Cuando el pasado 27 de mayo se conoció el auto del juez Santiago Pedraz por el que acordaba varios registros e imputaba tanto al ex 'número tres' socialista Santos Cerdán como a la gerente del partido Ana Fuentes o al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, el sindicato Manos Limpias se apresuró a redactar un escrito en el que solicitaban al juez que elevara el caso Leire Díez al Tribunal Supremo porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debía ser investigado como inductor. La secuencia recordó a lo ocurrido en 2024, cuando los de Miguel Bernad presentaron una denuncia contra Begoña Gómez en base a unos recortes de periódico que acabó prosperando gracias al juez Juan Carlos Peinado.
Más allá del deseo de un sindicato que preside quien fuera secretario general del Frente Nacional, heredero de la Fuerza Nueva de Blas Piñar, lo cierto es que los diferentes atestados, informes y autos que componen el sumario del caso dejan claro que Cerdán y la exmilitante socialista se activaron en abril de 2024 para tratar de socavar los procedimientos judiciales que salpicaban tanto al PSOE como a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La figura del jefe del Ejecutivo se erige como la causante de los desvelos y de la actividad frenética de la 'fontanera' socialista. Y con esta premisa surge la duda de si Sánchez estaba o no al corriente de esa operación de salvamento que se orquestó con el beneplácito (aparente) de todo un secretario de Organización del PSOE en una reunión que se celebró en Ferraz durante esos días de reflexión que se dio el presidente para decidir si abandonaba la política tras conocerse la imputación de su esposa. No figura nada hasta el momento que acredite de forma directa que Sánchez estuviese al tanto y él lo ha negado este mismo viernes: “Ni lo avalé ni tuve información”.
