Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, presentará un recurso de apelación a la prisión preventiva dentro del caso Blindado, en las próximas horas, indicó su abogado Gustavo García.El mismo recurso ya fue presentado por Diego Montaño, Kléber Salcedo y Jorge Pinos, otros de los involucrados. Existen otras cuatro personas más procesadas.Prisión preventiva y los implicadosEl pasado jueves, 4 de junio, la jueza Silvana Velasco, de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, en la audiencia de formulación de cargos aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra de Villacís. PublicidadLa misma medida fue dictada para Luis Reina Tenorio, Juan Alberto Lastre, Carol Lemos Hurtado, Diego Montaño, Jonathan Monte, Kléber Salcedo y Jorge Pinos, los dos últimos exjueces.Origen de la investigación del caso BlindadoEn la audiencia hubo referencia a los hechos, pues la investigación se originó a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), según la Fiscalía.Las pesquisas apuntan a una presunta estructura integrada por funcionarios públicos, exfuncionarios y particulares.PublicidadPublicidadEn la indagación se detallaron una serie de actuaciones relacionadas con acciones de protección que involucraron a Petroecuador y resoluciones judiciales que posteriormente fueron dejadas sin efecto por la Corte Constitucional.Detalles financieros y presunto lavado de activosEntre los antecedentes mencionados por la Fiscalía constan pagos por más de $ 2,7 millones a una empresa y otro proceso relacionado con una reparación económica superior a $ 30 millones.PublicidadAdemás, la Fiscalía profundizó en la acción de protección relacionada con extrabajadores de Petroecuador que derivó en un desembolso de $ 15 millones por parte de la empresa pública.Según expuso, parte de esos recursos fueron distribuidos entre abogados y posteriormente transferidos a terceros que hoy forman parte de la investigación.La Fiscalía además señaló que el presunto lavado de activos tendría como delitos precedentes el cohecho, el prevaricato y el perjurio. En el caso del cohecho, la hipótesis de la investigación apunta a supuestos beneficios económicos que habrían llegado a funcionarios y servidores públicos.Con los elementos presentados por la Fiscalía, la jueza explicó que vislumbra la probabilidad de que los procesados hayan incurrido en el delito de lavado de activos. (I)Publicidad