El punto 19.2 del acuerdo que han presentado, este miércoles, el Partido Popular y Vox en Castilla y León dice así: "Se garantizará que toda la acción de gobierno de la Junta se inspirará en los principios de libertad, eficiencia y austeridad, renunciando expresamente a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos". Es la última medida de las 324 que han acordado Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán para conformar un gobierno presidido por el primero y vicepresidido por el segundo. Políticas sin "sesgo ideológico" y que no condicionen "el libre pensamiento" de los ciudadanos.PublicidadPero lo cierto es que ese último punto funciona casi como una enmienda a la totalidad a muchos de los anteriores. No en vano, el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León, como ocurrió con los de Aragón y Extremadura, contiene numerosas medidas profundamente ideológicas. La más evidente es la "prioridad nacional", cuyo desarrollo en el reciente acuerdo es un calco de los anteriores: el "acceso a todas las ayudas públicas" se subedita al principio de prioridad nacional. Se establece, entre otras cosas, un periodo mínimo de "arraigo, empadronamiento y vinculación al territorio" para disfrutar de las mismas —incluida vivienda— o la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular", con la salvedad de las urgencias.Pero hay mucho más. El acuerdo incluye en varios puntos su determinación por potenciar a la institución de la Iglesia en la región y, por el contrario, desincentivar la religión musulmana, como también hacían los pactos que se alcanzaron en los otros territorios. Para muestra, un botón. El punto 13.20 explicita que la Junta "se compromete a que el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí no se imparta en ningún centro de Castilla y León". En el mismo punto, se subraya el rechazo de PP y Vox a "cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas". Por supuesto, no figura en el texto ninguna actuación sobre la enseñanza de la religión católica. Se especifica, en cambio, el rechazo a "cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad, usos y costumbres".La Real Academia Española define adoctrinamiento como "inculcar a alguien determinadas ideas o creencias". Por lo tanto, PP y Vox ponen trabas al adoctrinamiento en Castilla y León, salvo que sea uno que no diluya "nuestra identidad". En ese caso, defensa férrea y fondos públicos. El punto 17.7 del pacto constata el impulso de "un fondo de ayuda para la conservación y recuperación de iglesias en los pueblos" de la región. Y el 17.9 refleja el compromiso de "potenciar grandes recursos turísticos" como "la Semana Santa o el Camino de Santiago". Tampoco falta el apoyo a la tauromaquia. La medida 17.10 fija la voluntad del nuevo gobierno de "apoyar la mejora de las plazas de toros rurales y la organización de novilladas con y sin caballos". Y en el terreno que tiene que ver con los animales, se incide también en la caza y la pesca, que quieren "promocionar como atractivo de nuestro turismo rural". Pero no solo eso. PublicidadAdemás, se quiere bonificar el 100% de la tasa de caza A y B y la tasa general de pesca y "apoyar a las sociedades de cazadores con acciones promocionales a nivel nacional e internacional", la "mejora de los cotos de caza". También se especifica en el documento que el "precinto digital" CapturCyL, un sistema de control telemático para gestionar "de forma más sostenible" —así lo explica la web de la Junta— la actividad cinegética, no será de uso obligatorio: "Quedará a elección del cazador acogerse a él". La defensa de la caza también incluye acortar los plazos de resolución de expedientes de los cotos de caza desligándolos de "informes ambientales en materia de especies protegidas o espacios naturales".En otro orden de cosas, en el programa acordado se incide en las políticas de natalidad —con un plan de apoyo e incentivos a la misma— y en el fortalecimiento de la institución de la familia con bonificaciones fiscales y fundamentando en ella la repoblación de las zonas rurales.¿La Ley de Concordia no es ideología?El gobierno que ya compartieron PP y Vox en Castilla y León trató de dejar sin efecto la legislación en materia de memoria histórica con la aprobación de una de las ya tradicionales leyes de concordia que están sacando adelante la derecha y la extrema derecha en las autonomías que dominan. Sin embargo, la ruptura entre ambas formaciones —los cinco territorios en los que cogobernaban saltaron por los aires en julio de 2024— dejó la tramitación de la norma a medias. En el acuerdo anunciado este miércoles en Castilla y León, ambos partidos se comprometen a retomarla y, ahora sí, aprobarla.PublicidadEn otros territorios como Aragón o el País Valencià, populares y ultraderechistas ya han tratado de dejar sin efecto los intentos de restaurar la memoria de las víctimas del franquismo. En el caso del País Valencià, el Tribunal Constitucional derogó una parte de la Ley de Concordia que sacó adelante, en su día, el gobierno de Carlos Mazón. El Ejecutivo central, por otra parte, ya ha confirmado que recurrirá ante la misma instancia la derogación de la ley de memoria balear que ha impulsado, presionada por Vox, la popular Marga Prohens.Vox se queda con CulturaTampoco puede pasar inadvertido el paquete de consejerías con el que se queda Vox tras la negociación con Mañueco. Además de una vicepresidencia, que recaerá en manos de Carlos Pollán, la extrema derecha asumirá la consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; la de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y la de Cultura, Turismo y Deporte. Son tres áreas muy ideológicas. En el caso de Extremadura y Aragón, Vox no logró colarse en Cultura. En Castilla y León, multiplicará su influencia en ese frente.Sorprende, por otro lado, una duplicidad. La pareja Mañueco-Pollán ha trasladado que el PP se hará cargo de la consejería de Medioambiente. Sin embargo, una de las consejerías de Vox incluye un apartado de Política Ambiental. Está por ver si la extrema derecha también copará la acción del gobierno castellano y leonés en esa materia o si solo se trata de una simple filigrana para contentar a ambas partes.