El Defensor del Pueblo ha abierto una actuación ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para recabar información sobre el expediente disciplinario iniciado contra Juan Carlos Nieto, el funcionario de la oficina de empleo de Mérida que atendía a ciudadanos sin cita previa cuando disponía de tiempo libre en su agenda o una vez concluida la atención a las personas citadas.En el escrito remitido al organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la institución dirigida por Ángel Gabilondo solicita información acerca de las circunstancias que motivaron la apertura del expediente, así como datos sobre el tiempo medio de espera para obtener cita en la oficina de empleo de Mérida durante los años 2025 y 2026. También pregunta por los criterios que regulan la atención presencial a los ciudadanos y por las limitaciones o instrucciones que deben observar los empleados públicos en el desempeño de esa labor.Esta actuación se lleva a cabo después de que Juan Carlos denunciase lo que le estaba ocurriendo en el organismo público de empleo, al ponerse en marcha un procedimiento disciplinario contra él por atender a personas que no habían logrado obtener cita previa. Según contaba Nieto a EL PAÍS, los ciudadanos acudían a la oficina para solicitar certificados de prestaciones imprescindibles para acceder a determinados recursos o ayudas sociales.El trabajador incidía en que esas gestiones las llevaba a cabo únicamente cuando ya había atendido a las personas que tenían cita asignada o cuando existían huecos libres en la programación diaria. Es decir, la atención extraordinaria no habría interferido en el servicio ordinario ni provocado retrasos en la agenda prevista.En su comunicación al SEPE, el Defensor del Pueblo recuerda que durante los últimos años ha recibido numerosas quejas de ciudadanos que denunciaban las dificultades para conseguir una cita y ser atendidos presencialmente.La institución señala que esta problemática ha sido objeto de varias recomendaciones dirigidas a la entonces Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, actualmente integrada en la Secretaría de Estado de Trabajo. El objetivo de dichas recomendaciones era impulsar medidas que facilitaran la atención a los usuarios y redujeran los obstáculos de acceso a los servicios públicos.Según explica el Defensor, las respuestas recibidas por parte de la Administración han atribuido estas incidencias principalmente a la insuficiencia de personal disponible para atender la demanda existente. La falta de efectivos ha sido uno de los argumentos recurrentes utilizados por el organismo para justificar las demoras y dificultades registradas en la concesión de citas.Una polémica que también han abordado algunos partidos del arco parlamentario, como Unidas por Extremadura, que ha registrado en la Asamblea una Propuesta de Pronunciamiento para instar al Gobierno central a revisar los procedimientos de atención ciudadana en el SEPE.El diputado Francisco Llera ha lamentado que se pretenda sancionar a un empleado público por atender presencialmente a personas que no habían conseguido cita. “Parece mentira que por hacer bien su trabajo se le pretenda expedientar”, afirmaba. A juicio de la formación, el episodio evidencia las “graves deficiencias” que persisten en el funcionamiento del servicio público de empleo. Por ello, la iniciativa parlamentaria propone la elaboración de un plan de choque que permita reducir los retrasos en la gestión y mejorar la atención a corto plazo.Entre las medidas planteadas figura la consolidación de la atención presencial como una modalidad estable de servicio, la garantía de que los ciudadanos puedan ser atendidos en oficinas próximas a su lugar de residencia y la posibilidad de prestar atención sin cita previa cuando ello no altere el funcionamiento normal de las dependencias administrativas. La propuesta también reclama una oferta suficiente de plazas de personal funcionario para reforzar la estructura del organismo.O desde el Partido Popular de Extremadura, su portavoz, Luis Miguel Núñez, calificaba la decisión de “incomprensible y profundamente injusta” y denunciaba que se esté penalizando a un empleado por prestar servicio a ciudadanos que necesitaban realizar trámites urgentes.Para los populares, el procedimiento disciplinario envía un mensaje equivocado a los trabajadores públicos y pone de manifiesto las limitaciones de un sistema que, en numerosas ocasiones, deja a los usuarios sin alternativas cuando no logran obtener una cita.