M+.- En la madrugada del 27 de febrero de 2025, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, "El Altiplano", comenzaron a sacar a reos con gran sigilo. Nadie había anticipado lo que ocurría porque nunca antes el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional había firmado, con apenas unas horas de antelación, un oficio con instrucciones "confidenciales, inmediatas y urgentes" de trasladar y entregar una lista de presos a las autoridades de Estados Unidos.No era una extradición. Era una entrega bajo la Ley de Seguridad Nacional.Al día siguiente, el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmaron en conferencia de prensa que 29 personas habían sido sacadas del país. "No fueron extraditados", dejaron en claro. Habían sido “enviados”. Y esa primera operación sería solo el inicio de algo de dimensiones mucho más grandes. El 12 de agosto de 2025 salieron 26 reclusos más. En enero de 2026, otros 37.En total, 92 personas vinculadas con cárteles, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y otros delitos graves fueron transferidas a Estados Unidos en tres operaciones distintas, todas bajo la misma figura jurídica.MILENIO revisó los procesos y encontró que en 14 casos los expulsados, o sus abogados, intentaron pelear su salida ante jueces mexicanos. Algunos lo hicieron desde territorio estadunidense. Uno incluso pidió que México gestionara su regreso al país. Ninguno va ganando.​​Una salida sin extradiciónPara entender por qué el gobierno recurrió a la Ley de Seguridad Nacional, hay que mirar lo que pasaba políticamente.Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, presionó a México de inmediato. Amenazó con declarar terroristas a los cárteles mexicanos, con imponer aranceles a los productos de exportación y con enviar fuerzas militares al territorio nacional si Sheinbaum no demostraba resultados en seguridad.El problema para México era que varios de los acusados que Washington exigía ya llevaban años peleando en los tribunales su no extradición. Algunos habían obtenido suspensiones judiciales que prohibían expresamente sacarlos del país. Una extradición ordinaria habría tardado años más. La salida que encontró el gobierno fue declarar que esas personas representaban una amenaza a la seguridad nacional de México. Con ese argumento, el Consejo de Seguridad Nacional, integrado por los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad y Relaciones Exteriores, ordenó su entrega a Washington.Nunca antes se había usado esa figura –la de la Seguridad Nacional– para transferir personas a otro país. El resultado práctico fue el mismo que una extradición: sacarlos de México para enfrentar a la justicia estadunidense. La entrega por seguridad nacional no tuvo que pasar por ninguno de los filtros legales a los que obliga un proceso ordinario.El Z-40: suspensión vigente, pero igual fue entregadoEste diario encontró que narcotraficantes de alto nivel siguen peleando desde Estados Unidos lo que consideran una arbitrariedad por parte de las autoridades mexicanas. Uno de ellos es Miguel Ángel Treviño Morales, el exlíder del Cártel de los Zetas conocido como El Z-40, quien llevaba años peleando su no extradición desde El Altiplano. Argüía incluso que no era él la persona a quien el Estado acusaba de crímenes muy graves.Si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había concedido formalmente su extradición en agosto de 2023, la defensa del Z-40 obtuvo el mes siguiente una suspensión judicial que ordenaba que permaneciera en México a disposición del juzgado. El procedimiento seguía abierto y en disputa cuando llegó la orden del Consejo de Seguridad Nacional.Una vez enviado a Estados Unidos, su abogado promovió un incidente (es decir, un juicio menor dentro de otro principal) ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. El argumento: la suspensión había sido ignorada y la entrega a Estados Unidos debía considerarse un incumplimiento de esa medida judicial.El tribunal resolvió el 30 de diciembre de 2025 que el incidente era improcedente bajo una razón técnica: la suspensión solo obligaba a las autoridades señaladas en el amparo original y quien ejecutó materialmente la entrega, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, nunca había sido señalado como responsable en ese amparo. Como no era parte del juicio, no estaba obligado a cumplir la suspensión.En otras palabras, la suspensión protegía contra las autoridades que se habían nombrado en el amparo, pero la entrega la hizo una autoridad diferente que no estaba incluida. El juez tuvo que tomar en cuenta ese recurso.