El 5 de diciembre de 2025, Arturo Villarroya, mano derecha y asesor del todopoderoso eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, soltó una bomba en redes sociales. Dejaba Revuelta, la organización juvenil alentada por el partido de Santiago Abascal, y denunciaba además que esta entidad se había quedado fondos recabados para la dana, una acusación que llevó a la Fiscalía por “presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados”. Esa denuncia se ha archivado esta semana.
Que alguien tan cercano a la directiva del partido ultra hiciera este ejercicio de exhibicionismo de una corrupción tan grave en un satélite de Vox solo tenía una explicación, según varias fuentes críticas consultadas. Era lo que en periodismo y política se llama una explosión controlada: antes de que salte el tema, lo sacas tú para poner el marco de debate y mostrar que eres el delator y no el corruptor o el corrupto. Casi de manera simultánea, el partido se alineaba con lo expuesto por Villarroya y daba un paso inusual en una formación conocida por la opacidad en sus gastos e ingresos: anunciaba una denuncia ante un organismo estatal para que se aclararan las cuentas de Revuelta, a la que habían ayudado a nacer y a crecer.
