Luis Caputo habló cuatro veces en las últimas tres semanas sobre el futuro del kirchnerismo. Lo definió en una ocasión como “el infierno”, vaticinó que “ya no representa en la Argentina ninguna opción electoral” y perjuró que Axel Kicillof “no podrá ser jamás Presidente”. Admitió sin embargo en un foro de empresarios que el mercado “le asigna unos 300 puntos al riesgo kuka” ante la eventualidad de su retorno.La insistente narrativa del ministro de Economía podría encerrar dos interpretaciones. Se trata de una simple obsesión. O de un gesto desesperado para encubrir al Gobierno también en dos facetas. La ausencia en esta coyuntura de una estrategia política y de comunicación. La persistencia y el recrudecimiento de peleas internas que empiezan a exceder al clásico que acostumbran librar Karina Milei, El Jefe, y Santiago Caputo, el gran asesor de las comunicaciones libertarias.Aquel intento de encubrimiento de Caputo puede perseguir otro propósito. Lograr que el kirchnerismo retome un papel opositor más protagónico para que el Gobierno pueda agitar el fantasma del pasado. La principal oposición transita un problema todavía sin solución: se siente inhibido para machacar con los casos de falta de transparencia libertaria en el poder que se están multiplicando. No destraba el candado que significa para despejar el horizonte la prisión domiciliaria por causas de corrupción de su líder natural, Cristina Fernández.Ante la incomodidad que les genera a Javier y Karina Milei su exhibición solitaria en la vidriera pública, vienen urdiendo un mecanismo defensivo para que la combinación de la difícil realidad de la economía de bolsillo con los casos de corrupción no vuelva a erosionar las expectativas sociales. De acuerdo con la mayoría de los encuestadores, aquellas han vuelto a estabilizarse después de la pronunciada caída que estimuló el escándalo de Manuel Adorni y su turbiedad patrimonial.Aquel mecanismo defensivo no tendría nada novedoso. Sería una réplica rústica de lo que en su momento supo ensayar también el kirchnerismo. Por un lado, cubrir lo más rápido posible las 364 vacantes existentes en el Poder Judicial mediante el envío de tandas sucesivas al Senado. Nada para objetar, salvo algunos procedimientos bien sospechosos, sobre un vacío que durante años ni el kichnerismo ni el macrismo por incapacidad para acordar lograron subsanar. Por otro, la pretensión de profundizar los límites a la labor del periodismo que ahora se observa acosado por la constante retórica hostil del poder libertario.El punto emblemático de aquel vacío judicial que el sistema político no pudo completar fue la Procuración General de la Nación. La designación definitiva del jefe de los fiscales que hasta octubre del 2017 estuvo representado por la kirchnerista Alejandra Gils Carbó. Ese mes debió dimitir por una causa de administración fraudulenta en la venta de un inmueble. Desde ese momento, hace ya 9 años, quedó a cargo de manera interina Eduardo Casal.Las diferencias entre Cristina y Alberto Fernández impidieron avanzar con una solución. La ex presidenta rechazó desde el inicio la postulación del juez Daniel Rafecas. Fue quien sustanció inicialmente la causa Ciccone (2012), luego tomada por Ariel Lijo, que concluyó con una condena de cinco años y 10 meses para Amado Boudou. El ex vicepresidente ha pasado últimamente por San José 1111, donde Cristina cumple arresto.La cobertura de las vacantes judiciales repuso las fricciones entre Karina y Patricia Bullrich. La colisión oficial cumbre de este momento. La simulación de una tregua, con una foto de ambas distribuida por la Casa Rosada, duró menos de 24 horas. La senadora había acordado con los bloques en Labor Parlamentaria tratar 50 designaciones. La hermanísima elevó esa cifra a 73. El trámite corrió por cuenta de Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia. Apenas una formalidad.El movimiento desencadenó un coletazo. Victoria Villarruel acusó a Bullrich de descontrol. Prefirió retirarse del Senado. La nómina de los magistrados adicionales aterrizó en la Cámara alta apenas 30 minutos antes del inicio de la sesión. El revuelo motivó un despertar opositor, sobre todo kirchnerista, que forzó la aprobación del pliego de la doctora María Verónica Michelli, vetada por los hermanos Milei.La derrota tuvo, pese a todo, una pizca de sabor dulce y desquite para la senadora. Logró arrear a gran parte de la oposición –incluídos los K-- para que el Senado convalide más del 20% de los nombramientos pendientes en el Poder Judicial. Le había anticipado al Presidente que no estaba dispuesta a votar contra Michelli si la causa esgrimida era sólo su parentesco con un periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon. Uno de los que ha investigado casos de corrupción en la administración libertaria. Hizo pública esa argumentación cuando explicó su postura. Bullrich evitó de todas formas un incendio con la secretaria general: al final se abstuvo.El empeño de los hermanos del poder por descargar una advertencia simultánea a la Justicia y el periodismo contó con un registro indesmentible. Michelli tenía las nueve firmas correspondientes para su designación como jueza de un Tribunal Criminal en La Plata. Pero su pliego no había sido habilitado para la consideración por el titular de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto. Abogado de La Rioja ligado a la familia Menem y, por ende, a Karina.El capricho mileísta circuló de la mano de la impericia. Otra demostración del desorden con que alumbran las decisiones en la cima del poder. El Consejo de la Magistratura había elevado una terna al Poder Ejecutivo en la cual figuraba Michelli. El ministro Mahiques y su segundo, Santiago Viola, hicieron la elección y contaron con la convalidación inicial de Karina. La información que se filtró luego sobre el parentesco de la jueza con un periodista sacó de quicio a los hermanos. Marcha atrás. El Presidente piensa dejar por ahora congelada aquella designación.Ese episodio enmarañado no constituye una isla en el océano libertario. Uno de los pliegos de mayor interés para los hermanos Milei fue la confirmación de Ana María Cristina Juan como jueza de primera instancia en el Juzgado de Hurlingham. Se trata de la esposa, desde hace más de tres décadas, de Marcelo Martínez de Giorgi. Es el juez que tiene a cargo las investigaciones de los casos $LIBRA, una estafa con criptomonedas en la cual el Presidente tuvo protagonismo por su promoción operativa con un tuit.Fue el primer escándalo de la administración libertaria. Lleva un año y medio de tramitación. Avanzó muy poco. La última novedad resultó el anuncio de la imposibilidad de progresar en la trazabilidad de los fondos a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Al parecer, se utilizaba para la tarea un software de prueba gratuito con vigencia limitada. Los programas alternativos tendrían un costo de entre US$ 50 mil y US$ 400 mil dólares. La Procuración nunca renovó esos contratos debido al recorte de gastos. El fiscal Eduardo Taiano prometió dirigir esos peritajes hacia otras dependencias. Podría sobrevenir una larga siesta.La agenda pública está marcada por otros casos que descubren la obsesión del Gobierno por colonizar los despachos judiciales y, de paso, cerrar los grifos informativos a los cuales acude el periodismo. Los hermanos Milei están persuadidos que el escándalo de Adorni, en especial, escaló solamente por aquella combinación. La alucinación de una presunta maniobra desestabilizadora.¿Alguien puede suponer que la sorprendente irrupción del juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, no tuvo ninguna vinculación con aquella inquietud de los hermanos? El camarista redactó una carta a Diego Barroetaveña, titular de la Casación que integra, para que el Poder Judicial analice la conveniencia de no suministrar información a la prensa para cuidar el buen nombre y honor de los magistrados. Según su visión, estarían siendo sometidos al maltrato y la burla. Si así ocurriera, representaría un intento claro de censura previa.El magistrado acaba de conseguir de parte del gobierno libertario la prórroga de su edad judicial para continuar en funciones por cinco años más. Permanecerá en la Cámara Federal de Casación hasta el 2031. Fue una de las primeras tareas que llevó adelante su hijo, el ministro de Justicia. Aquella misiva de Mahiques padre tampoco fue bien recibida en Comodoro Py. “No necesitamos vigilantes, ya tenemos algunos”, ironizó uno de los jueces más caracterizados de esa sede.Los hermanos Milei parecen embarcados ahora en una lucha desigual. No por alguna maldad expresa de los jueces o los periodistas. Simplemente porque cada tanto emergen nuevas presunciones de corrupción. O casos concretos. Uno de ellos es la detención de Facundo Leal, ex titular de la ARSAT y del ORSNA, involucrado en una compleja investigación de Lino Mirabelli, juez federal de San Isidro, donde se entrelazan negociados, lavado de activos, espionaje ilegal y narcotráfico.La figura de Leal incomoda muchísimo al gobierno libertario más allá de todos sus disimulos. Llevaba dos décadas en el Estado y con Alberto Fernández alcanzó la titularidad de la empresa ARSAT, bajo el auspicio peronista y massista. El gobierno de los hermanos Milei lo encumbró al frente del ORSNA, el organismo regulador aeroportuario. Se mantuvo en el cargo hasta principios de este año cuando presentó la renuncia.Si Karina sobrelleva la acusación de las supuestas coimas de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) quizá su enemigo, Santiago Caputo, deba explicar algo del caso Leal que estuvo bajo su órbita de influencia. La continuidad del detenido en dos gobiernos de apariencia antagónica expondría los niveles de contaminación de la política.Solo con el palabrerío no alcanza para ser diferente.