Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, llega a la segunda vuelta con un plan de Gobierno que ha cambiado sustancialmente respecto al que presentó en la primera. El nuevo documento reformula las propuestas en clave de resultados concretos en salud, educación, energía y reducción de la pobreza. Así, las propuestas polémicas de la primera vuelta, como la renegociación de tratados de libre comercio, el cambio al frente del Banco Central de Reserva y la Asamblea Constituyente como vía exclusiva, desaparecen o se suavizan en el nuevo plan. Lo que permanece es la columna vertebral de su proyecto, que consiste en transformar una economía extractiva y desigual en una productiva y soberana, descentralizar el poder hacia los territorios, construir un Estado plurinacional que reconozca a los pueblos originarios y abordar el legado del conflicto armado interno de las décadas de los ochenta y noventa. Seguridad y orden públicoEl plan de Roberto Sánchez era el más detallado en materia normativa en la primera vuelta, pues incluía la derogación expresa de siete leyes aprobadas desde 2023 que, según Juntos por el Perú, favorecen la impunidad del crimen organizado (entre ellas la Ley 32108, que limita el alcance del delito de organización criminal, y la Ley 32326, que restringe la extinción de dominio) y fijaba una meta de reducción de homicidios del 70% con evaluación de integridad del 100% del personal policial. Sin embargo, el plan de segunda vuelta, elaborado en consenso con cuatro agrupaciones aliadas, reduce ese nivel de detalle y encuadra la seguridad dentro de su primera transformación junto con anticorrupción y reforma judicial. El candidato lo describe como la construcción de políticas con participación comunitaria, enfocadas en la prevención y las causas estructurales de la violencia, sin reproducir las metas ni las leyes específicas del plan original. En ambas versiones se mantienen el planteamiento de reforma estructural de la PNP (con la depuración de mandos comprometidos con redes criminales y un nuevo régimen de ascensos), la creación del Sistema Nacional Integrado de Información Criminal con una Unidad Especial de Inteligencia Financiera y Ciberdelito, y el enfoque territorial basado en juntas vecinales y organizaciones comunitarias. El candidato también propone el fortalecimiento de fiscalías especializadas en extorsión, sicariato, trata de personas y lavado de activos, e impulsaría veedurías ciudadanas sobre la actuación policial bajo un enfoque explícito de derechos humanos.Economía y política fiscalEl plan de primera vuelta de Roberto Sánchez planteaba una ruptura explícita con el modelo neoliberal, como la renegociación de tratados de libre comercio, el control estatal directo de recursos estratégicos como gas, petróleo y puertos, la prohibición de concesiones que otorguen ventajas a inversores extranjeros, el impuesto a las sobreganancias y un cuestionado cambio al frente del Banco Central de Reserva. El plan de segunda vuelta, construido en consenso con cuatro agrupaciones aliadas, modera ese lenguaje y reformula las soluciones en clave de resultados medibles. No obstante, el diagnóstico se mantiene, pues el candidato señala en su plan de Gobierno que cerca del 70% del empleo es informal y más del 60% de las exportaciones son extractivas, pero la propuesta central pasa a ser una Nueva Matriz Productiva con cuatro palancas: industrialización inteligente, fortalecimiento de la agricultura familiar y las MYPE, empleo digno y reforma tributaria progresiva. Las metas fijadas al 2031 son que el 40% de las exportaciones incorporen valor agregado, elevar la inversión en I+D del 0.15% al 0.50% del PBI, instalar 10 complejos industriales descentralizados y reducir la informalidad laboral por debajo del 60%. La renegociación de TLC y la propuesta de cambiar al presidente del BCRP (dos de las propuestas más polémicas de la primera vuelta) desaparecen del nuevo documento.SaludLa propuesta de salud de Roberto Sánchez ha variado significativamente entre los dos planes. El documento de primera vuelta era más ambicioso en términos de recursos, pues fijaba como meta destinar el 8% del PBI al sector (frente al 4.2% actual) y sustentaba esa exigencia en datos contundentes: el 95.89% de los establecimientos de primer nivel tienen capacidad instalada inadecuada, hay apenas 4 médicos por cada 10.000 habitantes cuando la OMS recomienda 43. El plan de segunda vuelta abandona el porcentaje del PBI como meta y fija en cambio una promesa de cobertura: garantizar servicios esenciales al 95% de la población para 2031, reducir de manera sostenida la mortalidad materna e infantil y fortalecer el primer nivel de atención con enfoque comunitario. Introduce además el concepto de ‘sistema único de salud’ (que no aparecía con esa denominación en el plan original). Además, propone un Sistema Nacional de Cuidados orientado a reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado realizado mayoritariamente por mujeres.EducaciónAmbos planes de Roberto Sánchez coinciden en fijar como horizonte de inversión el 6% del PBI en educación, el umbral mínimo recomendado por la UNESCO, frente al 4.24% actual, y en el diagnóstico de una brecha de infraestructura estimada en 158.832 millones de soles por el Ministerio de Educación. El plan de segunda vuelta añade metas de resultado más precisas que el original no contemplaba: el 100% de escuelas rurales con agua, saneamiento y electricidad, y el 90% de adolescentes que culminen la secundaria al 2031. Sin embargo, el nuevo documento elimina los compromisos más específicos con el magisterio y la universidad pública que sí figuraban en el plan de la primera vuelta, como formar a más de 250.000 maestros en programas de educación continua, aumentar la matrícula pública universitaria en un 50% y triplicar el número de docentes a tiempo completo en universidades públicas. En ambas versiones se mantiene la propuesta de revalorizar las lenguas originarias en todos los niveles educativos y de abordar la inequidad territorial como eje central del sistema.Energía y medio ambienteRoberto Sánchez plantea una transición ecológica más ambiciosa en sus metas, más restrictiva en su modelo de gestión. Su plan fija que las energías renovables deben superar el 40% de la matriz energética al 2031 y comprometerse a reducir la deforestación en un 50%, con énfasis en la protección de la Amazonía y las cabeceras de cuenca. Propone el ordenamiento territorial vinculante en el 100% de las regiones y una estrategia integral de adaptación al cambio climático que proteja cuencas y glaciares. El candidato no concibe la energía como un sector para la inversión privada competitiva, sino como un recurso estratégico bajo gestión directa del Estado. Gas, petróleo, agua y electricidad quedarían reservados para la iniciativa pública, y se prohibirían las concesiones que otorguen ventajas especiales a inversores extranjeros o que pongan en riesgo la soberanía energética. La transición ecológica se presenta además como una fuente de empleos verdes y como condición para el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas de la Amazonía.Anticorrupción y reforma del estadoRoberto Sánchez plantea la lucha anticorrupción como una transformación cultural y estructural, no solo tecnológica. Sus propuestas más llamativas (presentes en ambas versiones del plan) son la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Propone además instituir veedurías ciudadanas en los niveles nacional, regional y local como mecanismo de control social permanente, y garantizar la autonomía real de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y demás organismos autónomos. En la primera vuelta, el candidato hacía mención a los vicios de la Constitución de 1993, incluyendo la modificación de 110 artículos, equivalente al 57,5% del texto. En el plan de segunda vuelta, la Nueva Constitución aparece como componente de la primera transformación junto con anticorrupción y reforma judicial, usando expresiones como ‘Nuevo Pacto Social’ y ‘participación popular’.Campo y reforma agrariaRoberto Sánchez concibe el campo desde la soberanía alimentaria y la justicia territorial. El sector agrícola es para su plan el motor del cambio: la pobreza rural bordea el 40%, casi el doble que la urbana, y el sector que alimenta al país es, en sus palabras, el más olvidado. Su propuesta central es reconocer a la agricultura familiar como la columna vertebral del desarrollo nacional, no como un sector residual, y reducir la pobreza rural en al menos 10 puntos porcentuales al 2031 asegurando infraestructura productiva de riego y de caminos en los corredores clave. El programa contempla crédito, asistencia técnica y acceso a mercados para las MYPE y los agricultores familiares, integración de productores locales en compras públicas y comedores populares, y apoyo a cooperativas y economías solidarias. Además, el plan de Sánchez pone énfasis en las condiciones de propiedad y acceso a la tierra, y prohíbe explícitamente las concesiones que generen desposesión o afecten a comunidades campesinas e indígenas.Paz y política exteriorRoberto Sánchez defiende una política exterior soberana y latinoamericanista que constituye una de las diferencias más nítidas entre ambos candidatos. Su plan propone reposicionar a Perú como actor activo en los procesos de integración regional, promoviendo una agenda de soberanía económica, transición ecológica y justicia social en América Latina. Contempla la adhesión a la UNASUR y el acercamiento a los BRICS como bloques de desarrollo alternativos al eje occidental dominante. Asimismo, rechaza explícitamente la injerencia de potencias extranjeras en los asuntos internos del país.Víctimas, derechos humanos y paz internaRoberto Sánchez es el único de los dos candidatos que aborda de forma central el legado del conflicto armado interno. Su plan contempla la creación de una Comisión Plurinacional de la Verdad y Justicia Transicional para atender las 69.280 víctimas del conflicto entre 1980 y 2000, de las cuales 22.667 permanecen desaparecidas y menos del 20% ha recibido reparación económica directa, así como la creación de un Fondo Nacional de Reparaciones Integrales y la desclasificación de archivos militares y policiales para la determinación de responsabilidades. Propone también la prohibición de indulto o beneficios penitenciarios para violadores de derechos humanos, y una ley de protección integral de defensores de derechos humanos y ambientales. El plan reivindica además a las víctimas de las protestas de 2022-2023, en las que fallecieron al menos 50 personas, y plantea el derecho a la protesta como principio constitucional, con fiscalías especializadas en violencia policial y abuso de poder.Pueblos y territoriosRoberto Sánchez propone la transformación más profunda en este rubro: la construcción de un Estado plurinacional en el que los pueblos originarios tengan autonomía, autodeterminación y participación real y vinculante en las decisiones sobre megaproyectos que afecten sus territorios. Su plan contempla el reconocimiento y el fortalecimiento de los sistemas normativos indígenas dentro del ordenamiento jurídico nacional, la representación de pueblos originarios en el parlamento, y la creación de medios de comunicación públicos multilingües gestionados por las propias comunidades indígenas y afroperuanas. En el plano económico territorial, el plan de segunda vuelta introduce una de sus novedades más concretas: revertir la concentración del 45% del PBI en Lima y Callao, con la meta de aumentar en 10 puntos porcentuales la participación del resto de regiones en la economía nacional al 2031. Para conseguirlo, el candidato propone una descentralización efectiva con transferencia real de poder, recursos y competencias fiscales a los territorios, y un modelo de desarrollo endógeno basado en las vocaciones productivas y culturales de cada región.Mujeres y política socialRoberto Sánchez convierte la igualdad de género y la eliminación de la violencia en uno de los cuatro pilares de su programa. Su propuesta más novedosa es la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, orientado a reconocer y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado realizado mayoritariamente por mujeres, que hoy no es remunerado ni contabilizado. También plantea avanzar hacia pensiones dignas y protección frente al desempleo en un sistema universal de protección social. Las metas cuantificables al 2031 incluyen reducir los feminicidios (que el plan cifra en alrededor de 146 al año), y otras formas de violencia grave en al menos un 50%. El plan garantiza derechos para la población LGTBIQ+ y personas con discapacidad, y compromete políticas de prevención y reparación en casos de violencia de género con enfoque interseccional. La igualdad en el acceso a cargos políticos y espacios de poder es también parte del programa.Infraestructura y conectividadEl candidato aborda la infraestructura como instrumento de igualdad territorial y no solo como soporte de la actividad productiva. Su plan señala que Lima y Callao concentran el 45% del PBI mientras las regiones andinas y amazónicas acumulan los mayores índices de pobreza, y propone revertir esa brecha aumentando en 10 puntos la participación del resto de regiones en la economía nacional. Para ello contempla una Infraestructura para la Igualdad: inversión prioritaria en corredores viales, digitales y logísticos que conecten los territorios productivos más olvidados. En cuanto a vivienda, propone elevarla a derecho constitucional, con construcción de casas adaptadas tecnológicamente a zonas de heladas y friaje, y la participación del Banco de la Nación en créditos hipotecarios y préstamos para construcción social. El acceso al agua potable también quedaría establecido como derecho fundamental en la nueva Constitución. Sánchez concibe la inversión en infraestructura como una iniciativa directa del Estado en sectores clave, no solo como el resultado de incentivos a la inversión privada.