La desaparición y el posterior feminicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado sábado en la provincia argentina de Córdoba, ha vuelto a situar al país frente a una situación dolorosamente conocida. La conmoción social provocada por la muerte violenta de la menor ha coincidido con el aniversario de la primera movilización de Ni una menos, nacida precisamente tras el asesinato de otra adolescente de 14 años, Chiara Páez. Y ha hecho estallar un malestar generalizado que el pueblo de Argentina lleva años arrastrando, aunque de forma muy agudizada desde que el ultraderechista Javier Milei llegó a la Casa Rosada.PublicidadDespués de más de una década de movilizaciones feministas que dieron sus frutos en una serie de reformas legales, la pregunta es, ¿por qué siguen repitiéndose patrones que las organizaciones llevan años denunciando? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones? Y, ¿cuáles son las consecuencias que están teniendo las políticas negacionistas de la violencia machista sobre las vidas de las mujeres argentinas?¿Qué hizo el Estado?La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, considera que el asesinato de Agostina Vega evidencia que la violencia machista es una cuestión estructural. "Los femicidios no son hechos aislados ni episodios excepcionales: son la expresión más extrema de una trama de violencias que afecta a mujeres, niñas y diversidades", recuerda. Desde los primeros días de la desaparición, distintas organizaciones feministas denunciaron que el foco se estuviera poniendo en la vida sexual de la menor, especulando con ideas como que la adolescente podía estar con un novio o que se había escapado. Belski advierte -en declaraciones para Público- que cuando las instituciones colocan el foco sobre las supuestas decisiones personales de una niña desaparecida, se reproducen estereotipos de género que terminan desviando la atención de la obligación principal del Estado, que es buscarla de forma inmediata y sin demoras. "En desapariciones de niñas y adolescentes, cada hora cuenta", subraya la directora ejecutiva de Amnistía. Y el asesinato de Agostina Vega, lamentablemente, ha servido justo para visibilizar muchos de los fallos y negligencias que pueden ocurrir durante investigaciones en casos de este tipo si la coordinación no es la adecuada.PublicidadAmnistía Internacional recuerda que el Estado tiene obligaciones que van mucho más allá de castigar a los responsables una vez cometido el delito, pues debe detectar los riesgos, acompañar a las víctimas y garantizar el acceso efectivo a la justicia. Cuando las instituciones "no creen, no escuchan, no coordinan o no actúan a tiempo", sostiene Belski, el sistema también falla. Todas las críticas iniciales a los sesgos y prejuicios misóginos en torno a los que inicialmente giró la desaparición de la niña de 14 años, se recrudecieron al conocerse que el principal sospechoso había sido denunciado previamente por otra mujer que consiguió escapar de una situación de extrema violencia. Más allá de este caso de asesinato en concreto, desde Amnistía consideran que los antecedentes de violencia deberían activar mecanismos de evaluación y seguimiento concretos.Según recuerda Belski, el último informe del Registro de Femicidios de la Corte Suprema argentina señalaba justamente que en "el 44% de los feminicidios registrados existían antecedentes previos de violencia de género" y que únicamente en "el 18% de los casos las víctimas habían llegado a denunciar". PublicidadSe sabe que muchas mujeres no denuncian por miedo, por encontrarse en una situación de dependencia económica o por desconfianza en unas instituciones que a menudo no ofrecen la protección que se espera de ellas. Pero también que incluso cuando existen señales de riesgo, las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes. El sistema hace aguas por todas partes y el negacionismo ultraderechista no ayuda.Las vidas de mujeres y niñas "no valen nada"La activista feminista y fundadora del colectivo Mujeres que no fueron tapa, Lala Pasquinelli, va más allá. Ella considera que las omisiones institucionales forman parte de un problema mucho más profundo relacionado con la forma en que la sociedad valora las vidas de las mujeres y las niñas: "No valen nada", afirma. Para Pasquinelli, aunque ha habido avances importantes en términos de concienciación social, los estereotipos continúan condicionando la actuación institucional y contribuyen a generar un ambiente de impunidad. "La idea de que las mujeres mentimos" o "exageramos" sigue presente en distintos ámbitos, sostiene la abogada y escritora, y termina influyendo tanto en las investigaciones como en las respuestas judiciales. Una de las cuestiones que más insisten en destacar tanto las organizaciones feministas como los organismos especializados es que los feminicidios representan únicamente la manifestación más extrema de un fenómeno mucho más amplio. "Si solo miramos los femicidios consumados, llegamos tarde", advierte Mariela Belski.Esta discusión resulta especialmente relevante porque las estadísticas oficiales suelen centrarse en las muertes consumadas, mientras que las organizaciones reclaman incorporar también las tentativas de feminicidio, las desapariciones y otras formas de violencia machista que permiten identificar bien las situaciones de riesgos antes de que sea demasiado tarde. Para Pasquinelli, además, ampliar la mirada permite comprender que "estamos frente a un entramado de violencia que involucra a las instituciones de la sociedad y del Estado", sostiene. Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, las feministas han denunciado el desmantelamiento de políticas públicas orientadas a prevenir y abordar las violencias machistas. Amnistía Internacional sostiene que, desde diciembre de 2023, se han producido recortes que han debilitado las herramientas creadas específicamente para ofrecer atención a las víctimas de violencia de género. Entre ellas, menciona la pérdida de especialización de la Línea 144 -lo que en España es el 016-, la reducción de personal, las modificaciones en los requisitos de acceso al Programa Acompañar y la reducción del alcance de algunas formas de reparación destinadas a hijos e hijas de víctimas de feminicidio.Seguir presionando desde las callesPara Mariela Belski, mantener la presencia en las calles sigue siendo esencial. Es precisamente la presión social la que ha permitido que la violencia machista se sitúe en el marco de los derechos humanos y, así, como un problema que interpela a los responsables públicos. La directora ejecutiva de AI recuerda que también han sido las movilizaciones las que han posibilitado la creación de registros nacionales de feminicidios, la llamada ley Micaela de formación en género para funcionarios públicos, fiscalías especializadas o la ley Olimpia contra la violencia digital. Lala Pasquinelli coincide con ella en la importancia de sostener la movilización. Publicidad"Estamos en un estado de muchísimo malestar, donde la vida está siendo agredida en todos los planos desde el Estado, retirándose el financiamiento de la salud, de la educación, atacando las políticas de prevención y abordaje de las violencias, precarizando la vida de las mujeres a través de la reforma laboral", lamenta Luci Caravallo, referente del colectivo Ni una menos.La feminista explica que el pueblo argentino está sufriendo "una situación donde todas las semanas hay represión" colectivos minoritarios y disidencias, y considera "que ese conjunto de malestares se han catalizado" por el feminicidio de Agostina Vega. "Es lo que nosotras llamamos una desidia organizada desde el Estado. Un Estado que no cree en la palabra de quienes se le acercan, que no busca a las chicas cuando son mujeres y cuando son pobres", expresa Caravallo en declaraciones para Público.El modelo de Estado que está imponiendo el Gobierno de Javier Milei -opina- "desprecia la vida de las adolescentes, jóvenes y pobres" del país y, "para terminar de coronar una cantidad enorme de negligencias, ha puesto a un fiscal a explicar el proceso del operativo que ha terminado felicitando un perro por haber encontrado el cadáver".PublicidadLa activista de Ni una menos lamenta que la ultraderecha esté utilizando las instituciones estatales para "desarmar las políticas de prevención de las violencias", para "promover el odio contra determinados colectivos" y para "hacer lobby contra las políticas de género". Caravallo menciona el aumento de los problemas de salud mental entre adolescentes en un contexto en el que muchas familias afrontan situaciones de pluriempleo y disponen de cada vez menos tiempo para el cuidado y el acompañamiento de hijos e hijas. También critica la retirada de la Educación Sexual Integral (ESI) de las escuelas impulsada por el Ejecutivo ultra. Una decisión que priva a adolescentes y jóvenes de espacios en los que hablar sobre sus relaciones, sus miedos o sus conflictos vitales. La portavoz sostiene que existen "violencias estatales permanentes" que afectan a las adolescencias. Frente a toda esa inacción o, más bien, esa acción de desmantelamiento, sin embargo, "hay un movimiento organizado que debate, produce documentos y construye respuestas colectivas", señala Caravallo. "Estamos organizadas y vamos a seguir organizadas", concluye la militante: "Nuestro horizonte sigue siendo construir la sociedad que soñamos y hacerlo desde una oposición transfeminista capaz de hacer frente al avance de la ultraderecha".PublicidadLas víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.