Lo que comenzó como la investigación de un robo común en un depósito estatal, el caso de Facundo Leal, extitular de la empresa estatal ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), derivó en un escándalo mayúsculo que involucra millones de dólares sin declarar, drogas sintéticas, equipos de espionaje y una presunta red de retornos conocida como "la banda de los mendocinos". La causa judicial, en manos del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, no nació por una denuncia de enriquecimiento, sino por el saqueo de un depósito de ARSAT en San Fernando a principios de 2024. Allí se guardaban insumos estratégicos de la Red Federal de Fibra Óptica. Al investigar el robo, la Justicia descubrió que las cámaras de seguridad del predio no funcionaban y que el cerco eléctrico estaba cortado hacía tiempo. Las sospechas se dirigieron inmediatamente hacia la empresa de logística contratada para custodiar y administrar esos materiales. Al auditar el contrato (otorgado en 2022 durante la gestión de Alberto Fernández), la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) descubrió que la licitación había sido una simulación: las tres empresas que compitieron pertenecían a la misma estructura familiar y societaria. Los contratos y prórrogas —que superaron los 1,9 millones de dólares— fueron firmados de manera directa por Leal y otros dos gerentes, salteándose al directorio de ARSAT.