El plazo se ha agotado, pero sin noticias del Gobierno. El Tribunal Supremo hab�a dado 30 d�as al Ejecutivo para hacer p�blica la lista de los mayores beneficiarios de los fondos europeos Next Generation, en una sentencia firme que obligaba a remitir dicha documentaci�n al Senado. Sin embargo, transcurrido el plazo pertinente, ni se ha remitido la lista a la C�mara Alta ni parece haber intenci�n de hacerlo. El PP ve al Gobierno de Pedro S�nchez en situaci�n de �total rebeld�a democr�tica y judicial� y no est� dispuesto a dejarlo pasar.Los populares registraron ayer ante la Sala Tercera del Alto Tribunal un escrito solicitando la ejecuci�n forzosa de la sentencia 452/2026, que es la que reconoci� el derecho de la senadora del PP Eva Ortiz a recibir la informaci�n que hab�a reclamado al Gobierno al amparo del Reglamento del Senado, esto es, el listado con los nombres que m�s se han beneficiado de los Fondos del Plan de Recuperaci�n y Resiliencia (PRTR) y que Moncloa se resiste a compartir.El recurso judicial, al que ha tenido acceso EL MUNDO, pretende adem�s que el Tribunal Supremo fuerce al Gobierno a identificar al responsable �del cumplimiento del fallo a los efectos de la imposici�n de multas coercitivas y de la responsabilidad que se pudiera deducir por desobediencia�. Dicho de otro modo, adem�s de que se haga p�blico el listado, los populares esperan que el Supremo obligue al Ejecutivo a se�alar qui�n est� bloqueando su publicaci�n pese a existir una sentencia previa que le obliga a hacerlo.��Qu� estar� ocultando el Gobierno para no atender una orden judicial? �Qu� y qui�n habr� en la lista de los benefactores de los fondos europeos para que el Gobierno se resista a entregarlo a pesar de la sentencia judicial?�, se pregunta Alicia Garc�a, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, en conversaci�n con este peri�dico. �Con este Gobierno nos tememos lo peor, pero no nos vamos a resignar y vamos a seguir luchando para que el Gobierno cumpla con las sentencias judiciales, con los espa�oles y con el principio democr�tico de la transparencia�.Los fondos europeos constituyen desde hace a�os uno de los principales campos de confrontaci�n entre el Ejecutivo y la oposici�n. Desde el inicio del despliegue de los recursos del programa Next Generation EU, el PP ha reclamado reiteradamente m�s informaci�n sobre los criterios de adjudicaci�n y sobre la identidad de los beneficiarios de las ayudas. Los populares sostienen que el Gobierno ha dificultado el acceso a esos datos tanto en sede parlamentaria como a trav�s de los mecanismos ordinarios de transparencia.Sin embargo, la tensi�n en torno a la ejecuci�n de los fondos europeos est� ganando enteros recientemente. Por un lado, el Tribunal de Cuentas aflor� hace un par de semanas el desv�o de m�s de 2.000 millones de euros de estos fondos para el pago de pensiones en Espa�a, lo que gener� inquietud en la propia Bruselas. La Comisi�n tuvo que salir del paso ante la quejas que llegaron desde los llamados pa�ses frugales y desde el Parlamento Europeo y pese a verle un posible encaje legal, abri� una investigaci�n.Por otro lado, el PP est� aprovechando su mayor�a en el Senado para evidenciar que el nivel de ejecuci�n de fondos est� lejos de ser �ptimo, en un momento cr�tico adem�s, ya que en julio termina el plazo comprometido con Bruselas para acometer las reformas pendientes en nuestro pa�s y que condicionan hasta 31.000 millones de lo asignado al Plan de Recuperaci�n.En este contexto, los populares han puesto el foco en la responsabilidad de cada una de las carteras ministeriales y forzar�n la comparecencia en el Senado de hasta 13 ministros, ante los p�rricos niveles de ejecuci�n registrados.La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es por ejemplo, la que menos ayudas ha sacado adelante, con apenas un 1,48% de los fondos bajo gesti�n ejecutados; pero le siguen otros como el ministro de Transformaci�n Digital y Funci�n P�blica, �scar L�pez, con un 8,66% o Isabel Rodr�guez, la ministra de Vivienda, con el 10,88%.La sentencia del Supremo cuya ejecuci�n reclama ahora el PP tuvo precisamente su origen en una solicitud de informaci�n formulada por la senadora alicantina Eva Ortiz. El Supremo estim� el recurso contencioso-administrativo que present� la parlamentaria y no dio por buenas las explicaciones que el Gobierno hab�a dado para no atender a su petici�n, reconociendo expresamente su derecho a recibir la documentaci�n requerida m�ximo en 30 d�as; plazo que termin� ayer, por lo que el PP ha vuelto a recurrir a la v�a judicial.�S�nchez tiene un Gobierno que ataca y persigue a los jueces, y que tambi�n desprecia y obvia sus sentencias�, apunta Alicia Garc�a. �Tenemos un Gobierno en total rebeld�a democr�tica y judicial, ya que no cumple sus obligaciones parlamentarias y constitucionales ni tampoco las resoluciones judiciales. No s�lo no respeta al poder judicial, si no que ya ni cumple sus mandatos y esto es especialmente grave�.