El éxito del Mundial depende de por dónde se mire. Jennifer Li, directora de la coalición Dignity 2026, que reúne a decenas de grupos nacionales e internacionales para abogar por un torneo que tenga en cuenta a las comunidades que lo sostienen, lo sabe perfectamente. “Creo que la FIFA lo calificará de éxito. Creo que para los aficionados al fútbol va a ser excelente: desde que empiecen los partidos hasta que suene el pitido final, todos vamos a sentir una enorme descarga de dopamina. Pero no podemos olvidarnos de las personas que realmente viven aquí, porque este Mundial se está celebrando sobre sus espaldas”, dice por videollamada una semana antes de que ruede el balón. Li coordina y lidera a organizaciones de la sociedad civil que están trabajando por hacer que el mayor evento deportivo del planeta garantice los derechos de trabajadores y asistentes, en el presente y también en el futuro. Los frentes son variados, desde temas de salud pública hasta derechos laborales o de vivienda. Pero tal vez el más sonado ha sido la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los partidos y, en general, en las actividades que se celebrarán en torno al Mundial. Por todo el país han redoblado sus esfuerzos los grupos, que se movilizaron desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump con el despliegue de una ofensiva migratoria sin precedentes.El guion es similar en todos lados. En Dallas, la organización El Movimiento DFW ha intensificado sus entrenamientos para que la gente conozca sus derechos migratorios, ha fortalecido su línea telefónica directa donde pedir apoyo en caso de una detención y ha repartido kits con silbatos e información en la comunidad. “Mientras los gobiernos elaboran planes de seguridad, las comunidades de inmigrantes también están preparando planes de emergencia. En todo el país, las familias asisten a cursos de formación sobre sus derechos. Los padres están elaborando listas de contactos de emergencia. Los voluntarios están creando redes de respuesta rápida. Los abogados también están organizando asistencia jurídica. Los miembros de la comunidad están aprendiendo a quién llamar si un ser querido es detenido o desaparece en el sistema de inmigración”, dice Azael Álvarez, un organizador de El Movimiento, que trabaja en uno de los lugares donde más detenciones migratorias ha habido en el país. Texas ha sido una especie de campo de entrenamiento para políticas migratorias que luego se han aplicado a nivel federal, dice Jennefer Canales-Pelaez, abogada del Immigrant Legal Resource Center en Houston. En los últimos días, la ley estatal SB4 ha entrado en vigor tras años de vaivenes jurídicos permitiendo a llamados “agentes de la paz”, que incluyen desde un guarda forestal hasta un alguacil, arrestar a cualquiera que considere que está en Texas sin autorización. “En otras palabras, permite el perfilamiento racial”, señala Canales-Pelaez. “Nuestros residentes y visitantes deben conducir con precaución en nuestra ciudad y nuestro Estado. Por lo tanto, recuerden que todas las personas que se encuentran en Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria, gozan de derechos recogidos en la Constitución. El más importante de ellos es el derecho a guardar silencio”, advierte la abogada, pronosticando una fuerte presencia policial. La coalición No ICE in the Cup, que reúne otros 70 grupos a nivel nacional, combina la misma agenda de formación de la comunidad, en materia de derechos, así como fortalecimiento de equipos de apoyo. Pero también lo hace en paralelo a iniciativas más positivas, enfocadas en generar lazos en las comunidades. “Acabamos de celebrar un torneo de fútbol juvenil en Brooklyn en el que colaboramos con una organización local de Nueva York dedicada a la inmigración. Estos pequeños eventos comunitarios tienen un gran impacto en las comunidades. Lo que permitió que la resistencia y la lucha contra el ICE en Minneapolis tuvieran éxito, si se le puede llamar así, fueron esas pequeñas y complejas conexiones entre vecinos. Eso es lo que estamos construyendo aquí”, explica Paola Mendoza, una artista y organizadora de la coalición, que ha estado involucrada en este tipo de iniciativas desde la Women’s March durante el primer mandato de Trump. En su página web se pueden descargar pósteres hechos por artistas, así como vincularse a la coalición de diferentes maneras u organizar un Watch Party abierto al público. La preparación de la comunidad para posibles redadas migratorias en el marco del Mundial es hasta cierto punto preventiva. Las autoridades han dado mensajes contradictorios mes a mes sobre la presencia del ICE en los estadios mundialistas y sus alrededores. Mientras que un miembro de la Administración asegura que el ICE definitivamente estará presente, otro lo desmiente o recula, y matiza que estarán solo cumpliendo labores de apoyo de seguridad. Algunas autoridades locales en ciudades sede han asegurado que las fuerzas del orden locales no colaborarán en labores migratorias, pero en otros lugares, como en Texas, puede que sea todo lo contrario. Un sondeo reciente del Washington Post encontró que la mayoría de los estadounidenses rechaza que el ICE esté presente en los estadios. De cualquier manera, las comunidades se están preparando para lo peor. Las organizaciones también están luchando por los derechos laborales de quienes sostienen el evento. El caso más mediático ha sido el de Los Ángeles, donde el SoFi Stadium se ha convertido en el epicentro de la resistencia sindical. Yolanda Fierro, trabajadora de hostelería en el estadio y miembro del sindicato Unite Here Local 11, explica que, tras más de un año intentando negociar un contrato justo, la paciencia de los trabajadores se ha agotado. “El estadio no quiere darnos salarios equitativos por el trabajo que hacemos; queremos poder cuidar de nuestras familias, ya que el costo de vida en California es extremadamente alto”, señala Fierro. Este viernes, 96% de los miembros del sindicato votaron a favor de irse a una huelga durante el Mundial, incluyendo el partido inaugural de la selección estadounidense, el 12 de junio en el SoFi Stadium. Tampoco olvidan la cuestión migratoria: el sindicato exige el compromiso de que agentes del ICE no entrarán al recinto, una garantía tanto para los empleados como para los asistentes.En Miami, Kat Passley, codirectora de la organización laboral y en favor de los derechos de expresos Beyond the Bars, denuncia una estructura de explotación más opaca: la proliferación de agencias de empleo temporal y cadenas de subcontratación que diluyen la responsabilidad de los empleadores. “Este sistema abre la puerta al robo de salarios, a condiciones de trabajo inseguras y, en el peor de los casos, a la trata de personas”, afirma Passley, trazando un paralelismo directo con las violaciones de derechos documentadas durante la construcción del Mundial de Qatar.La contradicción entre la inversión masiva para el torneo y el descuido de las necesidades básicas de los residentes es otra de las denuncias recurrentes. En ningún otro lado es tan evidente como en Kansas City, que se ha convertido en un símbolo de esta desconexión por la construcción de una nueva cárcel justificada explícitamente por el Mundial. Amaia Cook, directora de Decarcerate KC, expone la ironía: “Se está desplegando la alfombra roja para los turistas mientras se imponen tarifas de autobús [hasta hace poco el sistema de transporte público era gratuito], permisos de circulación para que los vecinos entren a sus propias casas y nuevas celdas para la gente de aquí”.En Atlanta, la memoria de los Juegos Olímpicos de 1996 actúa como un trauma vivo que moldea la respuesta actual. Michael Collins, director de PlayFair ATL, recuerda cómo miles de personas sin hogar fueron arrestadas o expulsadas en autobuses para ofrecer una imagen “limpia” al mundo. Hoy, los activistas denuncian que las mejoras en infraestructura están diseñadas exclusivamente para el espectáculo, mientras los residentes sufren crisis recurrentes por tuberías colapsadas o falta de mantenimiento básico. Collins critica en particular lo que denomina el “pecado original” del Mundial: una planificación dirigida por corporaciones —como Coca-Cola o Home Depot, ambas con sede en Atlanta— que priorizan el beneficio económico sobre el bienestar de los residentes. En un esfuerzo por medir el rendimiento de cada ciudad sede, Dignity 2026 ha desarrollado junto a la Universidad de Georgetown una tabla de puntuación o scorecard. Este sistema no califica el desempeño deportivo, sino que utiliza 20 indicadores —basados en los propios estándares de derechos humanos de la FIFA— para medir si las sedes cumplen con criterios de salarios dignos, acceso a la vivienda o protección contra la discriminación, entre otros, basándose en la experiencia directa de la gente local. La tabla de puntuación, explica Jennifer Li, vivirá mucho después de que se acabe la final en Nueva Jersey para reflejar que el éxito real de este Mundial no se medirá en los libros de contabilidad de la FIFA, sino en el legado social y de infraestructura que deje en las ciudades. De la misma manera, los líderes de las coaliciones y las organizaciones civiles que han participado en diferentes niveles enfatizan que el 19 de julio no marcará el final de su labor. Al contrario, coinciden todos, el Mundial ha sido la excusa perfecta para organizarse y fortalecer los sindicatos, proteger el derecho a la vivienda y mejorar la salud pública a largo plazo.La meta va más allá de este Mundial u otros eventos deportivos que hay en el horizonte, como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. De hecho, mucho más cercanas en el horizonte están las elecciones de medio mandato de noviembre, cuando esperan que estas redes y conexiones comunitarias, pero también nacionales, ayuden a fortalecer la resistencia de base a la Administración Trump.