El ingreso masivo de divisas provenientes de la agroindustria y la energía promete convertirse en el gran motor de financiamiento para la economía argentina a partir de este año. Así lo proyectó el economista Ricardo Arriazu -muy escuchado por el Gobierno- durante el cierre del “Tax & Legal Leadership Summit 2026”, un encuentro organizado por KPMG Argentina, que reunió a más de 150 ejecutivos y especialistas del sector corporativo para debatir el rumbo económico y fiscal del país.Arriazu reveló que los indicadores actuales superan con creces sus propias estimaciones iniciales. Según detalló, sus proyecciones previas contemplaban un superávit comercial de US$ 13.500 millones, una cifra que ya mejoraba el desempeño del año anterior, pero el comportamiento reciente de la balanza comercial en los últimos 12 meses lo obligó a recalcular sus modelos hacia un escenario mucho más optimista. El economista situó el superávit comercial "en torno a los US$ 20.000 millones", acompañado por un saldo positivo en la cuenta corriente. En base a estos números, estimó un crecimiento base para la economía "del 3,5% para este año", aclarando que la variación final dependerá del comportamiento de los argentinos respecto a la compra de dólares.El analista enfatizó que "la clave del éxito en esta etapa radica en lograr una mejora genuina de la economía real" y auguró un horizonte de fuerte expansión para el mediano plazo, proyectando que hacia el año 2030 las exportaciones ligadas exclusivamente al sector energético superarán los US$ 30.000 millones. Tras asegurar que los planetas se alinearon para ofrecerle al país una oportunidad fabulosa, Arriazu matizó su optimismo con una advertencia histórica al recordar que "la Argentina ya ha desperdiciado ventanas de oportunidad similares en el pasado, manifestando su deseo de que esta vez la tendencia logre revertirse".La viabilidad de este proceso expansivo y la llegada de las inversiones necesarias para apuntalarlo estuvieron en el centro del debate de los especialistas, quienes coincidieron en la urgencia de avanzar hacia una reforma tributaria profunda. Desde la perspectiva técnica y oficial, los funcionarios del Ministerio de Economía expusieron los lineamientos sobre los que trabaja el Gobierno para reducir la presión impositiva, eliminar distorsiones y garantizar la previsibilidad que demandan las empresas.La Subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación, Claudia Balestrini, remarcó que el objetivo central es diseñar un sistema tributario que no interfiera en las decisiones de inversión ni condicione la rentabilidad de los negocios por razones fiscales. La funcionaria ponderó la drástica baja que ya se implementó en los derechos de exportación e importación y anticipó que la reforma de fondo buscará revertir inequidades en lugar de otorgar dispensas particulares. Según precisó, el plan oficial contempla disminuir la presión impositiva y suprimir de forma gradual los tributos más distorsivos, manteniendo siempre el compromiso con el equilibrio fiscal y el cuidado de los recursos públicos.A su turno, el Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, abordó la necesidad de otorgar seguridad jurídica a través de la inserción internacional. El funcionario destacó la aprobación parlamentaria de los convenios para evitar la doble imposición con China, Turquía y Austria, y adelantó que se gestionan acuerdos similares con Estados Unidos, India, Uruguay y la República Checa. Asimismo, valoró la ratificación legislativa del Instrumento Multilateral (MLI), una herramienta que estandariza los tratados vigentes bajo parámetros internacionales de transparencia y previene abusos, ofreciendo un marco de previsibilidad clave para los flujos de inversión.A pesar de los consensos sobre el rumbo deseado, los expertos del sector privado advirtieron sobre los complejos desafíos estructurales que aún persisten en el entramado fiscal argentino. Fernando Quiroga Lafargue, socio de Tax & Legal de KPMG Argentina, aportó datos de la última encuesta anual de la firma realizada a referentes impositivos de grandes y medianas empresas, advirtiendo que el impuesto a los Ingresos Brutos se consolida como el principal factor de encarecimiento en los precios de bienes y servicios. El especialista reveló que la incidencia de este gravamen saltó del 54% registrado el año pasado a más del 60% en la medición actual, concluyendo que cualquier intento de reforma fiscal enfocada en la productividad y el desarrollo estará destinada al fracaso si no se aborda de manera decidida la readecuación de este impuesto provincial y la mitigación de la fuerte superposición de los regímenes de recaudación locales.