamericano, especialmente por dos razones: “Primero, si miramos a los países de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] con los que solemos compararnos, las agencias investigadoras tienen acceso directo a esta información, sin necesidad de autorización judicial previa. Y, en segundo lugar, porque en la práctica, exigir el permiso de un juez retrasa las investigaciones por semanas y limita todo el proceso. En este tipo de delitos la regla es simple: el fiscalizador siempre debe poder moverse más rápido que el delincuente”.Los expertos plantean que, para desarmar al crimen organizado, las autoridades necesitan monitorear sus movimientos financieros de forma expedita. Zurita indica que hoy, por ejemplo, esa autorización previa demanda mucho tiempo y recursos: “Es muy caro acceder a esos datos. Si lo planteamos en términos económicos, la medida que se discute en el Senado significa, derechamente, bajar el costo de obtener información. Al reducir este costo, los investigadores ganan la velocidad que necesitan”. El economista destaca, no obstante, que esto no significa que la UAF podrá revisar cuentas de forma arbitraria. “El sistema exige una justificación rigurosa, pero después del hecho. Es decir, deberán demostrar que pidieron los datos con motivos fundados y estarán sujetos a fiscalización permanente. En el fondo, cambiar el ‘pedir permiso antes’ por el ‘justificar después’ le da a los investigadores la capacidad de actuar antes de que la plata desaparezca del radar”, concluyó.