Una madre dominicana y miembros del Comité de Familiares de Desaparecidos-RD marchan en una calle histórica para exigir justicia y visibilidad para sus seres queridos ausentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)Luis Abinader promulgó este miércoles la Ley 25-26, que crea en República Dominicana la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, denominada “Alertas RD”. La norma obliga a activar mecanismos de difusión masiva e inmediata ante desapariciones y situaciones de peligro, según informó la Presidencia de la República.La Policía Nacional o el Ministerio Público deberán activar la alerta de manera conjunta e inmediata después de valorar la denuncia, que podrá presentarse de forma presencial o por vía telefónica. Ese paso no podrá demorar más de 24 horas desde la denuncia de desaparición o del peligro inminente, según la Presidencia de la República.PUBLICIDADLa ley dispone además que cada alerta tendrá una vigencia inicial de cinco días calendario y podrá prorrogarse por el mismo plazo cuantas veces sea necesario. La difusión se hará por redes sociales, medios de comunicación tradicionales, terminales de transporte, plataformas digitales y boletines policiales.La Ley 25-26 clasifica las alertas de acuerdo con el perfil de la persona afectada. La Alerta Amber será exclusiva para casos de sustracción o desaparición de niños, niñas y adolescentes, según la Presidencia de la República.La denuncia puede realizarse por teléfono o presencial, pero el disparador exige una valoración previa y rápida, con mecanismos de propagación inmediata y un sistema que también prevé extensiones temporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)La Alerta Silver se utilizará para localizar a adultos mayores de 65 años. La Alerta Azul se aplicará en desapariciones de personas con discapacidad física o mental, de acuerdo con la información oficial.PUBLICIDADLa Alerta Rosa quedará reservada para mujeres en contextos de violencia de género o trata de personas. Con ese esquema, la ley establece una tipificación para definir la respuesta institucional según el riesgo y la condición de la persona buscada, según la Presidencia de la República.La norma crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos centralizada y de acceso interinstitucional que estará bajo la administración y supervisión de la Policía Nacional. Ese registro incluirá una plataforma de consulta pública, según la Presidencia de la República.De acuerdo con la información oficial, esa plataforma contendrá datos personales, descripciones físicas, fotografías, estado de la búsqueda e información médica de las víctimas. La Presidencia de la República indicó que ese acceso se regirá por la protección del derecho a la intimidad.PUBLICIDADEl sistema reunirá descripciones, fotos, estado del rastreo e incluso referencias médicas, con acceso entre instituciones y una consulta abierta bajo reglas de intimidad, en una estructura dirigida por un consejo multisectorial (Imagen de referencia IA)Para la dirección estratégica del sistema, la ley crea el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrito al Ministerio de Interior y Policía y presidido por el titular de esa cartera. El organismo tendrá carácter consultivo, según la Presidencia de la República.La Ley 25-26 incorpora un régimen de consecuencias para los servidores públicos que conozcan un caso de desaparición y omitan informarlo o entorpezcan los procedimientos previstos. En esos casos, la sanción será por faltas graves bajo la Ley núm. 41-08 de Función Pública, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, según la Presidencia de la República.PUBLICIDADLa Presidencia de la República señaló que, con la promulgación y la posterior publicación de la Ley 25-26 en la Gaceta Oficial, el Gobierno dominicano formaliza este nuevo marco para la búsqueda de personas desaparecidas en el país.
El presidente dominicano promulga la ley que crea las Alertas RD para buscar personas desaparecidas
La normativa establece un sistema de difusión masiva e inmediata ante denuncias por extravío o riesgo, con participación de la Policía Nacional y el Ministerio Público, según informó la Presidencia de la República














