La relación entre tecnología, poder político y protección ciudadana atraviesa uno de sus momentos más sensibles. En las últimas semanas, una serie de acontecimientos en Europa y Estados Unidos volvió a poner en el centro del debate cuestiones que van desde la inteligencia artificial hasta la seguridad digital infantil, pasando por la regulación de plataformas y la necesidad urgente de fortalecer la alfabetización mediática. El detonante más reciente fue un controvertido manifiesto publicado por Palantir Technologies a mediados de abril. El documento, vinculado al director ejecutivo de la compañía, Alex Karp, propone convertir la tecnología en una herramienta estratégica para consolidar el dominio occidental mediante una alianza más estrecha entre Silicon Valley y los aparatos de defensa estatal. El texto promueve el desarrollo de capacidades de “poder duro” impulsadas por inteligencia artificial y plantea una integración creciente entre empresas tecnológicas y estructuras militares. Las reacciones no tardaron en llegar: diversos académicos y especialistas en derechos digitales calificaron la propuesta como una expresión de “tecnofascismo” y advirtieron sobre los riesgos de concentrar tecnologías avanzadas en manos del Estado y de corporaciones privadas con influencia creciente sobre sistemas de vigilancia, seguridad y gobernanza.