Por el primer oleoducto destinado a la exportación y el proyecto más avanzado para exportar gas desde la costa de Río Negro, el gobierno de Alberto Weretilneck estima recaudar casi 1.000 millones de dólares en la próxima década. Se trata de sólo un ejemplo de cómo las provincias se esmeran por captar beneficios del desarrollo de los sectores estrella como la energía y la minería, generando a veces tensiones con los inversores que quieren apañar.Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, impuso mediante ley que 90% de los trabajadores de la actividad minera de la principal provincia productora de oro y plata sean santacruceños, a semejanza de otros estados que también exigen que se contrate a sus proveedores: Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan, entre ellas.Por mandato legal, los estados del interior son los dueños de los recursos que prometen grandes riquezas para el país, con inversiones y exportaciones multimillonarias. La incógnita a despejar mediante las duras pujas que se están librando es quién se beneficia con esa bonanza.Los productores de hidrocarburos prevén para este año exportaciones por más de 11.000 millones de dólares y los de minerales estiman que llegarán a US$ 9.000 millones. Esas ventas al exterior están soportadas con inversiones que prometen multiplicarse geométricamente en el próximo lustro.Con ese oasis económico esbozado, los estados del Interior disponen de diferentes herramientas para arrimarse a la orilla de ese espejo de agua, con el loable propósito de beneficiar a sus coterráneos y, naturalmente, fortalecer la caja de las gobernaciones de turno.Río Negro puede ser un caso testigo. Desplazó a Buenos Aires en la puja por la radicación del puerto desde el que se van a exportar al mundo los 550 mil barriles día que promete el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS). Con el liderazgo de YPF esta iniciativa que integra a otros productores de crudo como Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa, Vista, Chevron, Tecpetrol, Shell y Gas y Petróleo de Neuquén despachará crudo desde Punta Colorada y no desde Bahía Blanca, como se pensó inicialmente.Esa sociedad privada firmó con la provincia patagónica un acuerdo que habilitó una serie de pagos extra, necesarios para recaudar alrededor de US$ 600 millones en una década.La legislatura provincial avaló el documento, instituyendo formalmente los siguientes tributos: el “Aporte al Desarrollo Territorial” por única vez de 60 millones de dólares; un “Aporte Comunitario” de 40 millones de dólares anuales durante trece años; otros US$ 3 millones anuales por tasas de fiscalización y control (una extrañeza: la competencia natural es la Nación, ya que el ducto atraviesa varias provincias). Finalmente, se imponen otros US$ 14 millones por el “uso del dominio público portuario, hídrico y costero”.El 30 de abril los legisladores de Río Negro también ratificaron otro acuerdo con inversores, que reproduce similar esquema recaudatorio. En este caso, fue con Southern Energy y San Matías Pipeline SA, responsables de poner en marcha la primera planta de gas licuado del país, que permitirá despacharlo por barco al mundo.El proyecto, que incluirá un gasoducto e instalaciones portuarias, promete reforzar la recaudación provincial en 490 millones de dólares en las dos próximas décadas, según informó días atrás el gobierno de Río Negro.A cambio, no se cobran Impuesto a los Sellos para ninguno de los dos grandes proyectos exportadores.Neuquén, epicentro del boom petrolero, también despliega su creatividad.Logró cobrar un bono de 100 millones de dólares cuando Exxon vendió sus activos de Vaca Muerta a la local Pluspetrol por US$ 1.600 millones.Fue una hábil negociación del gobernador Rolando Figueroa que desde entonces instituyó de facto un pago de alrededor de 6% sobre este tipo de transacciones.Para aquella imposición argumentó que la firma provincial G y P, a la que estaba asociada Exxon, resignó el “first refusal”, derecho a ser priorizada a la hora de vender un activo que le pertenecía. Algo legal pero ajeno a las posibilidades económicas reales de esa empresa estatal.Neuquén también tiene una ley de compre neuquino, que obliga a que el 60% de las contrataciones de las empresas de hidrocarburos incluyan a firmas locales. El propósito de retener riqueza en la jurisdicción es política y éticamente válido, aunque el sistema puede enrarecerse.Hoy existen en la provincia 800 empresas certificadas para honrar esa obligación, aunque no todas son estrictamente locales: la bonaerense Coviarq sería un ejemplo: aunque oriunda de La Plata tiene certificado como neuquina.Así se fortaleció un núcleo de nombres que dominan ese mercado limitando de hecho la competencia y propiciando algunos altos precios: una estructura metálica para un galpón puede costar en un taller neuquino 180% más que en uno santafesino, según da fe una empresa que opera en el territorio.as leyes de compre y contratación de mano de obra locales también existen en las provincias mineras, donde los inversores las aceptan a cambio de algún beneficio que negocian proyecto por proyecto: una especie de “toma y daca” con las gobernaciones, que son responsables de otorgar las licencias de explotación y cobrar los cánones. De modo que para las empresas es clave congraciarse.“Las leyes de compre tendrían que ser superadas por una prioridad local”, relativizó en público Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Diplomáticamente, pidió suavizar la exigencia de tener que contratar a empresas de la provincia donde se realiza la explotación.A los mineros también les incomoda la obligación de tomar ineludiblemente empleados oriundos de la provincia donde se desarrolla la actividad. “Podemos cumplir con el 90% de ocupación santacruceña”, se anima el vocero empresario. “Pero eso sólo para algunos puestos, no los de mayor calificación”, precisa de inmediato.Junto a las gobernaciones, las petroleras y mineras están desarrollando programas de capacitación de mano de obra, ya que la cantidad de personal calificado que requerirán los mega emprendimientos en ejecución prometen absorberlos. Y hasta se preocupan porque se reediten situaciones singulares: para terminar el gasoducto Perito Moreno (ex GNK), hubo que contratar a veintiocho soldadores turcos.Pero la obligación rígida de contratar sí o sí a trabajadores o empresas locales funciona como una valla interna, que obstaculiza el pasaje de recursos de una provincia a otra y difícilmente sea respetada de manera estricta.Las provincias que no son petroleras ni mineras también quieren sumarse al prometido banquete, integrando las mentadas cadenas de valor para ser proveedores de bienes y servicios.De ahí que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se hayan sumado a los debates de la Mesa de la Minería constituida semanas atrás en San Juan, en un cónclave al que asistió Karina Milei. Muerta y el desarrollo minero pueden ser políticas de Estado. Pero los cercos internos que imponen las provincias productoras pueden complicarla.