El juez Santiago Pedraz ordenó de forma expresa al coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informar sobre cualquier avance de la investigación a las cloacas del PSOE exclusivamente al juzgado y a la Fiscalía Anticorrupción. El instructor recogió por escrito esta decisión para evitar filtraciones y preservar el secreto de la causa que acabó con la entrada de la unidad policial en Ferraz. En una providencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado exige al jefe de la UCO, Pedro Merino, mantener la "debida y rigurosa cautela" sobre el avance de las pesquisas encomendadas a la unidad bajo amenaza de sanción. En concreto, Pedraz dispuso que el resultado de las investigaciones a la red dirigida presuntamente por Santos Cerdán, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, se obtuvieran, solo debían informarse al instructor y al departamento capitaneado por Alejandro Luzón, "haciéndole saber que la infracción de dicho deber podrá ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar". La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional llegó después de que la investigación a Leire Díez pusiera de manifiesto una profunda brecha interna en el seno de la Guardia Civil. A través del análisis de los dispositivos de los investigados y el testimonio de altos mandos de la Guardia Civil, se destapó la existencia de injerencias dentro del Cuerpo para torpedear las pesquisas de la UCO en distintas causas judiciales que cercan al Gobierno. Las evidencias localizadas en los dispositivos de Leire Díez, así como las recientes declaraciones de agentes de la Guardia Civil, confirmaron las sospechas sobre la existencia de órdenes expresas por parte de altos mandos para "ponerse de perfil" en las causas que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Ante este escenario, era de vital importancia limitar el flujo de información sobre la investigación de la red a un reducido número de personas. Presiones directas a agentes de la UCO En los años en los que se enmarca la investigación, fechas en las que la unidad estaba bajo el mando de Rafael Yuste, se abrieron tres investigaciones internas que apuntaban a los departamentos a cargo de las investigaciones que afectaban al Ejecutivo. El exjefe de la UCO declaró el pasado martes que habían sufrido presiones directas por parte del antiguo director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y el DAO, Manuel Llamas, por la investigación al hermano de Pedro Sánchez. Por último, detalló que el pasado mes de septiembre se abrió una tercera investigación por orden de la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por la que se pidió a la Jefatura de la UCO la remisión de un organigrama con nombres y apellidos de todos los oficiales que estaban participando en investigaciones vinculadas "al entorno del presidente del Gobierno". A esto se suman las evidencias localizadas por la UCO de la existencia de una presunta relación de cierta confianza entre la máxima representante del Cuerpo y una de las principales investigadas, Leire Díez. Según los agentes, se ha podido constatar que esta recibió a la fontanera del PSOE en al menos tres ocasiones para tratar sobre temas vinculados a estas causas. Los investigadores sospechan que esta "habría conseguido instigar" a González para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los agentes que investigaban al entorno de Sánchez y al Ejecutivo. La decisión de limitar el flujo de información entre mandos no sólo se ha ordenado en esta causa. Cabe recordar que el juez José Luis Calama también ordenó de forma expresa a los responsables de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargados de la investigación del denominado caso Plus Ultra que no informaran a sus superiores orgánicos de sus movimientos. El instructor acordó un régimen "de absoluta reserva" al haber "indicios de la posible implicación de personas que han ejercido altas responsabilidades en instituciones públicas, así como la existencia de relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros, lo que incrementa el riesgo de interferencias externas". Esta investigación derivó poco tiempo después en la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El juez Santiago Pedraz ordenó de forma expresa al coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informar sobre cualquier avance de la investigación a las cloacas del PSOE exclusivamente al juzgado y a la Fiscalía Anticorrupción. El instructor recogió por escrito esta decisión para evitar filtraciones y preservar el secreto de la causa que acabó con la entrada de la unidad policial en Ferraz.