Este jueves comienza la ronda de declaraciones ante el juez instructor de los 43 imputados en el llamado caso mascarillas de la Diputación de Almería, que investiga una presunta trama de contratación irregular de obras menores con epicentro en esta entidad supramunicipal entre 2016 y 2021. Fue la investigación de un contrato supuestamente irregular de material sanitario por más de dos millones de euros en abril de 2020 —con un sobrecoste de un millón de euros— el que llevó a la supuesta red de corrupción, en cuya cúpula la UCO sitúa al expresidente de la institución y del PP de Almería, Javier Aureliano García; el exvicepresidente primero, Fernando Giménez, y el exvicepresidente tercero, Óscar Liria, que también fue el primer detenido del caso, que estalló el 15 de junio de 2021. Giménez será de los primeros en responder ante el titular de la Plaza número 1 de los Juzgados de Instrucción de la capital almeriense este jueves, junto con Kilian López, el comisionista del contrato de mascarillas. Liria, lo hará el viernes —su vista y la de López, prevista para el 28 de mayo, se aplazaron a esta semana—, mientras que el exlíder de los populares de Almería, será el último en comparecer, el próximo 26 de junio. Varios de los encausados solicitaron la suspensión de las declaraciones por desconocer todavía el informe de la UCO relativo a análisis del material informático, móviles y resto de documentación del que se incautaron durante los registros realizados el pasado mes de noviembre, según confirman a este diario fuentes de las defensas. El magistrado ha decidido seguir adelante, sin perjuicio de que si salen a la luz nuevos datos puedan volver a prestar declaración.Fue el análisis de unos mensajes intercambiados el 20 de abril de 2020 entre López y otra persona relacionados con una presunta operación vinculada con el narcotráfico la que puso a los investigadores sobre la pista de un supuesto contrato amañado de material sanitario que López se jactaba de haber cerrado con la Diputación de Almería el 8 de ese mismo mes, en pleno confinamiento. La adjudicación se firmó por valor de 2.036186,24 euros, a través de la empresa Azor Corporate, propiedad de López, con un sobrecoste, de 945.000 euros que fue a parar a manos del conseguidor y que luego repartió, supuestamente, en forma de mordidas, entre Liria, García y Giménez, que habrían recibido entre 200.000 y 400.000 euros. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostienen que “desde los momentos iniciales de la tramitación de ese contrato público entre los diferentes empresarios y cargos públicos se alcanzó un concierto para llevar a cabo una facturación al proveedor por un precio superior al real”, que esos sobrecostes se canalizaron hacia una empresa de la órbita de López, quien era “la persona encargada de la canalización de estos fondos hasta sus últimos destinatarios”. Las pesquisas de la Guardia Civil determinaron que la adquisición de mascarillas no era la única relación contractual que López había tenido con la Diputación de Almería. A través de otra de sus empresas, Pulconal, los investigadores constataron que había firmado hasta 16 contratos entre 2017 y 2020 por un importe total de 421.805,13 euros, también supuestamente amañados, a través de una trama en la que concurría con otras empresas conocedoras de la situación que realizaban, de manera concertada, ofertas mayores o menores para dar la apariencia de legalidad al concurso público. Estos supuestos amaños se realizaron gracias “a las capacidades ostentadas por Óscar Liria, como consecuencia de su cargo público”, dado que en ese período de tiempo era delegado de Fomento. López está imputado por supuestos delitos de malversación, cohecho, blanqueo de capitales y fraude en contratación públicaPrecisamente Liria, de acuerdo con la investigación, fue quien ofreció la posibilidad de adquirir mascarillas a través de la empresa de López, a quien conocía desde niño puesto que este era sobrino de Hortensia López -también llamada a declarar este jueves-, excuñada de Rodrigo Sánchez Simón, exalcalde de Fines -otro de los imputados- y tío de Liria. El ex vicepresidente tercero está en el epicentro de presunta trama de contratos irregulares, puesto que, en su calidad de delegado de Fomento de la Diputación, era el responsable de esas adjudicaciones. Cuando fue detenido el 15 de junio de 2021, se le encontraron sobres con hasta 26.750 euros en efectivo. La UCO sospecha que ha blanqueado mordidas a través de empresas pantalla gestionadas por su hermano Francisco Liria y su primo Rodrigo Sánchez López —también imputados y llamados a declarar— y con la compra de vehículos de alta gama para su padre -ya fallecido- y su novia. La compra de una administración de lotería en Adra (Almería), junto con su hermano, también está en el punto de mira de la investigación, como otra forma de presuntamente lavar el dinero obtenido por las adjudicaciones irregulares.Los investigadores de la UCO sostienen que “existen indicios del cobro” por parte de Liria “de importes en efectivo como consecuencias de estas adjudicaciones”; también lo consideran el responsable de “canalizar” parte de esos fondos “a otros cargos públicos de la misma corporación, entre los que se encuentran Fernando Giménez y Javier Aureliano García”; y señalan que existen “elementos de los que se evidencia su participación concreta en el amaño de diversos contratos públicos”, a través de contactos con distintos empresarios, directamente o a través de terceros. A Liria se le atribuyen presuntos delitos de cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales y organización o dirección de trama corrupta.Liria compartía un chat con García y Giménez, denominado Naranjito, en el que, según los investigadores, utilizaban expresiones relacionadas con la ortodoncia para referirse a las mordidas. En ese grupo, desde 2017 y, de acuerdo con uno de los autos del instructor, “en fechas muy próximas” a la firma del contrato de mascarillas utilizan “lenguaje encriptado o en clave” como: “Tengo que ir al dentista y no sé cuando ir… yo también me tengo que hacer una limpieza”; “Esta tarde he pedido cita para una limpieza”; “Me debes dinero tú… necesito empastarme dos o tres muelas, sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer”; “te vas a poder cambiar la piñata entera”… “Lo anterior constituye un indicio muy claro y muy sólido de la posible participación de don Fernando y don Javier Aureliano en el cobro o facilitación de cobro de comisiones”, concluía el magistrado en el auto de 11 de noviembre del año pasado.Giménez y Liria también compartían otro grupo de WhatsApp en el que aludían de la talla 10 o la talla 20 para indicar el porcentaje de la comisión que iban a percibir, de acuerdo con las sospechas de la UCO. El ex vicepresidente primero fue imputado en el inicio de la investigación, en junio de 2021, por haber autorizado el expediente de gasto del contrato de mascarillas. Los investigadores consideran que habría podido recibir fondos de los contratos supuestamente amañados. Se le investiga por presuntos delitos de cohecho, participación en trama de corrupción y malversación indirecta. El primer ‘caso mascarillas’ que estalló en EspañaEl caso mascarillas de la Diputación es el primero que estalló en España y el que arrastra una instrucción más larga motivada por el cambio de instructores -el caso empezó siendo investigado por una jueza de Barcelona- y por el entramado empresarial sobre el que se extiende. Además de esta causa, el juez instructor ha pedido que se abra otra pieza paralela relacionada con el viaje a Madrid del expresidente del al Diputación y su jefa de gabinete con cargo a fondos de la Federación Española de Municipios y Provincias, para eventos organizados por la entidad a los que nunca acudieron. En la causa por la que ha sido llamado a declarar, a García se le apunta como uno de los “destinatarios de un flujo de dinero en efectivo”, relacionado con el supuesto sobrecoste del contrato de mascarillas y de otros licitados por la Diputación de Almería. Los investigadores también le atribuyen “varias operativas que le habrían permitido integrar en el circuito financiero”, el dinero procedente de esas mordidas, con ayuda de sus hermanos -también investigados-, a través de una comunidad de bienes y consideran sospechosos os pagos en efectivo de cuotas hipotecarias o la adquisición de un inmueble sin que se hayan localizado movimientos bancarios que justifiquen el abono del importe total.Su detención el pasado mes de noviembre, puso en marcha la segunda fase de la investigación del caso mascarillas y, pese a que la instrucción llevaba abierta cuatro años, aparentemente pilló por sorpresa a la cúpula del PP andaluz, que en este tiempo había decidido mantener en su cargo a Giménez, pese a estar imputado, o al alcalde de Fines -también investigado desde junio de 2021-. La imputación de García por presunta corrupción señalaba también al PP almeriense, el principal feudo de los populares en la comunidad. Su líder regional, Juan Manuel Moreno, justificó la tardanza en actuar en que cuando se inició el caso “por la información de los procedimientos judiciales que se abrieron, no había causa”. La crisis se saldó con el cese de García de todos los cargos y su sustitución en la dirección por el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco.Los populares no se muestran preocupados por que la deriva de la instrucción confirme una trama de contrataciones irregulares desde la Diputación que se remontarían a la época en la que la presidía el todopoderoso alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat -que se jacta de haber sorteado cientos de causas judiciales sobre corrupción-, padrino político y mentor de Javier Aureliano García. “Se actuó rápido”, inciden fuentes de la dirección del PP almeriense. El hecho de que en las pasadas elecciones autonómicas, apenas hayan bajado 10.000 votos, les refrenda, sostienen, en que el caso mascarillas no les ha pasado factura.