El marciano que al parecer, según la máxima autoridad política de este país, visita tan asiduamente la Argentina, vaya a saber qué haría, pero lo que es seguro que la marciana, si llegase un tres de junio, marcharía. El llamado al #3J mostró una movilización multitudinaria de mujeres y, unos pocos varones, en todo el país, contra la violencia institucionalizada de género y bajo el lema “nos queremos vivas, libres y desendeudadas”. Las estadísticas revelan que cada 30 horas una mujer y/o niña es asesinada en la Argentina en manos de un varón. El 2025, contabilizó 200 víctimas de femicidio directo contra 228 registradas en 2024 y 19 personas asesinadas por integrar el entorno de una mujer. En el 83% de los casos existía un vínculo previo entre víctima y agresor. Esto representa hoy una de las principales causas de muerte, en el orden de lo evitable. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, las tasas de incidencia varían por provincias, siendo más altas en el noreste argentino, seguido de Catamarca, Chubut y Neuquén. Mientras que Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa y San Juan tiene índices de marcadamente menores. El hartazgo que desató el repudiable crimen de Agostina, dejó en evidencia que esta violencia hoy no representa un atributo actitudinal en el plano individual, sino que se sostiene por la aceptación (u omisión) de una gran parte de la sociedad y su uso estatal como instrumento de control. Es decir, un Estado que legítima relaciones de poder desiguales, que de formas casi imperceptibles penetran el tejido social y abonan una subordinación que remite a edades prehistóricas. Esto no es casual. Uno de los elementos del Estado es precisamente (además del territorio y el gobierno) la población. Por lo que, es esperable que, bajo éticas y estéticas romantizadas, se ejecuten estrategias de control, como el actual uso de los vientres con la intención de poblar la nación y “hacer grande la Argentina nuevamente” (sic).
Ahora que sí nos ven
El marciano que al parecer, según la máxima autoridad política de este país, visita tan asiduamente la Argentina, vaya a saber qué haría, pero lo que es seguro que la marciana, si llegase un tres de junio, marcharía. El llamado al #3J mostró una movilización multitudinaria de mujeres y, unos pocos varones, en todo el país, contra la violencia institucionalizada de género y bajo el lema “nos queremos vivas, libres y desendeudadas”. Las estadísticas revelan que cada 30 horas una mujer y/o niña es asesinada en la Argentina en manos de un varón. El 2025, contabilizó 200 víctimas de femicidio directo contra 228 registradas en 2024 y 19 personas asesinadas por integrar el entorno de una mujer. En el 83% de los casos existía un vínculo previo entre víctima y agresor. Esto representa hoy una de las principales causas de muerte, en el orden de lo evitable. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, las tasas de incidencia varían por provincias, siendo más altas en el noreste argentino, seguido de Catamarca, Chubut y Neuquén. Mientras que Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa y San Juan tiene índices de marcadamente menores. El hartazgo que desató el repudiable crimen de Agostina, dejó en evidencia que esta violencia hoy no representa un atributo actitudinal en el plano individual, sino que se sostiene por la aceptación (u omisión) de una gran parte de la sociedad y su uso estatal como instrumento de control. Es decir, un Estado que legítima relaciones de poder desiguales, que de formas casi imperceptibles penetran el tejido social y abonan una subordinación que remite a edades prehistóricas. Esto no es casual. Uno de los elementos del Estado es precisamente (además del territorio y el gobierno) la población. Por lo que, es esperable que, bajo éticas y estéticas romantizadas, se ejecuten estrategias de control, como el actual uso de los vientres con la intención de poblar la nación y “hacer grande la Argentina nuevamente” (sic).
