Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, presenta un programa de Gobierno que apuesta por el orden, la inversión privada y la modernización tecnológica como motores del desarrollo. Su plan destaca que la inseguridad ciudadana, la corrupción y la parálisis burocrática son los tres grandes frenos de Perú, y su respuesta a los tres pasa por la misma lógica: invertir en más tecnología, más eficiencia y más datos. Asimismo, propone crear centros de comando interconectados con Inteligencia Artificial para combatir el crimen, aplicar IA a las contrataciones públicas para detectar corrupción, y digitalizar los trámites empresariales para desbloquear la inversión. Seguridad y orden públicoKeiko Fujimori plantea una respuesta de alto impacto a la inseguridad, que diagnostica como el principal problema del país. Su propuesta central es la creación de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) interconectados en las 24 regiones, con mapas del delito en tiempo real e inteligencia artificial predictiva. En los primeros 100 días, la candidata comprometería la adquisición de 1.000 patrulleros inteligentes, 10.000 cámaras interconectadas y la modernización de 200 comisarías, así como la intervención policial y militar en Tumbes para el control fronterizo y la reducción del crimen organizado. El plan además contempla la creación de un Comando Unificado Permanente contra la Inseguridad que estaría integrado por la Presidencia, los ministerios de Interior, Defensa y Justicia, las Fuerzas Armadas y la PNP, y la construcción de cuatro mega penales de máxima seguridad bajo la administración temporal de las Fuerzas Armadas, con bloqueo total de las señales móviles en todos los penales del país. En el plano preventivo, Fujimori propone un programa nacional dirigido a jóvenes que viven en zonas vulnerables, con deportes, becas y orientación psicosocial. Su meta al 2031 es reducir en 20% la tasa nacional de homicidios y reducir la impunidad del 90% al 50% mediante la ampliación de las Unidades de Flagrancia Express.Economía y política fiscalLa candidata de Fuerza Popular defiende la economía social de mercado, el respeto irrestricto a los contratos y la propiedad privada. Su programa económico gira sobre dos ejes: la consolidación fiscal y el ‘shock’ desregulatorio. En el primero, se compromete a reducir el déficit al 1% del PBI al 2031 mediante la eficiencia en el gasto y la eliminación de gastos superfluos, ampliando la base tributaria sin incrementar la presión sobre los sectores formales que ya son contribuyentes y cumplidores. En el segundo, propone eliminar más de 500 trámites administrativos redundantes y reducir en 40% el tiempo de tramitación de proyectos de inversión, que hoy supera los 18 meses en sectores como minería, infraestructura y energía. De acuerdo con su plan de Gobierno, esta meta se alcanzaría a través de una Ventanilla Única Digital Nacional impulsada con inteligencia artificial que digitalizaría el 80% de los trámites empresariales. Por otro lado, para las micro y pequeñas empresas, propone la ‘Licencia 0’, una apertura inmediata sin costos ni trámites previos, Capital Semilla Joven, un crédito especial para mujeres emprendedoras y la exoneración del Impuesto a la Renta por tres años para los jóvenes que inicien un negocio. Las metas al 2031 son atraer entre 5.000 y 7.000 millones de dólares adicionales de inversión privada anual y generar 3 millones de empleos formales en el sexenio.SaludEl plan de Fuerza Popular, propuesto por la candidata, parte de un diagnóstico severo: Perú es uno de los países que menos invierte en salud pública en la región y registra uno de los índices más bajos de camas hospitalarias por habitante. La propuesta estructural es la implementación de una Red de Telemedicina Nacional para reducir los tiempos de espera, la ampliación de los tratamientos oncológicos y el incremento de fondos para dar atención a las enfermedades de alto costo. Por último, la candidata propone un plan gratuito para los primeros 1.000 días de vida con el fin de combatir la anemia infantil. EducaciónKeiko Fujimori plantea un reforzamiento integral de la currícula de la educación básica regular con énfasis en la educación cívica y ciudadana, que promueva el respeto por la familia, la identidad nacional, la ética pública y los valores cívico-patrióticos. Además, aboga por la incorporación de laboratorios de innovación y aulas digitales en colegios públicos, especialmente en zonas rurales y amazónicas. También, propone la creación de redes de aprendizaje docente y centros de formación continua, así como la construcción de 3.000 nuevos colegios durante el periodo de su gestión. Por otro lado, la candidata plantea una formación técnico-productiva articulada al sector productivo para la rápida inserción laboral. En cuanto a la educación universitaria, propone la ampliación del programa nacional de becas Pronabec y una serie de alianzas internacionales con líderes tecnológicos del mundo para llevar contenidos digitales, plataformas educativas y soporte técnico a las escuelas públicas. Energía y medio ambienteLa candidata concibe la política energética desde la lógica de la competitividad y la seguridad nacional. Su meta central es que las energías renovables no convencionales (solar, eólica, geotérmica, biomasa e hidrógeno verde) alcancen el 20% de la matriz eléctrica al 2031. Propone crear un Polo Energético del Norte como eje estratégico de generación y distribución, lanzar en los primeros 100 días la Agenda Nacional del Hidrógeno Verde y lograr la electrificación rural al 100% en 2030 mediante paneles solares. Para Petroperú, la propuesta es concentrar la empresa exclusivamente en refinación y distribución y vender activos no estratégicos para sanear su deuda de aproximadamente 8.500 millones de dólares. El Gasoducto Sur Andino se plantea como eje de desarrollo industrial del sur. El plan contempla también reducir la dependencia del diésel importado del 75% al 50% y la creación de reservas estratégicas de combustibles. La postura general es de coexistencia entre inversión privada y protección ambiental, respetando a las comunidades en zonas de proyectos.Anticorrupción y reforma del estadoLa propuesta anticorrupción combina tecnología y transparencia. El eje es el llamado ‘Shock Anticorrupción Digital’, un sistema de inteligencia artificial aplicado a las contrataciones públicas para detectar sobrecostos y riesgos de colusión, la publicación en tiempo real del 100% de licitaciones, contratos y adendas, y la creación de un Observatorio Ciudadano de Compras Públicas. La Contraloría recibiría nuevas facultades sancionadoras y herramientas de monitoreo automatizado; se prohibiría contratar con el Estado a empresas sancionadas por corrupción; y las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios serían interoperables con la SUNAT y la UIF para la detección temprana de irregularidades. La meta al 2031 es reducir en 30% las pérdidas anuales por corrupción, que hoy alcanzan los 24.268 millones de soles, según la Contraloría. En materia de reforma del Estado, propone modernizar el servicio civil bajo el sistema meritocrático de SERVIR, establecer el Expediente Judicial Electrónico como obligatorio en todos los distritos judiciales y reducir en 30% los tiempos procesales promedio.Campo y reforma agrariaLa abanderada de Fuerza Popular aborda el campo desde la lógica de la infraestructura y la productividad. Según su diagnóstico, solo el 34,4% de la superficie agrícola cuenta con riego (el nivel más bajo en años recientes) y apenas el 3,1% de los productores recibe asistencia técnica, frente al 6,7% de 2018. Para revertir esa tendencia, propone impulsar los grandes proyectos hídricos pendientes, como Chavimochic III, Majes Siguas II, Alto Piura, Poechos II, Chinecas y Puyango-Tumbes, y elevar la superficie con riego tecnificado del 34% al 60% para el 2031. También plantea la entrega de 5.000 tractores financiados por el Estado, seguros climáticos paramétricos para pequeños productores, un Plan de Cadenas de Frío y Acopio Productivo para reducir pérdidas postcosecha del 30-40%, y la meta de integrar al 50% de los pequeños productores en cadenas de valor formales o exportadoras. La defensa comercial del agro peruano con medidas antidumping y la reactivación de PRONAMACHCS completan el cuadro.Paz y política exteriorLa política exterior de Fuerza Popular es pragmática e integrada a su agenda económica. El plan apuesta por mantener y fortalecer los tratados de libre comercio vigentes como herramienta de competitividad y atracción de inversión, y por proyectar al Perú como destino confiable para el capital extranjero mediante seguridad jurídica, previsibilidad regulatoria e independencia del Banco Central. La cooperación internacional se concibe principalmente como canal para financiar proyectos de infraestructura, energía y seguridad, y el combate al narcotráfico y el crimen organizado transnacional se plantea en el marco de la colaboración bilateral y multilateral.Víctimas, derechos humanos y paz internaEl plan de Fuerza Popular aborda la atención a víctimas principalmente desde la óptica de la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia. Propone incrementar el número de abogados de oficio especializados en víctimas priorizando los distritos con mayor incidencia delictiva, y crear el programa ‘Manos que Reparan’, mediante el cual internos de baja y mediana peligrosidad realizarían trabajos de mantenimiento en colegios y espacios públicos como mecanismo de reparación civil y reinserción. Para mujeres y menores afectados por la violencia, contempla servicios integrales de apoyo, y las Brigadas de Autoprotección Escolar operarían contra la violencia escolar y el reclutamiento juvenil por parte de las pandillas.Pueblos y territoriosLa propuesta para los territorios combina redistribución del canon minero con integración al mercado. El plan contempla que hasta el 40% del canon sea redistribuido directamente a las comunidades de las zonas de extracción (con control comunitario, la implementación del SIPMMA para trazabilidad en la pequeña minería artesanal y la consulta previa como mecanismo de diálogo en proyectos mineros y energéticos. El plan de Gobierno de Fujimori reconoce la diversidad y rechaza toda discriminación por origen étnico o creencias, y apuesta por la articulación vial del campo con la ciudad como vía de integración de las comunidades rurales al mercado nacional. El modelo general propone una coexistencia entre la inversión privada y el respeto a las comunidades indígenas.Mujeres y política socialEn este rubro, el plan aborda la política social desde la focalización y el emprendimiento. Propone mantener y fortalecer los programas sociales existentes (Juntos, Qali Warma, pensiones, vivienda social), crear un sistema de crédito especial para mujeres emprendedoras con asistencia técnica e incubación, y desarrollar una red de guarderías públicas en mercados y zonas comerciales para facilitar la conciliación entre trabajo y familia. Para los trabajadores autoempleados y del hogar, contempla un sistema de protección social que garantice acceso a salud y cobertura básica frente a riesgos. El plan incluye como principio la defensa del derecho a la vida desde la concepción, lo que sitúa a Fujimori en una posición contraria al aborto. Los servicios de prevención de violencia escolar y contra la mujer están contemplados en las Brigadas de Autoprotección Escolar.Infraestructura y conectividadLa candidata de Fuerza Popular apoya la inversión en infraestructura principalmente a través de las Asociaciones Público-Privadas y Obras por Impuestos. El plan prioriza los corredores viales y ferroviarios que conecten los proyectos mineros altoandinos con los puertos, la rehabilitación de caminos rurales en convenio con el Ejército para articular las zonas agrícolas con los mercados regionales, y la ejecución de los 3.000 millones de dólares pendientes en transmisión eléctrica para el sur y el oriente del país. En conectividad digital, plantea que el 80% de las instituciones educativas cuenten con internet resiliente. Para desbloquear la inversión estancada, propone el programa Reactivación (con la identificación y la puesta en marcha de obras paralizadas) y el programa ‘Asiste Regional’, que desplegaría equipos técnicos del MEF y la PCM en los gobiernos locales para destrabar proyectos.