El proceso administrativo contra el funcionario público Ricardo Echegaray llegó a su instancia final y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió expulsarlo de su estructura, haciendo efectiva la condena judicial que le impuso una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Adoptada por una disposición interna, la medida fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo que monitoreaba el impacto de la causa penal contra quien fuera uno de los funcionarios más poderosos en los gobiernos Kirchner. Echegaray se mantuvo como planta permanente en la Aduana durante 30 años. La expulsión no es una sanción discrecional, sino la consecuencia directa de una resolución judicial que quedó firme. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 condenó a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, e incluyó como pena accesoria la prohibición de por vida para desempeñar cargos en el Estado. El punto de inflexión ocurrió el pasado 12 de mayo, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa. Al no existir más instancias de apelación con efecto suspensivo, la condena adquirió fuerza ejecutoria.