Hace unos días todos los cordobeses sufrimos el trágico homicidio de Agostina Vega. Un evento de una gravedad espantosa, cuya autoría casi con seguridad recae, al menos, sobre Claudio Barrelier.
El tratamiento de la noticia por parte de los medios resulta, cuanto menos, extraña. La mayoría han puesto el acento en que el principal imputado era empleado municipal.
Se habló del modo en que ingresó a trabajar a la Municipalidad de Córdoba, y de si en ese procedimiento tuvo algún tipo de participación el abogado Ricardo Moreno. Se criticó también a parientes de Moreno por haberse incorporado a organismos públicos por influencias de aquel, controversia que terminó costándole el cargo de Concejal.
Al mismo tiempo, se cuestionó a las propias autoridades del municipio por no haber conocido los antecedentes penales de Barrelier ni tomado cartas en el asunto; el propio Intendente pidió disculpas públicas por televisión, solicitó la renuncia de todas las autoridades de la Dirección de Tránsito -donde el acusado "laburaba"- y promovió una ordenanza que exija controles más estrictos, certificaciones periódicas de carencia de antecedentes y narco-test al plantel municipal.
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