El ministro del Interior, John Reimberg, reveló nuevos detalles sobre la operación “Blindado”, que derivó en la detención de ocho personas en Esmeraldas, Santa Elena, Quito y Nueva Loja.Según Reimberg, la investigación permitió reconstruir una presunta red que obtuvo $ 17 millones de Petroecuador a través de dos procesos judiciales y posteriormente distribuyó parte de esos recursos entre funcionarios y personas relacionadas con el caso.La red de corrupción y sus principales actoresEl ministro sostuvo que uno de los principales elementos investigados es la compañía Reypezpacific S.A., de la cual, según dijo, el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, posee el 98 % del paquete accionario.PublicidadSegún el ministro, entre los principales beneficiarios de esa empresa figuraba Jackson Antonio Arias Pérez, quien habría registrado movimientos financieros cercanos a los $900.000 y fue asesinado el 2 de febrero de 2023 en Pedernales.Reimberg añadió que esta persona mantenía antecedentes penales por delitos como tenencia de armas y secuestro.Asimismo, mencionó a la empresa Pezymar Export S.A.S., la cual —según indicó— se encuentra procesada por presunto lavado de activos.PublicidadPublicidadEn relación con esta compañía nombró a Génesis Michelle Mendoza Tuárez y a Flavio Leonardo Briones Chiquito, alias “El Mexicano”, ex cabecilla de Los Lobos. Ambos, agregó, fueron asesinados en un ataque armado ocurrido en Manta el 16 de julio de 2025.La ruta del dinero y los $17 millones de PetroecuadorSegún Reimberg, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) logró seguir la ruta del dinero derivado de dos procesos judiciales entablados contra Petroecuador.PublicidadEn la investigación expuesta por el ministro, las sentencias habrían obligado a la estatal petrolera a desembolsar cerca de $17 millones.Dentro de los movimientos financieros identificados, Reimberg señaló al abogado Juan Alberto Lastre Castillo, quien habría recibido $ 2′230.750 por concepto de honorarios.Posteriormente, agregó, se detectó una transferencia de $1,4 millones desde Lastre hacia Vicko Villacís, dinero que, según indicó, fue justificado mediante un contrato de asesoría.Otros involucrados y pagos claveOtro de los involucrados mencionados por el ministro fue Luis Giovanni Reina Tenorio, medio hermano del alcalde de Esmeraldas y exadministrador de la Unidad de Negocios Esmeraldas de Petroecuador.PublicidadSegún la información presentada, recibió $ 400.000 producto de acciones de protección relacionadas con los litigios contra la empresa estatal.Respecto a Diego Giovanni Montaño Tenorio, ayudante de la Unidad Judicial de Atacames, Reimberg afirmó que recibió $200.000 en efectivo transportados mediante vehículos blindados.El ministro sostuvo que estos pagos coinciden temporalmente con las resoluciones judiciales que favorecieron a los demandantes en los procesos contra Petroecuador.En cuanto a Jonathan Giovanni Monte Baguí, exfuncionario del Consejo de la Judicatura en Esmeraldas, el ministro aseguró que desempeñaba funciones relacionadas con el sistema de sorteo que determina qué juez conoce una causa.Según la investigación, recibió $72.000 y además registró viajes junto a Villacís a Colombia y Estados Unidos en las mismas fechas y vuelos.Reimberg también se refirió a Carol Sleika Leus Hurtado, funcionaria del Municipio de Esmeraldas, quien habría recibido dos envíos de dinero por $380.000 y $70.000, respectivamente.El ministro indicó que familiares de la servidora laboraban en Petroecuador y en la Refinería de Esmeraldas.Jueces implicados y el caso “Blindados”Entre los detenidos figuran además los jueces Jorge Luis Salcedo y Jorge Pinos Galindo. Según Reimberg, ambos intervinieron en los procesos judiciales que derivaron en el pago de los $17 millones.Salcedo, quien laboraba en la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Atacames, fue suspendido temporalmente en 2025 por presuntas irregularidades en otra causa.Por su parte, Pinos Galindo ejerció en 2022 como juez temporal en la misma dependencia judicial.El ministro recordó que la Corte Constitucional determinó irregularidades en estos procesos y que uno de los magistrados incluso fue destituido.Según Reimberg, la investigación estableció que gran parte de los recursos fueron retirados de cuentas bancarias y posteriormente movilizados en efectivo mediante empresas de transporte de valores, modalidad que dio nombre al caso “Blindaje”.El objetivo, aseguró, habría sido evitar la trazabilidad de transferencias que pudieran evidenciar pagos a funcionarios judiciales y otros participantes.La UAFE y el atentado en la refineríaEl ministro sostuvo que la UAFE fue clave para reconstruir cada una de las rutas del dinero, identificando quién retiró los recursos, quién los transportó y quién los recibió.Añadió que la Fiscalía General del Estado dirigió la investigación durante más de doce meses y que los elementos recopilados permitieron obtener prisión preventiva para los procesados.Durante la entrevista, Reimberg vinculó además a varios de los investigados con una causa separada sobre un presunto atentado registrado en la Refinería de Esmeraldas.Aunque aclaró que esa investigación continúa bajo reserva, afirmó que existen indicios que apuntan a un beneficio económico derivado de la compra de combustibles tras la paralización de operaciones de la planta estatal.Según dijo, el perjuicio económico ocasionado al Estado por ese hecho podría superar los $ 200 millones o incluso alcanzar los $ 300 millones. 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